En las afueras de clínicas y hospitales de distintas ciudades colombianas los trabajadores de la salud realizan, de forma paralela a sus actividades, plantones para exigir se mejoren sus condiciones laborales y se les suministren los elementos de protección personal que requieren con urgencia para la atención de pacientes enfermos por el virus SARS-CoV-2.
“No contamos con estabilidad laboral, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos un salario digno y como especialistas queremos que la Ley 100 sea derogada por lo que exigimos al gobierno mesas de diálogo y de trabajo para estudiar y analizar la crisis laboral del sector de la salud”, indicó Francy Rojas, fonoaudióloga especializada.
“Queremos denunciar que los elementos de protección solo los dieron el primer mes y posteriormente la mayor parte de los tecnólogos les ha tocado comprar sus propios elementos de protección personal”, subrayó.
En la mayoría de los hospitales e IPS los trabajadores son contratados por terceros y entidades que no tienen relación con los hospitales, y por este motivo les quedan debiendo salarios.
Estas protestas pacíficas reúnen en diferentes turnos a enfermeras, médicos, auxiliares, especialistas y demás profesionales que esperan que sus peticiones sean escuchadas algún día.
Con sus uniformes y batas blancas salen cada jueves con pancartas a los parqueaderos y las entradas de las instituciones médicas para llamar la atención de la ciudadanía, esperando que estos temas, por los que han estado reclamando desde el inicio de la pandemia, se resuelvan.
En Colombia las cifras de muertes y contagios siguen aumentando diariamente.
La doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC) señaló:
“La preocupación es muy grande porque ya tenemos 175 muertes en un día y el aumento de los contagios es exponencial. Eso también lo atribuimos a la equivocada decisión del día sin IVA” (el pasado 19 de junio).
Allí se juntaron varios factores: la avaricia de la burguesía comercial, la ignorancia de una parte de la población que acudió a los almacenes de cadena para comprar principalmente electrodomésticos, y el beneficio para la burguesía financiera, debido a que los pagos tenían que hacerse con tarjeta de crédito.
La «gran» prensa presentó la jornada como «un éxito en la apertura de las actividades económicas» puesto que las ventas superaron los 5 billones de pesos.»
La Dra. Carolina agregó:
“No es cierto que nosotros estemos haciendo suficientes pruebas, se debe hacer pruebas en las personas que no presentan síntomas. Esto debería ser un testeo masivo. Colombia es de los países más atrasados en la toma de pruebas. Además, expertos dicen que en el país puede haber un subregistro”
“Bogotá es la única ciudad que está haciendo esa tarea, no podemos hablar de cercos epidemiológicos si no se hacen suficientes toma de pruebas. En Colombia todavía hay gente que no cree en el virus, creen que es invento”.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó el 23 de junio un informe sobre los recursos destinados para atender a las víctimas de la pandemia.
El informe corrobora la insuficiencia y el carácter minimalista y miserabilista de las políticas públicas para atender a la población víctima de la pandemia, y señala que falta información veraz y oportuna sobre el origen y destinación de los recursos públicos para atender a los sectores sociales más afectados por la Covid-19, al tiempo que agrega que no hay un plan concreto de gasto, precisó Pedro Santana, Director de la Revista Sur.
El informe señala que hay serias dudas sobre las afirmaciones de Iván Duque, quien en diferentes intervenciones ha señalado que el gobierno ha destinado el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), para atender la pandemia.
Advierte que hay serios indicios de un gasto mucho menor del anunciado y que, de hecho, no hay cifras detalladas que sean de conocimiento público.
“Hay una gran diferencia entre los recursos que el gobierno dice en declaraciones públicas haber destinado a la crisis y los que pueden verificarse”
“Es altamente preocupante e incumple con el espíritu de la Ley de Transparencia (1712 de 2014)”.
“La única fuente para conocer los planes del gobierno son declaraciones casuales de funcionarios, en las cuales el gasto se desglosa a grandes rasgos y de manera cambiante, sin que el desglose sea legalmente vinculante, sino por billones o decenas de billones de pesos” lo cual describe como “potencialmente ilegal”.
El informe también señala que las cifras que muestra el gobierno como destinado a la atención de la pandemia, en realidad son recursos destinados a garantizar créditos para respaldar a los bancos por el impago de deudores que no cumplan, sin que se puedan catalogar como recursos gastados en atención a la emergencia.
Y agrega que en realidad los gastos directamente relacionados son los que están centralizados y son manejados e invertidos por el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, que asciende al 2,4% del PIB.
Con la información genérica suministrada es claro que la mayor parte de los recursos, más del 70% se han destinado a la banca privada, para garantizar «liquidez» el Banco de la República entregó al sistema financiero 23 billones de pesos y para brindar garantías de crédito a las empresas que soliciten créditos a la banca destinó la suma de 60,2 billones, de un total reportado de 117,17 billones.
Entre tanto, la iniciativa parlamentaria para aprobar una Renta Básica de emergencia, destinada a dotar con un salario mínimo mensual durante tres meses a 9 millones de familias, que cubriría aproximadamente a unas 30 millones de personas, se hundió en la Comisión tercera del Senado por “falta de tiempo para su aprobación” gracias a la soterrada oposición del régimen Duque/Uribe, que usurpa la presidencia de la República gracias a la compra de votos con dineros del narcotráfico.
Duque no da muestras de modificar el minimalismo que lo ha caracterizado en sus políticas para atender a las víctimas de la pandemia. En esa línea ha señalado que el auxilio para cubrir con un equivalente al 40% de un salario mínimo para pagar las nóminas de las empresas se extenderá por un mes más, es decir, cubrirá cuatro meses y anunció que el llamado “ingreso solidario”, una suma ridícula de $160 mil pesos mensuales, unos 40 dólares, se extenderá hasta el mes de diciembre del presente año, con un agravante: no se ha pagado mensualmente y apenas ha llegado según sus propios informes a unos 2,6 millones de hogares cuando la meta era cubrir tres millones de hogares.
Estas políticas son insuficientes en el monto de los recursos y no cubren a la totalidad de la población que los requiere.
El Comité Nacional de Paro presentó un Pliego de peticiones de emergencia con 6 puntos, que recogen las necesidades básicas y urgentes que se requieren para aliviar la grave situación de miseria en que se está hundiendo el Pueblo colombiano, el cual, como era de esperarse, no ha recibido hasta ahora ninguna atención, ni respuesta positiva del ilegal régimen Duque/Uribe.
Como recientemente señaló el Senador Gustavo Petro, la ley 100, que transformó la salud en una mercancía, y sus actuales defensores en el gobierno, son los verdaderos responsables de la muerte de trabajadores de la Salud por Covid-19, por falta de elementos de bioseguridad, que se suman al genocidio de líderes sociales, indígenas y excombatientes de la Farc-ep.
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