Los siete militares que la semana pasada violaron a una niña indígena hacían parte de un pelotón también llamado Buitre. No fueron llevados a una cárcel regular, están en una guarnición militar.
Miembros del Ejército Nacional apoyaron con recursos públicos la defensa del subteniente asesino Raúl Muñoz, que violó a dos niñas y mató a una de ellas junto con sus dos hermanitos en Arauca. El espíritu de cuerpo prevaleció largo tiempo sobre el sentido de humanidad y justicia. Al final, el asesino fue condenado a 60 años de prisión, pero el proceso recorrió un camino de obstáculos que buscaban favorecer al criminal.
*En octubre del año 2010, el subteniente Muñoz era el comandante de la patrulla Buitres de la Brigada Móvil n°5, destacado en una vereda de Tame, Arauca. Prevalido de su rango y de sus armas violó a una niña de 14 años. Aunque había varios indicios contra él, nada le pasó. Unos días después violó a otra niña de 14 años, la mató a machetazos y también a sus hermanitos de 9 y 6 años.
El asesino cavó dos fosas superficiales para ocultar los cadáveres de los niños. Siempre negó el triple asesinato, aunque en los cuerpos y prendas de las víctimas encontraron señales de su ADN.
El espantoso crimen de ninguna manera se podía considerar un “acto del servicio”. Sin embargo la Defensoría Militar, Demil, asumió la defensa del subteniente Muñoz.
Demil es una entidad privada, pero de su junta directiva hacían parte en ese momento el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales.
La columnista Laura Gil, demostró además que Demil usaba instalaciones militares (es decir edificios públicos pagados con plata de los contribuyentes) para alojar sus oficinas.
La defensa de los militares es la razón de existir de esta corporación privada, sin embargo los formularios de afiliación establecen que los “delitos sexuales” están excluidos de los beneficios. A pesar de esto, la defensa del subteniente Muñoz fue asumida por Demil.
Como si fuera poco, a la vereda araucana que fue escenario del crimen llegó unos meses después un helicóptero militar con cuatro civiles acompañados por un grupo de uniformados fuertemente armados.
Interrogaron y grabaron videos de los habitantes sin pedir permiso. Se identificaron como miembros de “la defensoría”. El defensor del pueblo de aquellos días, Volmar Pérez, aclaró que no eran funcionarios de su despacho y pidió explicaciones al Ejército.
Entonces el general Jaime Reyes Bretón, comandante de la Brigada 18 del Ejército, aclaró que le había prestado el servicio de seguridad a “una comisión de la defensoría penal militar” de la que hacían parte “la defensa y los investigadores criminalísticos” que trabajaban para la causa del subteniente Muñoz.
Gracias a una de estas columnas, hubo algo de atención pública y se anunció una investigación por el uso indebido de la aeronave. Nueve años después no se conocen los resultados de la anunciada pesquisa.
La dilación fue la estrategia de defensa de Demil en el caso del subteniente Muñoz. Tuvo cuatro defensores distintos al comienzo del proceso. Cada vez que había cambio de abogado, pedían tiempo para que el nuevo estudiará el caso.
Una de esas abogadas, llamada Paola Milena Pinzón Padilla, cuya dirección registrada en el expediente era la misma del Batallón de Ingenieros 18 de Tame, renunció al poder en plena audiencia preparatoria de juicio.
La reemplazó Patricia Lucía Díaz, quien lo primero que hizo fue pedir que se declarara el vencimiento de términos y que el asesino fuera puesto en libertad. Segundos después de pedir el recurso, renunció también.
La juez de Saravena que llevaba el caso, rechazó la petición y pidió que se examinará el papel de la Demil y las maniobras de sus abogadas. De su solicitud solo quedó el audio.
Y digo quedó el audio, porque la juez fue acribillada en Saravena pocas semanas después de ese pronunciamiento.
Por ese asesinato fueron condenados sin pruebas tres guerrilleros del ELN. Un alto oficial aseguró que los guerrilleros mataron a la juez solo para tratar de inculpar al Ejército. El entonces presidente Juan Manuel Santos declaró que eso dejaba claro que no había responsabilidad de las Fuerzas Militares en ese hecho.
Después del asesinato de la juez en Saravena, el caso de Muñoz fue trasladado a Bogotá y la Demil decidió no continuar con su defensa. Se hizo cargo un polémico abogado y profesor de la Universidad Militar llamado Sergio Rodríguez Alzate. Se esforzó, pero no pudo evitar la condena del oficial.
La Corte Suprema de Justicia confirmó en casación la responsabilidad del violador y asesino subteniente Raúl Muñoz.
Los siete militares que la semana pasada violaron a una niña indígena hacían parte de un pelotón también llamado Buitre. No fueron llevados a una cárcel regular, están en una guarnición militar.
Adendum:
*El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, denunció la violación de otra niña, que el ejército y la fiscalía mantenían oculta.
Una menor de 15 años de la tribu nómada nukak makú fue violada durante seis días, en septiembre de 2019, por dos militares del Batallón de Infantería Joaquín París, que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer en una habitación de esa guarnición militar, con sede en San José del Guaviare.
La denuncia se conoce cuando todavía está fresco el escándalo por el secuestro y violación de otra niña indígena de 12 años, del Pueblo Embera-chamí, perpetrado por una manada de siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el caserío de Santa Cecilia (Risaralda).
La niña logró escapar y luego apareció desnuda, el 12 de septiembre de 2019, por lo que fue auxiliada por autoridades de la zona.
La denuncia se sustenta en documentos y siete informes de diferentes instituciones en los que se da cuenta del secuestro y violación de la menor.
Ávila señala que el Ejército tuvo conocimiento del caso y que las autoridades habían actuado oportunamente, pero luego la denuncia no avanzó por negligencia de la Fiscalía.
Uno de los documentos revelados en la investigación indica que el Ejército dijo en ese entonces que «una vez se tuvo conocimiento» de lo sucedido, «el Batallón de Infantería No.19 Joaquín París inició de inmediato la indagación disciplinaria No.26 de 2019, la cual fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare».
Es decir, la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo y el Ejército tenían conocimiento de los hechos y todas las entidades hicieron informes de la situación pero “curiosamente”… no se avanzó en la investigación ni el castigo a los violadores.
La nueva denuncia ocurre en momentos en que la conducta criminal de miembros del Ejército es cuestionada por denuncias de asesinato de líderes sociales, espionaje y corrupción.
En el caso de la niña embera-chamí, la Fiscalía abrió una “investigación” y formuló cargos por el delito de acto sexual abusivo, criticado por penalistas que consideran que se les ha debido imputar el de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, y además “olvidaron” el delito de secuestro.
Se han realizado numerosas manifestaciones en los últimos días frente a unidades militares en Bogotá, Cali y Pereira exigiendo justicia al régimen que gracias a la complicidad de la fiscalía, ocupa ilegalmente la presidencia por la compra de votos con dinero del narcotráfico.
Los hechos demuestran una vez más que el ejército colombiano actúa con «espíritu de cuerpo» para proteger a los violadores.
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