El Estado colombiano, servil a los intereses económicos y políticos de los imperios, de acumulación de capital, y para la agresión a otros pueblos de la región, ha venido implementando una estrategia criminal de violencia contra el pueblo, la cual cuenta con ejes como la implantación del paramilitarismo, la corrupción político administrativa, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, la militarización de la vida cotidiana, las masacres, entre otros encaminados a acallar cualquier voz y acción popular que sienta torpedee esos fines.
En este sentido, nuestros territorios vienen sufriendo las consecuencias de la alta militarización y paramilitarización. El pie de fuerza en Colombia viene en crecimiento, actualmente cuenta con 446.000 integrantes, y un presupuesto de 33.4 billones de pesos, 3.2 billones más que en 2017, según informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, destinados supuestamente para la defensa “de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos”, y en esta
vía, hacia el fortalecimiento de los integrantes de la Fuerza Pública para enfrentar las “nuevas amenazas” y continuar la supuesta lucha contrainsurgente.
Sin embargo, estos recursos del erario, que deberían ser invertidos en garantizar derechos fundamentales de la población, claramente precarizados en el país, como la salud y educación, irán a fortalecer una institución que lejos de estar al servicio de los intereses de las mayorías, se han convertido en una fuerza mercenaria al servicio del capital nacional y transnacional.
Basta con recordar lo que ha significado la militarización legal en los territorios, en dos casos puntuales, al menos 5.700 hombres y mujeres ejecutadas extrajudicialmente en el país y 5.000 judicializados basados en informes de “inteligencia” militar en la región, sin contar las acciones de guerra sucia estatal a través de las estructuras paramilitares que son responsables del 60% de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Colombia en el marco del conflicto armado, y que en nuestro territorio actuaron con total auspicio de la Fuerza Pública.
La cuestión es que este tipo de acciones no son cosas del pasado y muestran la real dirección de las acciones de las fuerzas del Estado. Según el informe del CINEP “Violaciones de derechos humanos: una realidad que Colombia” durante el 2017 da cuenta de las ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, que fueron 138; las 42 víctimas de tortura por agentes directos o indirectos del Estado; las 86 detenciones y judicializaciones arbitrarias y las 677 víctimas de amenazas.
El actual Gobierno continuó implementando programas de cooperación cívico-militar, esta vez con el nombre de Redes de Cooperación Ciudadana, con las que, aprovechándose de la situación económica de la población, los involucran de manera directa en el conflicto armado, al ponerlos a desarrollar acciones de espionaje o inteligencia para las fuerzas estatales a cambio de una remuneración económica, en una clara infracción a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario. Este tipo de programas fueron implementados en el mandato de Uribe Vélez, y fue uno de los detonantes en el aumento de las judicializaciones masivas y selectivas, y de ejecuciones extrajudiciales contra dirigentes sociales y pobladores en general.
En contraposición, vemos como las acciones del conflicto armado aumentan, el accionar de las insurgencias, Ejército de Liberación Nacional ELN y de las FARC, continúan en los territorios representadas en hostigamientos y combates con las fuerzas estatales, acciones bélicas contra la infraestructura al servicio de las petroleras, paros armados, entre otras. Así mismo, a mayor presencia militar, mayor actividad de la delincuencia, en las cabeceras municipales y centros poblados, los robos, atracos, violaciones, extorsiones, se convierten en el pan de cada día para los pobladores.
El panorama antes descrito, nos lleva a concluir que las fuerzas estatales no están encaminadas a proteger a la población civil sino a resguardar intereses de la clase dominante en el país y el capital extranjero, en ese sentido se hacen todos los esfuerzos para ser incluidos en la OTAN desde donde, además, se participará en acciones directas contra la vida y soberanía de otros pueblos del mundo. En ese sentido, los recursos encaminados a su fortalecimiento se direccionan a estar a la altura requerida para invasiones territoriales como las que se pretende contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, en la que Colombia ha jugado un papel importante.
Nos corresponde a nosotros como pueblo organizado, estar a la expectativa para fortalecer nuestros mecanismos de acción en defensa de los derechos humanos, de denuncia oportuna y eficaz ante los hechos que se presenten en los territorios, de fortalecer nuestros instrumentos de regulación y convivencia comunitaria como son las normas de convivencia comunales y la Guardia Interétnica Campesina y Popular a fin de desarrollar ejercicios reales de autonomía y soberanía.
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
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