El gobierno de Iván Duque repite el libreto de la más rancia oligarquía colombiana: sometimiento a los designios del imperialismo, garrote y miseria para el pueblo; en esta ocasión en medio de una estrategia de violencia generalizada y guerras en el mundo.
Este gobierno representa únicamente los intereses económicos de los grandes gremios y las multinacionales, y para ello hace uso de las fuerzas militares, pretendiendo avanzar en la profundización del modelo neoliberal y la potenciación de la economía extractiva. La política contrainsurgente que ha desangrado el país se articula al control del territorio dejando un paisaje de despojo y muerte.
En estos 10 meses de desgobierno se han elevado los índices de pobreza, de criminalidad, de prácticas terroristas de Estado, el aumento de los conflictos territoriales producto de la profundización de la guerra; ante este panorama, el movimiento social popular ha respondido con la movilización, la defensa de la vida y sus territorios.
Pasamos por una crisis que mantiene un crecimiento constante de índices desfavorables como el de desempleo que está sobre el 12.8% y la informalidad por encima del 60%; esta situación se acentúa en las ciudades donde la marginalidad y miseria son más evidentes. La violencia social es cada vez más fuerte con altos índices de feminicidios y muerte de nuestros jóvenes. La criminalización de la protesta social y las judicializaciones de líderes y lideresas son estrategias adelantadas por parte del Gobierno nacional y la Fiscalía para neutralizar el trabajo social y político en defensa de los derechos humanos y los territorios. La cifra de asesinatos de líderes y lideresas sociales es aberrante. Desde las firmas de los acuerdos de La Habana, se registran más de 700 asesinatos, 135 de ellos de militantes del partido FARC, acentuándose la sistematicidad y la evidencia de que quienes hoy gobiernan son quienes se benefician de esta masacre; en este gobierno donde las cifras de asesinatos van en 236 líderes asesinados (indígenas, campesinos, afrocolombianos, comunales, ambientalistas), dejan claro una política de gobierno para desconocer los acuerdos firmados con la insurgencia y el movimiento popular, con el propósito de sabotear el cumplimiento de los mecanismos pactados, datos que se muestran de manera precisa en el informe del pasado 23 de mayo de este año el cual es presentado por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular en articulación con el Movimiento político y social Marcha Patriótica e Indepaz.
En los últimos días se ha agitado la política nacional: los hechos de corrupción del ex fiscal Néstor Humberto Martínez que pretendió ocultar con el fallo de la JEP y sus actuaciones ilegales e ilícitas en el caso de Santrich, sus múltiples delitos, deja en evidencia que tenemos gobiernos sin soberanía, que permiten que los EEUU siga violando nuestra autodeterminación para cumplir el triste papel de administrar el patio trasero de los intereses del imperialismo. El artículo presentado por New York Times donde se demuestra el plan criminal de las FFMM sustentado en la política de seguridad y defensa nacional, que retoma la macabra política del gobierno de Uribe de promover los incentivos por bajas, dando lugar a ejecuciones extrajudiciales y la violación de todos los derechos de los pueblos, demuestra que el terror por parte del Estado, como visión y estrategia, nunca se ha ido.
También fue aprobado el PND que va a profundizar el modelo extractivo y el despojo; un plan sustentado en la renta minero-energética que justificará en el corto plazo nuevas reformas tributarias y una ola de enajenaciones o privatizaciones de empresas como ECOPETROL, CENIT e ISA. Vienen una serie de reformas entre ellas un proyecto que pretende criminalizar la protesta social y en estos días se plantea el proyecto legislativo 003 que reforma le ley 160 y que pretende legalizar la apropiación de los baldíos, las tierras robadas por los empresarios y multinacionales bajo el actuar paramilitar, y desconoce el sujeto campesino. Es un retroceso a un elemento central de los acuerdos de paz y pilar del conflicto social y armado: la concentración de tierras.
Y como si fuera poco, en medio de este contexto, avanza rápidamente, promovido por el gobierno del centro democrático, la idea de volver a instaurar un FRENTE NACIONAL, léase, un pacto de la oligarquía para hacer trizas no solamente la paz, sino la endeble “democracia” que aún nos queda. Esta jugada nos acercaría a un estado de cosas donde la represión dictatorial tomaría estatus de legalidad.
Ante este panorama, el movimiento social popular, las fuerzas democráticas y el pueblo organizado debemos incrementar la movilización y el debate político. Nuestras formas van en varios caminos y deben ser potenciados desde la UNIDAD, en aras de fortalecer un bloque popular y democrático que detenga el avance del proyecto de los oligarcas y el imperio. Debemos fortalecer la movilización social y la construcción de ejercicios y dinámicas de poder popular que construyan nuestras visiones de gobierno propio. Como parte de ese desarrollo y en respuesta a la guerra que el gobierno ha declarado a las organizaciones sociales y al pueblo, es preciso fortalecer y promover el desarrollo de las guardias campesinas, cimarronas, indígenas y populares, como referentes de la protección de la vida, los territorios y nuestra visión de país para la vida digna. Pero especialmente, es el momento de actuar como movimiento político unitario, en los campos y ciudades, levantando las banderas de la paz, la democracia y la vida digna; contra la dictadura oligárquica e imperialista.
El Congreso de los Pueblos, hace un llamado a que nos encontremos en la construcción de propuesta de país para la vida digna en las calles y carreteras.
Mandato, mandato popular
Congreso de los pueblos forjando la unidad
Marylen Serna
Edgar Mojica
Eduardo León
Ernesto Alexander Roa
Jimmy Alexander Moreno
Adelso José Gallo
Equipo de conducción política
Congreso de los Pueblos
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