Estas amenazas se dan luego de las jornadas de movilización nacional que protagonizó el movimiento estudiantil. Los nombres que se mencionan corresponden a personas que participaron activamente del Paro Nacional de las instituciones de educación superior -IES- en el que el estudiantado exigió al gobierno nacional un mayor presupuesto para las mismas.
Esta coyuntura se caracterizó por masivas movilizaciones a lo largo de todo el territorio nacional en las que la respuesta por parte del gobierno fue represión y estigmatización. El Paro se levantó después de que en la mesa de negociación se llegaran a unos acuerdos el 14 de diciembre de 2018.
La circulación de estos panfletos alarmó a la comunidad universitaria, puesto que además se anuncia una limpieza social al interior del campus y declaran como objetivo militar a los estudiantes si se matriculan para el próximo semestre.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad sacó un comunicado en donde expuso la necesidad de que la Universidad sea un espacio de controversia y no de confrontación o amenazas violentas. Además, hacen un llamado al respeto de la autonomía universitaria y a rechazar todo tipo de violencias.
Antecedentes
En enero de este año Luis Pérez, gobernador de Antioquia, sin tener algún motivo aparente pidió analizar la presencia de células del ELN al interior de la Universidad de Antioquia. A los pocos días se colgaron unos carteles a las afueras de la institución firmados por el grupo paramilitar Brigada Nacional 18, en el que se leía: “Muerte al comunista, no más guerrilleros en la UdeA”.
Asimismo, el contexto actual de país ha sido marcado por los asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas sociales, pues desde el 2016, año en el que se firmó el Acuerdo de Paz, se han registrado más de 300 asesinatos.
Durante el gobierno de Iván Duque también se ha evidenciado la reconfiguración de los grupos para militares en distintos lugares del país, así como la distribución de panfletos amenazantes a organizaciones sociales y dirigentes. En este sentido, el caso de los estudiantes de la UdeA ha sido similar al de los indígenas del pueblo Awá, de Nariño y del Cauca, ambientalistas en el Tolima y organizaciones sociales en Centroriente y en el Bajo Cauca antioqueño.
Frente a este hecho, diferentes organizaciones han exigido al gobierno y al rector de la Universidad de Antioquia protección y garantías para la seguridad e integridad de los estudiantes amenazados. Asimismo, se pide a los organismos internacionales hacer un seguimiento a la complicada situación de seguridad que atraviesan las comunidades, organizaciones y líderes sociales en Colombia.
