‘Pacto por Colombia, Pacto por la equidad’ es el nombre del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, presentado por Iván Duque y aprobado por el Congreso de la República. Este plan de desarrollo responde a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas; al mismo tiempo que desmonta derechos sociales y profundiza el modelo de desarrollo centrado en el extractivismo.
El PND de Duque contempla diversas reformas en campos transcendentales de la economía como el código minero, el sistema de salud, los servicios públicos, la descentralización del Estado y el ambiente. Igualmente propone reformas al modelo de infraestructura, transporte, sistema de pensiones y regalías, entre otros.
Menos derechos, mayor desigualdad
Duque coloca el énfasis en la consolidación militarista y agroindustrial del país, por lo que el PND no incluye el presupuesto necesario para la implementación de los Acuerdos de Paz, atacando frontalmente la vía de la solución política del conflicto.
Por otro lado, los Artículos 181 y 182 del PND le confieren al Gobierno en cabeza de Iván Duque facultades extraordinarias para la creación y la reasignación de entidades gubernamentales, por ejemplo podría crear entidades de la Rama Ejecutiva, cambiar la adscripción de entes descentralizados, reasignar funciones y competencias, y hacer ajustes presupuestales para darle recursos a entidades fusionadas o reestructuradas.
Otro punto crítico en el PND es que reviviría la propuesta de reducir el subsidio de gas y energía a los estratos uno, dos y tres, iniciativa que fue removida de la aprobada Reforma Tributaria, por ser nefasta las clases populares que tienen un menor poder adquisitivo.
Precariedad laboral y extractivismo
El PND tiene como uno de sus postulados el “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad”, para lo cual transfiere las cargas socio-estatales al individuo y confiere la explotación laboral a una mediación simbólica, donde las estructuras económicas de conjunto se fortalecen por generar una mayor acumulación de capital.
El Artículo 101 destina recursos públicos que pertenecen a Ciencia, Tecnología e Innovación hacia entes privados por medio de las líneas de crédito. Esto conllevaría la mercantilización de la educación y agrava la desfinanciación y deterioro que hoy sufren las de las universidades y entidades públicas de educación del país.
El Artículo 106 pretende la deducción anual de hasta el 50 por ciento de la renta líquida de su renta por los 15 años siguientes al año gravable en que haya entrado en operación la inversión en la generación de energía con fuentes no convencionales.
Este Artículo también le da beneficios tributarios a sectores que exploten energías como las producidas por biomasa, hidroeléctricas e hidrotérmicas. En suma, empresas como Hidroituango y la Represa del Quimbo se verían beneficiadas.
Regalar Bienes Comunes
El primer pacto estructural denominado “Pacto por la legalidad” contempla la estructuración de una legalidad a favor del gran capital, favoreciendo la inversión extranjera a través de la limitación de los derechos del pueblo colombiano.
En el Artículo 6 extiende una exención de dos años para solicitar el debido contrato y licencia, a todas aquellas empresas que sin autorización alguna y pasando por encima de la legislación pertinente hayan realizado actividades de investigación que tengan como interés la exploración, extracción y selección de la diversidad biológica y ancestral.
El Artículo 18 reduce a máximo 30 días la expedición de la licencia ambiental en casos de formalización minera, tras radicado el estudio de impacto ambiental que puede ser contratado por la empresa; es decir las multinacionales se vuelven juez y parte.
El Artículo 21 contempla la prorroga de los contratos de concesión minera hasta por treinta años, esto conlleva la entrega del territorio de miles de comunidades alrededor del país, con todas las consecuencias ambientales y sociales que esto significa.
Los Artículos 27 y 28 transfieren las funciones de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) a los ministerios y departamentos administrativos, acabando con los pesos y contrapesos en la aprobación y priorización de los proyectos de inversión financiados por los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
El Artículo 35 transfiere el papel de asignación y evaluación de los presupuestos de inversión del Departamento Nacional de Planeación (DNP) hacia el Ministerio de Hacienda, ente altamente controvertido por sus políticas a favor del gran capital.
Prebendas y regalías para los poderosos
El Artículo 43 faculta al Poder Ejecutivo representado en el Ministerio de Hacienda para enajenar las participaciones accionarias de las entidades estatales que no superen el 49 por ciento del total accionario de la empresa y/o entidad. Un cambio con referencia al Artículo 162 de la Ley 1753 que contemplaba la enajenación solo para la participación de hasta el 10 por ciento.
El Artículo 53 faculta a la nación para reconocer como deuda pública las obligaciones de pagos originados en sentencias o conciliaciones judiciales y los intereses derivados de las mismas que se encuentren en mora a la fecha de la expedición de la ley; es decir, la revictimización del pueblo colombiano, quien ahora debe reparar crímenes de Estado.
El Artículo 78 aumenta las concesiones portuarias de 20 a 80 años sobre nuevos emplazamientos de puertos extractivos en aguas profundas. Con esto el Gobierno entrega la soberanía y la economía marítima colombiana.
Recrudecen la desigualdad
El Gobierno pretende legitimar las políticas que impulsan la desigualdad, a través de permitir la transferencia de diferentes cargas económicas de las necesidades básicas, las cuales deben ser proveídas por el Estado y no cargadas a la sociedad.
El Artículo 109 sobre el “Fondo de Financiamiento de la Infraestructura”, contempla la participación de empresarios privados por medio de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OI) al sector público educativo. Estos proyectos de financiación APP y las OI fortifican la privatización de la educación, no necesariamente de forma sino de fondo por medio de la influencia en la planeación, la construcción y el direccionamiento de los proyectos educativos.
Continuando con el enfoque de mercantilización de la educación, los Artículos 110 y 111 contemplan la continuidad del Crédito Educativo y Becas en el Exterior (ICETEX), sobre la base del fortalecimiento de los créditos a la demanda que en su mayoría están dirigidos a las universidades privadas, absorbiendo a su vez recursos públicos que deben ser destinados al fortalecimiento de la educación pública.
El Artículo 126 establece la focalización a los subsidios estatales, práctica altamente excluyente que tiene el interés político de mantener grandes márgenes de votantes por medio de estos subsidios.
El Artículo 140 plantea el aumento del 15 por ciento sobre la base mínima de cotización para trabajadores independientes que perciban más de un salario mínimo legal vigente -que era del 40 por ciento-, y sería del 55 por ciento con la emisión de la Ley. Este Artículo lesiona a los trabajadores independientes aumentando la base de cotización, ocasionando un deterioro de la calidad de vida de millones de trabajadores.
La defensa está en la lucha social
El nuevo PND constituye la puesta en marcha de las tesis económicas y de seguridad del expresidente Uribe, lo cual se traduce en beneficios para los monopolios económicos y la multinacionales, a su vez que represión y ‘mano dura’ contra los ciudadanos que traten de defender los recursos naturales, políticos y económicos de los colombianos.
Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Duque y ratificadas en el nuevo PND, profundizan la situación de crisis del país, dado que consolida un Estado encargado de la represión que abandona sus deberes con los ciudadanos.
Es momento de dejar a un lado los odios y la polarización en torno a ideologías y partidos, es necesario que las mayorías nacionales nos unifiquemos en torno a dos banderas principales, defensa de la paz y la solución política del conflicto, y la defensa de los Bienes Comunes.
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