El representante a la Cámara de la FARC, Benedicto González, radicó en la tarde del martes un derecho de petición ante el Ministerio del Interior en el que pide explicaciones a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sobre los programas, estrategias y herramientas que se han implementado para proteger la vida de los líderes sociales en el país.
“Esta masacre no puede continuar y el Estado debe garantizar la vida de todos y todas. Es su obligación”, escribió el representante en su cuenta de Twitter.
En ese mismo sentido, se refirió específicamente a solicitar información sobre el avance del decreto 660 de 2018, expedido por el Gobierno Nacional, que reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
“Es preocupante que desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha vayan 85 excombatientes asesinados (…) ¿Qué ocurre con las medidas de prevención temprana para los excombatientes?”, señala González en el documento radicado.
https://twitter.com/BenedictoFARC/status/1098009805137104901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1098009805137104901&ref_url=https%3A%2F%2Fkaosenlared.net%2Fcolombia-farc-exige-explicaciones-al-gobierno-por-asesinato-de-lideres-sociales-en-el-pais%2F
En la tarde del martes, varios congresistas de las bancadas alternativas se reunieron con la ministra del Interior para tratar sobre el tema de los asesinatos a líderes sociales, un asunto que desarrolla esa cartera, que, además, tiene a su cargo la ejecución del Plan de Acción Oportuna (PAO), estrategia del Gobierno Nacional para proteger la vida de los líderes sociales en el territorio.
Sobre el asesinato de líderes sociales, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reconoció a principios de enero que en estos crímenes había ciertos elementos que permitían concluir que había sistematicidad, es decir, que dejaba entrever un plan para acabar con la vida de estas personas y que sus muertes no obedecían a casos espontáneos o aislados.
Lo dicho por el fiscal fue en contravía de la tesis que ha manejado el Gobierno Nacional, que, hasta el momento, no ha reconocido la sistematicidad de los cientos de casos de asesinatos de líderes y lideresas sociales que han ocurrido en el país.
Los llamados para la protección de la vida de los líderes sociales también han llegado por aparte de la Defensoría del Pueblo, que ha pedido a las autoridades el atendimiento urgente de las alertas tempranas que se emiten. “Las alertas tempranas no son para controvertir ni para ser controvertidas”, dijo Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo.
En enero de este año, la Defensoría informó que en 2018 ocurrieron 172 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, las cifras pueden varias dependiendo de las entidades y organizaciones que las registran.
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