Colombia se dirige estos días, consistentemente, hacia una encrucijada que, más que política, es existencial.
La iniciativa presentada este martes por el gobierno nacional para reformar el sistema electoral, es una clara respuesta al intento del actual Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al presidente Gustavo Petro por su campaña de 2022 y abrir las puertas para su destitución.
Dicha reforma busca independizar al ente electoral de los partidos políticos, debido a que sus actuales magistrados forman parte de manera explícita de los mismos, y son la punta de lanza de lo que el presidente ha llamado el "golpe de las corbatas".
Colombia llega a una nueva encrucijada
El país neogranadino ha dirimido sus conflictos durante los últimos ochenta años de manera violenta. Desde el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948, Colombia vivió un baño de sangre interminable y una repartición abrupta de su territorio entre facciones que abandonaron la política para irse a la confrontación armada, un fenómeno que sobrevive hasta nuestros días.
Cientos de líderes del partido Unión Patriótica fueron asesinados, lo que radicalizó la guerra prolongada.
Cuando en los años ochenta una de esas facciones más poderosas que controlaba amplios territorios y poblaciones decidió girar su estrategia hacia la esfera político-electoral para superar el escenario bélico, cientos de líderes del partido Unión Patriótica fueron asesinados, lo que radicalizó la guerra prolongada.
En paralelo, las mayorías veían con descrédito al sistema electoral y la abstención se ubicó, históricamente, como la más alta de la región. El piso más elevado se presentó en la primera vuelta presidencial de 1994, cuando la inhibición del electorado llegó al 66 %.
El conflicto armado se afianzó durante los años del uribismo (2002-2010) y, si bien en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, se firmó un acuerdo entre las principales bandos (Gobierno y guerrilla), e importantes grupos armados se han desmovilizado, lo cierto es que la violencia territorial continúa. El gobierno izquierdista llegó en 2022 para intentar pasar la página y hacer prevalecer la esfera política sobre la violencia de origen socio-político.
Sin embargo, este proceso de pacificación del país, o lo que el presidente ha llamado la "paz total", está en suspenso.
El gobierno izquierdista llegó para hacer prevalecer la esfera política sobre la violencia de origen socio-político.
La iniciativa de magistrados del CNE de investigar la campaña de Petro es vista desde el oficialismo como el intento de derrocarle, por lo que el fin de semana pasado convocó a senda movilización en las que se ha elevado el grado de confrontación discursiva —a la espera de la inminente decisión del ente electoral que podría llevarse a cabo el próximo lunes—, denunciando la puesta en marcha de un golpe de Estado y un plan para asesinarlo.
El "golpe de las corbatas"
Según Petro, estamos hablando de un golpe de "corbata y escritorio", esto es, desde el campo institucional, donde el conservadurismo tiene ingente poder que va a tratar de movilizar para obstaculizar la gestión actual o incluso para interrumpirle de manera tan abrupta como suave, en tanto para lograrlo no requerirá de las Fuerzas Armadas sino de decisiones por parte de la institucionalidad vigente.
Tanto los seguidores de Petro como sus oponentes convocaron el fin de semana pasado importantes movilizaciones. El presidente calienta la calle para disuadir del uso de los mecanismos "legales" para desconocer la voluntad popular expresada en la cancha electoral.
La respuesta presidencial en el campo institucional procedió este martes por medio del ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien presentó ante el Congreso de la República una propuesta de reforma profunda del CNE que cambiaría el perfil partidista de los magistrados y la forma de elegirlos, quitando protagonismo al Congreso y cediéndolo a la rama judicial.
La avanzada uribista en el CNE sigue su curso, y el Consejo de Estado la ha avivado, ofreciéndole el beneplácito a la investigación en contra del presidente.
Esta iniciativa supone un contraataque institucional de Petro que puede suponer un elemento más de agitación a las huestes conservadoras que no quieren perder sus privilegios históricos.
En todo caso, la avanzada uribista en el CNE sigue su curso, y el Consejo de Estado la ha avivado, ofreciéndole el beneplácito a la investigación en contra del presidente, lo que éste considera un desafuero, puesto que dicho ente no tiene las atribuciones constitucionales y está haciendo un uso político impulsado por el establecimiento que niega la irrupción electoral de la izquierda política.
La presidenta del CNE, Maritza Martínez, pidió sesionar desde una guarnición militar desde donde se determinarían responsabilidades del presidente en su campaña, por lo cual ya se estaría, de facto, militarizando la decisión, esto es, extrayéndolo del plano político-institucional, a lo que Petro ha respondido: "qué miedo ante el pueblo, entonces tienen para tomar la decisión ilegítima que quiere tomar".
Así las cosas, en los próximos días hábiles se decidirá si Colombia da un paso hacia la vuelta a los escenarios de confrontación extra institucionales, o si se respeta la voluntad popular que otorgó mandato a Petro hasta el 2026, como se establece constitucionalmente.
