Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (2022-2026) se formaliza la Renta ciudadana en la política social del Estado colombiano.
La Renta ciudadana es lo más cercano a la Renta básica que funciona en otros estados como un derecho social fundamental que favorece a los grupos más vulnerables.
El articulo 66 de la Ley que contiene el Plan de desarrollo dispone que “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, créese el programa de renta ciudadana, el cual armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS-. La renta ciudadana, hará parte del Sistema de Transferencias y consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, priorizando a la población con discapacidad, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social y fortalecer la economía popular y comunitaria. Para la obtención del beneficio de que trata este programa, los beneficiarios podrán vincularse o estar vinculados a iniciativas de orden nacional o territorial de trabajo social y aporte a su comunidad”.
“El monto de la transferencia dependerá de la conformación del hogar y la zona en la que habite, y tendrá en cuenta el ciclo de vida. El componente condicionado estará asociado a dimensiones de salud, educación y corresponsabilidades en ocupación y empleo”.
“Los recursos para la ejecución de este programa deberán estar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
PARÁGRAFO PRIMERO. La focalización, montos, criterios de ingreso y permanencia serán puestos en consideración de la Mesa de Equidad o quien haga sus veces.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- contará hasta el 31 de diciembre de 2023 para definir, reglamentar, e implementar la armonización de los programas de transferencias monetarias existentes. Los beneficiarios de los programas actuales continuarán recibiendo los beneficios durante este proceso.
Los recursos para la ejecución de este programa deberán estar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo”.
El pago de este subsidio se inició el pasado 29 de abril con algunos pilotos en el Medio Baudó en el departamento del Chocó.
Las transferencias se harán a través del Banco agrario que presenta deficiencias tecnológicas y limitaciones en el recurso humano.
De acuerdo con la directora del DPS, señora Cielo Rusinque, el monto máximo de dicho desembolso llegará a los 536 mil pesos cuando los hogares beneficiarios estén en condiciones de desnutrición absoluta.
En la concepción de este instrumento se plantea como objetivo central la disminución de la pobreza extrema y de la pobreza monetaria en los próximos cuatro años.
La Renta ciudadana sustituye el programa de Familias en acción que existe desde finales de los años 90 e intenta tapar el hueco dejado por la terminación del Ingreso solidario (2022), establecido a raíz de la pandemia en el año 2020.
Importante aclarar que el nuevo instrumento no elimina transferencias como Jóvenes en Acción y Adulto Mayor que cubre Un Millón 800 mil personas.
El debate es si la nueva figura (RC) mejora las condiciones y la cobertura de los subsidios anteriores como Familias en Acción y el desaparecido Ingreso solidario.
Para asignar la Renta ciudadana se fijan criterios relacionados con pertenencia a grupos étnicos, ubicación en municipios Pdet y situaciones de desnutrición, utilizando el Sisbén IV que deberá depurarse dada la manipulación hecha en el pasado (y aun hoy) por el uribismo, de esta herramienta para favorecer las redes políticas del Centro Democrático, de militares y policías en retiro que recibían pagos dobles desde la Tesorería general de la Republica.
Sobre el monto de la RC cabe señalar que la misma tendrá un promedio de $ 200 mil pesos mensuales, por debajo del Ingreso solidario (250 mil pesos) y un poco mas alta que Familias en acción (180 mil pesos).
El DPS ha dicho que la cobertura de la RC alcanzará los 3 millones 300 mil hogares, dato que genera preocupación pues Ingreso solidario llegó a los 4 millones de hogares, quedando por fuera un elevado volumen de familias que seguramente van a caer nuevamente en condiciones de pobreza extrema en los próximos años.
Para transferir estos dineros se ha escogido al Banco agrario con presencia en casi 500 municipios, sin embargo, algunos están llamando la atención por el bajo nivel tecnológico de esta entidad y por las limitaciones de su recurso humano. Citan el caso del Banco Agrario de San José del Guaviare donde hay dos empleados y una sola ventanilla para atender cientos de hogares beneficiarios de la RC.
El Ministerio de Hacienda ha dicho que este compromiso social implica una erogación superior a los 7 billones de pesos por año. Se trata de una suma muy importante que demanda la participación de la auditoria para impedir procesos de corrupción y despojo de estos recursos.
Aca las Veedurias ciudadanas y los grupos de expertos en el tema tienen un papel muy importante que el DPS debería promover y proteger.
* Imagen: de la web oficial de Prosperidad Social.
