Este jueves el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se dirige al país en cadena nacional para explicar a profundidad los términos y el alcance de la fallida agresión sufrida la madrugada del 3 de mayo en las costas de Venezuela por parte de un grupo de mercenarios que pretendían sembrar muerte y zozobra en el país.
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Rodríguez comentó que un primer análisis que surge de las investigaciones es que pareciera un triangulo, por una parte la derecha extremista que ha actuado de forma criminal a lo largo de la incursión desde 2019, con Juan Guaidó, mediante elementos que están reñidos con las leyes.
En segundo lugar, el amparo y participación de la administración de Donald Trump y el Gobierno de Iván Duque en los hechos del 3 de mayo; y en tercer lugar el narcotráfico para la provisión de los elementos logísticos, vías de escape, transporte, zonas de entrenamiento, compra de armas y vehículos artillados para perpetrar los planes terroristas.
Participaron en la realización de este análisis, la primera combatiente, Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez , el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el abogado y escrtor venezolano Luis Britto García.
Para Britto García, primero in intervenir, dijo que el contrato que firmó Juan Guaidó con Silvercorp revela una complicidad total con un acto delictivo.
Manifestó que lo que supone ser un pacto mafioso, fue suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana y una empresa privada extranjera que actúa bajo apoyo y financiamiento de gobernantes imperiales. Aseguró que el objeto era la liquidación física de los venezolanos y el cobro de dólares. “Se habla directamente de eliminación del Gobierno y sus principales personajes”, alertó.
Aseveró que, por tratarse de un contrato delictivo, este documento es completamente ilegal, además de que en él se establecen pagos en dólares que no pueden aportar los opositores, sino que solamente podrían ser aportados con autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, país que además está implicado en dicho documento.
«El único objeto de ese contrato es la liquidación física del presidente Nicolás Maduro y de un cobro en dólares. Es un contrato írrito (…) es un contrato criminal y un pacto mafioso, es uno de los documentos más infames de la historia de Venezuela», sentenció el abogado venezolano.
Agregó: «Este contrato fue publicado por The Washinsgton Post, es decir, que la oposición no puede decir que fue inventado por el Gobierno».
Britto García resaltó que el documento, que incluyó la incursión marítima del 3 de mayo, era muy similar a la época de la colonización española. «Contratos minuciosamente redactados sobre cómo se iban a comportar y cómo iban a repartir el botín, estaban apoyados por los reyes de la época», recordó.
El contrato que firmó Juan Guaidó con la empresa estadounidense Silvercorp contemplaba asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a los integrantes de su tren Ejecutivo, así como a Diosdado Cabello y a funcionarios del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La primera fase del contrato tendría un costo de 50 millones de dólares. Tal como reveló Rodríguez en días pasados, el asesinato del presidente Maduro, de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; de Diosdado Cabello, y de los demás funcionarios del Gobierno de alto nivel costaría 212 millones 900 mil dólares. Esa parte del plan duraría más de 400 días, porque incluía la estancia de unas «fuerzas especiales» de Guaidó en el país.
Guaidó cancelaría al contratista un anticipo no reembolsable de 1.500.000 de dólares. «Se acuerda pagar mensualmente al contratista después de la culminación del proyecto un mínimo de $10.860.000,00, un promedio de $14.820.000,00 y un máximo de $16.456.000,00», dice el documento.
