Introducción.
La historia de Colombia ha oscilado entre la búsqueda de cambios, transformaciones y el
inmovilismo social, político económico, las prácticas restringidas para el pleno desarrollo
de la democracia, todo por un muro de contención establecido por poderes dominantes y
hegemónicos, que plantean una larga hegemonía, consistente en la concentración del poder
político y económico de unas élites dominantes, solo en unas regiones del territorio y
focalizadas en grandes urbes y ciertas actividades económicas. Ello ha conllevado al
aislamiento, inequidades sociales, marginalidad y a la eclosión de conflictos sociales
manifiestos en diferentes expresiones, que van desde el movimiento de protestas, la
insurrección o sedición contra la institucionalidad débil y deficitaria, hasta la conformación
de organizaciones delincuenciales, con diferentes fases de evolución desde lo local hasta el
plano internacional.
En la medida en que el mundo se desarrolla en diferentes planos como la tecnología, las
relaciones geopolíticas, las ciencias, especialmente las humanidades, se plantean nuevos
paradigmas de conocimiento, menos rígidos, más interdependientes y dialógicos, de
complejidad sistémica, heterodoxos y opuestos a los determinismos científicos del siglo
XX, sin desconocer que estos son las fuentes integrantes en itinerario del debate de las
actuales tendencias gnoseológicas.
Latinoamérica, como Colombia y demás naciones en vías de desarrollo, vienen
experimentando diferentes transformaciones, especialmente en su vida social y en la
búsqueda de reivindicaciones a través de los nuevos movimientos sociales con gran espíritu
decoloniales. Cuatro momentos de inflexión pueden avizorarse en la nueva forma de
pensar la sociedad y la política: el primero se refiere a la decadencia de órdenes
hegemónicos y reconfiguración de las tensiones internacionales. La guerra fría, el derrumbe
de la antigua Unión Soviética, las tensiones en medio oriente por la supremacía del
petróleo, la irrupción de China, como gran potencia económica, pues ya lo ha sido
militarmente y la reorganización del poder militar ruso, que plantea un nuevo espacio
geopolítico y estratégico. Esas tensiones riñen y emulan con la hegemonía de EE UU y la
Unión Europea, tanto en perspectivas comerciales como militares. Se plantea que el mundo
se orienta hacia la multipolaridad y la reivindicación de las soberanías, con menos
influencia del poder hegemónico imperante.
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El segundo aspecto se refiere al escenario del cambio climático y problemática del efecto
invernadero. La Cumbre de la Tierra en 1992, señaló las amenazas y debilidades que se
ciernen sobre la vida futura en todas sus manifestaciones, por ello, a través de diferentes
conferencias, foros y debates realizados posteriormente a la Cumbre de la Tierra, se han
suscrito acuerdos marco de políticas para la búsqueda de modelos de desarrollo sostenible,
sustitución de tecnologías por otras más limpias y amigables. Se reivindica cuan
importantes son las comunidades nativas y aborígenes en el desempeño de papeles
proactivos del cuidado en los entornos naturales.
El tercer aspecto a reflexionar tiene que ver con el modelo de desarrollo imperante en
países de la región y en vías de desarrollo, donde se evidencian profundas desigualdades,
altos niveles de concentración de la riqueza, notorias brechas de pobreza, índices de
desempleo e informalidad alarmantes y baja calidad en la prestación de servicios públicos,
de saneamiento, salud y educación en vastas regiones y periferias.
El modelo neoliberal impuesto desde los años 80, inspirado en las directrices del consenso
de Washington, asumidas a la sazón por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, centraban los fines de la economía y el desarrollo económico en las dinámicas de
la oferta y la demanda, como reguladores de los mercados, desestimaban el papel de la
intervención del estado en la economía y proponían un papel regulador y orientador del
desarrollo. Confería un papel central en el desarrollo de las economías al sector privado
empresarial tanto de carácter nacional como internacional como dinamizador de las
economías que debían internacionalizarse. Señalaba además el recetario neoliberal, que los
estados debían reducir sus funciones y su tamaño burocrático, a fin de cumplir unas
funciones o competencias esenciales como la seguridad y defensa militar geoestratégica,
fomentar la infraestructura y cumplir tareas de promover servicios públicos esenciales, pero
en combinación de concurso con el sector privado.
Bajo esa égida se emprendieron experimentos como el caso de Chile y Argentina,
curiosamente o tal vez de manera deliberada las autoridades económicas obraban en
connivencia y permisividad, permitiendo que, en escenarios de dictaduras y gobiernos
autoritarios, adversos al ejercicio pleno de la democracia, obraran conforme a los fines
ideados para desplegar la carrera del salvaje capitalismo.
Obviamente se produjo una gran dinámica comercial y financiera durante las décadas del
80 y 90 del pasado siglo, un notorio despliegue modernizador de infraestructuras, pero al
mismo tiempo se abría silenciosamente una brecha de exclusión, pobreza y marginalidad en
las periferias urbanas y rurales a donde no llegaba ni desarrollo socioeconómico ni
institucionalidad del estado, por el contrario, fueron aflorando expresiones de descontento,
principalmente desde sectores rurales, indígenas, minorías étnicas y configuración de
organizaciones delincuenciales que emergen desde las periferias urbanas.
El cuarto aspecto se refiere al quiebre y si se quiere, la agonía del paradigma de la
globalización neoliberal, que coincide con diferentes conflictos de orden regional. Las
guerras en medio oriente, cuyo ejemplo dio como resultado la acción intrépida de facciones
fundamentalistas islámicas mediante atentados terroristas, ejemplificados por el sucedido el
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11 de septiembre de 2001 en el corazón de negocios de EE UU y una sucesión de episodios
suicidas en diferentes países industrializados, tales episodios interactúan con diferentes
mecanismos de presión por parte de los países signatarios de la OPEP, que abogan por la
defensa de los precios del petróleo, producto que sigue siendo un pilar fundamental en el
andamiaje y sustento de las dinámicas y relaciones económicas de occidente.
El escenario global de complica a medida que surgen tensiones con China, Rusia, guerras
en medio oriente y factores reiterados desde la década de 2000, como la volatilidad o
inestabilidad de los grandes mercados bursátiles, la quiebra de bancos privados y
consorcios de inversión, tanto en Norteamérica y China, por causa de prácticas
especulativas financieras, que dieron origen a burbujas, es decir crecimientos desmedidos
de rentabilidad en negocios, con abruptas caídas por iliquidez e insostenibilidad para
mantener la reproducción del ciclo económico de los negocios, puso al desnudo la falacia
del neoliberalismo que sostenía que no había mejor regulador del mercado, que el juego de
oferta y demanda, sin necesidad de acudir a la mano invisible del estado.
Sin duda, esas antinomias profundizaron crisis sociales en países tanto industrializados
como en aquellos en vía de desarrollo, así se colige de los movimientos de protesta en
Francia, durante 2019, en donde se protestaba por la adopción de reformas consideradas
regresivas, en la seguridad social, en España afloran conflictos como la búsqueda de
separación por parte de Barcelona y en américa se denota el gran movimiento estudiantil en
Chile, que posibilitó un nuevo orden constitucional, tras largas y violentas protestas, el
movimiento Mapuche, que aboga por la defensa de sus territorios y derechos ancestrales.
Sobre el caso colombiano se hará a continuación una reflexión un poco más amplia. Cabe
subrayar que el actual declive del modelo de libre mercado, se ha agudizado de los efectos
colaterales derivados de la pandemia del corona virus, como la restricción de los mercados
y la crisis logística portuaria. Ello se agudiza, con el actual conflicto entre Rusia y Ucrania,
que evidencia una crisis de múltiples dimensiones financieras, alimentarias, bélicas y
energéticas, potenciadores factores de inflación, carestía y alarma por amenaza de guerra
nuclear. El breve corolario de divergencias conflictos y contradicciones en que se debate el
orden económico y geopolítico internacional pasa por el resurgimiento durante el último
lustro de diferentes nacionalismos, verbigracia, los liderazgos de Donald Trump, Vladimir
Putin, adicionalmente la separación del Reino Unido de la zona euro, se han opuesto
diametralmente a la globalización y reivindicado concepciones proteccionistas adversas a
pactos comerciales globales y renuncia a compromisos con carácter vinculante en términos
globales.
Escenario histórico de Colombia.
La nación colombiana ha tenido un itinerario histórico, que la caracteriza como una
sumatoria de proyectos inconclusos, con déficit de integración en la sociedad, el estado y
las instituciones que determinan su carácter aún inacabado, por hacerse después de 200
años de independencia y herencias pre modernas heredadas de la colonia. El siglo XIX,
siguió conservando casi en su totalidad las estructuras institucionales económicas y
sociales, los imaginarios tradicionales, opuestos y con férrea resistencia hacia la
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modernidad ilustrada que proponía a través de diferentes pensamientos la secularización del
estado y las nuevas formas de transformación científica, material, como de emancipación
política, que oponía al consenso, el disenso y la dialéctica, al unanimismo, el escepticismo
al dogma, el libre intercambio económico, al proteccionismo. Bajo estas oposiciones se
confrontaba desde las tribunas de debate como la prensa y los manifiestos que circulaban
defendiendo y atacando recíprocamente ideas, visiones del mundo y estrategias de acción
política. Era sin duda la pugna entre conservadurismo e ideas ilustradas, liberales, y
socialistas utópicas, en este interregno observase una batalla de ideas. Sin duda que, de la
pugnacidad retórica y narrativa, se pasó a la confrontación práctica: el conflicto, en
diferentes manifestaciones intensidades, plasmado en guerras. Lógicamente, se avizoran
diferentes actores, posiciones, entramados o procesos y formas resolutivas a la vez
contingentes, no absolutas, tal vez resueltas parcialmente en “cartas de batalla” evocando a
Valencia, H (1987), cuando el egregio tratadista constitucionalista, advierte que el carácter
de una Constitución o contrato es crear un ámbito en el que sea viable tramitar los
conflictos de la sociedad en sus diferentes actores.
Muy a pesar de los diferentes proyectos y visiones de nación, Colombia sigue inmersa, sin
resolver ni desarrollar un proyecto que integre sus territorios al desarrollo socioeconómico,
en virtud a endémicas inequidades como la concentración de la propiedad de la tierra, la
arcaica y restringida democracia fundada en clientelas, la poca integración de vastos y
extensos territorios a las dinámicas de mercado, carentes de vías e institucionalidad. Esas
asimetrías a lo largo de la historia se convirtieron en conflictos como la Guerra de los mil
días, la pérdida de soberanía sobre Panamá, la violencia de mediados del Siglo XX, el
surgimiento de una hegemonía retardataria, producto del pacto de asociación entre los
partidos tradicionales para alternar el poder y dividirse el reparto burocrático, a la sazón
partera de la aparición de fenómenos como protestas campesinas y urbanas e irrupción de
los grupos insurgentes, alimentados y nutridos por la égida de las ideas revolucionarias
marxistas, en sus diferentes matices. El estado colombiano no tramitó la resolución de estos
conflictos debido a su inercia institucional y la nula ubicuidad para promover la ampliación
de la democracia participativa, que solamente se esboza con la reforma constitucional de
1986 y el proceso constituyente de 1991, al cual se aludirá más adelante. Colombia ha
centrado su modelo de desarrollo en el de connotación liberal, sin embargo, la problemática
que plantean las estrategias de desarrollo estriban en que solamente se focalizan en unas
ramas de los tres sectores de la economía y dejan expuestos al abandono grandes territorios,
por citar unos ejemplos: la agricultura se concentró en la economía cafetera, la agricultura
extensiva de caña y palma. El estado al privatizar casi toda su estructura bancaria y
comercial, ha dado grandes ventajas y beneficios a oligopolios financieros, las áreas
urbanas, concentran los mayores volúmenes de inversión proveniente del estado en
infraestructuras y equipamientos. Con estos simples ejemplos se quiere puntualizar que el
modelo liberal de desarrollo, se focaliza en la cúspide de la pirámide, valga el eufemismo
de comparar el territorio colombiano con la figura piramidal, para inferir que el grueso de la
inversión y gasto del estado se canaliza hacia el beneficio de las dinámicas e intereses de
grandes superficies económicas.
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La izquierda merece unas consideraciones especiales, pues estas tendencias representadas
en las nuevas visiones del mundo surgidas en Europa durante la segunda mitad del siglo
XIX, y la primera mitad del siglo XX, pusieron de manifiesto las contradicciones y crisis
del orden burgués. El caso colombiano reviste unas connotaciones restrictivas y por no
decir represivas para las ideas y estrategias de acción política y social, que representaba el
laicismo y todas aquellas propuestas de orden democrático participativo que encarnaban
algunos sectores del Partido Liberal y el naciente Movimiento Obrero, que dio a luz el
Partido Socialista y posteriormente el Partido Comunista durante las tres primeras décadas
del siglo XX, tal como lo ilustran Medina (1990) y Uribe, M (1996). Con la irrupción de las
ideas socialistas, se canalizaron de manera más racional movimientos sociales, aparecen las
protestas, las huelgas, búsqueda de reconocimiento de derechos y reivindicaciones
laborales.
La respuesta a ello fue la declaratoria por parte de sectores conservadores y oligarcas del
carácter masón, satánico, criptocomunista, adversos a la doctrina de la fe católica y al
derecho natural. Vale señalar que ante la oleada de protestas y la fuerza que adquirían las
ideas de la modernidad, los gobiernos liberales (1930 – 1946), en cierta medida se
mostraron receptivos a atender las nuevas demandas de la sociedad. Se emprendieron
reformas como la educativa y laboral, en donde se reconocen derechos como el de la
huelga, descansos dominicales y otros intentos en materia de reforma agraria obstaculizada
abruptamente por intereses terratenientes. Se ampliaron derechos de ciudadanía, dado que
el derecho al voto era restringido y reservado solamente a propietarios y alfabetos, en el
caso del congreso, posteriormente, ya después de la caída del conservatismo se confiere el
derecho a la mujer a ejercer ciudadanía plena. Con esta breve enunciación de reformas, se
pone de manifiesto, la asimilación por parte de sectores políticos progresistas, la existencia
de transformaciones de la sociedad, la economía y en cierta medida se comienza a captar la
noción de inclusión social y política de sectores que han solido ser marginados. Sin
embargo, es manifiesta la resistencia y aversión expresa de sectores oligárquicos
conservadores y reaccionarios que desencadenaron toda una narrativa de odio y exclusión,
la cual se impuso a la postre durante el Frente Nacional, en el cual la dirigencia de ambos
partidos (no unánimemente por el lado del liberalismo) acordaron fácticamente repartirse
entre ellos el poder burocrático de las instituciones del Estado, de manera paritaria durante
12 años, prorrogados posteriormente a 16. ¿qué sucedió? Y aquí empieza una de las tramas
de los conflictos, especialmente la del conflicto político.
En efecto, tal como lo advierten Medina (1990) y Ayala, C (1994), se reconfigura el
escenario del pacto bipartidista, bajo un acuerdo consociacional, término acuñado por
Liphard (1995) y Harley (1997) para referirse a la estructura de un régimen de coalición
bipartidista dominante, ello se materializó en la reforma constitucional de 1957, con arreglo
al plebiscito del mismo año, en donde el articulo 120 reformado de la Constitución de 1886,
establecía la paridad entre los partidos al ejercer el poder, y al término del periodo de
alternación, el partido de gobierno debía de dar participación equitativa en los cargos
ministeriales al segundo partido en votos, con este escenario se pretendía blindar al sistema
político colombiano exclusivamente bipartidista, de todo influjo de terceros partidos, a
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quienes solamente se reducía su participación minoritaria en las corporaciones públicas. Era
tan notorio el impacto e influjo de la gran prensa hablada y escrita, para influir y persuadir
ideológicamente sobre los supuestos peligros del comunismo internacional en Colombia.
La narrativa se sustentaba en las doctrinas derivadas de la Guerra Fría, lideradas por EE
UU, que emprendieron una campaña de contención al comunismo, la Alianza para el
Progreso y la asistencia militar en seguridad nacional fueron claros ejemplos, reforzados
por la promoción mediática de los medios masivos de comunicación adeptos al régimen
oligárquico, ello aseguró la hegemonía y el carácter restringido de la democracia.
Bajo este escenario, el país político estaba en manos de las oligarquías bipartidistas y de los
grandes poderes económicos. El país nacional en cambio, vivía un clima profundo de
desarraigo político, de apatía, manifiesta en el gran abstencionismo electoral, como advierte
Leal, F (1989) y González, F (1990).
El clima de escepticismo e insatisfacción interactuaba con las transformaciones urbanas, el
auge de revoluciones en distintas regiones del mundo, la revolución cubana, Vietnam, la
revolución cultural China, la independencia colonial de varios países africanos y las agudas
tensiones entre las dos grandes potencias nucleares, propiciaron diferentes reacciones y
movimientos culturales e intelectuales, el mayo francés del 68, es una de las muestras
fehacientes de la necesidad de revisar los dogmatismos, reduccionismos, fundamentalismo
y esquemas simplificadores en los debates epistémicos de las ciencias sociales, el
movimiento pacifista de Luther King y la expresión de la juventud en la expresión jipi en
Norteamérica, ilustra sobre la perversidad de la guerra, la discriminación racial y los
prejuicios de la sociedad tradicional, anclada en lógicas de exclusión.
Esta oleada de manifestaciones, ideas y expresiones simbólicas se convirtieron en la
respuesta al belicismo de las grandes potencias. En Colombia las prácticas contestatarias se
manifestaron en dos grandes escenarios: el proselitismo político encarnado en diferentes
estrategias de acción política, tanto pacifica deliberativa como insurreccional armada.
El otro escenario es el académico en donde se generaron debates tanto de connotación
política como epistémica, posibilitaron la asimilación y análisis de temas filosóficos,
históricos, sociológicos, que dieron origen a la formación de nuevas disciplinas
profesionales. Verbigracia, el surgimiento de la Nueva Historia, consistente en la
reinterpretación y el estudio crítico de la historia, a partir de referentes epistemológicos
como el materialismo histórico, la Escuela de los Anales, la historia deja de ser la narración
ordenada y apologética de las gestas heroicas, para dar paso a lecturas analíticas de causas,
efectos, coyunturas, procesos de corta, mediana y larga duración. Se activa el dialogo
interdisciplinar, surgen áreas como la sociología, psicología y se diversifican de manera
cualificada los estudios antropológicos.
Los años 60 y 70 del pasado siglo fueron el periodo de apertura al pensamiento y a la
profundización de la secularización en Colombia, marcaron una ruptura fáctica con el orden
pre moderno en Colombia. La izquierda en sus diferentes matices y organizaciones adquirió
notoria fuerza en la perspectiva de la movilización social: sindicatos, asociaciones
campesinas de base, movimientos estudiantiles y guerrillas tuvieron más resonancia que las
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mismas organizaciones partidistas de izquierda. A su vez estas expresiones eran
fuertemente reprimidas por el Estado. Es de observar que las organizaciones contestatarias
tuvieron una influencia en las revoluciones como la cubana (1959), la Unión Soviética y su
influjo en Europa del Este y China de Mao. Estos ordenes políticos eran propagadores de
imaginarios ideológicos y diferentes interpretaciones del marxismo. Bajo estas égidas cada
fracción o movimiento de militancia, se identificaba con su referente. Las FARC,
asumieron la visión soviética del comunismo, el ELN, se identificó con el nacionalismo y
movimiento de liberación, del pensamiento de Fidel Castro, el EPL, primero la influencia
de la revolución Rusa y el pensamiento leninista, posterior la influencia de revolución
China, con el pensamiento maoísta, otros grupos adoptaron posturas trotskistas, en el
sentido de que la revolución debía ser permanente, extensiva, globalizadora y totalizadora.
En el seno de los movimientos estudiantiles se desataban acerbos debates, críticas pugnaces
de unos frente a otros, disertaciones interminables acerca de las interpretaciones de El
Capital de Carlos Marx y sus obras. Surgieron visiones opuestas y heterodoxas derivadas
del movimiento intelectual del mayo francés de 1968, que involucraban interpretaciones y
diálogos interdisciplinares y el involucramiento de posturas realistas y existencialistas. Sin
duda este nuevo interregno gnoseológico influyó en otras manifestaciones como el arte, la
poesía, la narrativa y todo el espectro literario.
En 1959, suceden dos situaciones que inciden en la reflexión futura de la sociedad, el
primero es la publicación del texto sobre la Violencia en Colombia, publicado por Umaña y
Fals Borda, en donde se recrea una visión crítica acerca de los orígenes de la violencia en
Colombia. El segundo suceso, es la irrupción del Movimiento Revolucionario Liberal, una
disidencia del Partido Liberal, que cuestionó el pacto bipartidista, considerando que era
excluyente y antidemocrático. Este movimiento, creado por Alfonso López Michelsen,
congregó importantes dirigentes del antiguo gaitanismo, militantes de izquierda, libre
pensadores y humanistas críticos al sistema político tradicional colombiano. Abiertamente
se mostraron receptivos a los ecos de la Revolución en Cuba, se opusieron al populismo y
las dictaduras militares en América Latina y reivindicaron ideas progresistas sobre el estado
social de derecho, la equidad en la distribución del ingreso y el principio de la democracia,
consistente en un sistema político en el cual deberían existir de manera activa el juego libre
entre partido de gobierno y partidos de oposición.
Tuvo esta colectividad relativo éxito electoral, no obstante, terminó desdibujándose, en la
medida en que los dirigentes liberales fueron reintegrándose al liberalismo a raíz de pactos
entre estos y el oficialismo liberal, consistentes en repartos burocráticos. Otra expresión de
disidencia frente al régimen de coalición bipartidista, fue la ANAPO, de estirpe populista,
liderada por el General Rojas, tuvo gran acogida por sectores tradicionales populares, fue
una fuerza importante pese a la apatía y abstencionismo electoral, muchos testigos y actores
políticos de la época sostienen que la ANAPO, ganó las elecciones de 1970, lo cual fue
impedido por un fraude orquestado por los partidos tradicionales y el gobierno de Lleras, la
razón es que ello conduciría a una “ruptura” institucional, considerada como peligrosa para
la democracia (débil y disfrazada).
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Al tenor de los convulsionados episodios del 19 de abril de 1970, un grupo de estudiantes y
ex guerrilleros de otras organizaciones de izquierda, irrumpen con una nueva organización
subversiva en 1974, con la denominación M-19, un grupo diametralmente opuesto a sus
pares, en cuanto a visiones ideológicas y estrategias de insurrección, en virtud a que no
centraban exclusivamente en su discurso, narrativas fundamentalistas marxistas,
reivindicaban una revolución a la criolla, proponían desarrollar en el sistema político
imperante, un ámbito de democracia participativa efectiva, depurar los vicios de la política
tradicional, es decir, hacer real y expedita la democracia en Colombia, monopolizada por
oligarquías, mediante el acceso del poder popular de las bases sociales. Se caracterizaba por
ser un grupo mediático en sus acciones intrépidas: juicios populares y ejecuciones a
dirigentes traidores a juicio del M-19, asaltos audaces a guarniciones militares, toma y
secuestro de la embajada de República Dominicana y el fatídico episodio del Palacio de
Justicia, en vía todavía de esclarecer muchos delitos de lesa humanidad. El itinerario de la
izquierda en Colombia ha sido tormentoso y complejo, en razón a la persecución y
satanización a que han sido sometidas sus organizaciones políticas, objeto de exterminio y
represión.
Desde los años 60, imperaban organizaciones paramilitares como los escuadrones de la
muerte o la “mano negra” que desaparecían, torturaban y asesinaban militantes, en otro
caso han sido muy conocidos los abusos a derechos humanos por parte de organismos de
seguridad del Estado hacia líderes y militantes de izquierda, el Estatuto de Seguridad,
creado durante la Administración Turbay (1978- 1982), se utilizó para reprimir y
exterminar toda expresión de protesta y proselitismo de izquierda. Durante el Gobierno de
Belisario Betancur, se propiciaron diálogos con los grupos armados de la época, tuvieron
avances, tuvo el presidente Betancur, conciencia plena sobre la necesidad de hacer una
apertura democrática, el éxito de la paz estuvo cerca de cristalizarse, empero, las fuerzas
retardatarias y el advenimiento de un nuevo conflicto, encarnado en el narco terrorismo
abortaron el proceso de paz en Colombia. Sin duda fue el episodio más trágico para la
izquierda en Colombia, el partido Unión Patriótica, que surgía con fuerza durante las
negociaciones, fue sistemáticamente exterminado principalmente por los organismos de
seguridad del estado en alianza con las bandas armadas de narcos, que se conformaron más
tarde como grupos paramilitares al amparo de militares, terratenientes y empresarios. Las
otras consecuencias fueron el magnicidio de candidatos tanto de izquierda como de
progresistas: Pardo leal, Pizarro, Jaramillo Ossa y Galán, son algunos de los ejemplos de la
embestida reaccionaria y criminal, prohijada no solamente por mafiosos, también por
caciques tradicionales de la política muy conocidos en la época.
El panorama se acentuó a partir de las últimas décadas del pasado siglo. Si bien los
gobiernos no comenzaron a aplicar drásticamente las reformas neoliberales o el recetario de
los organismos multilaterales, comenzaron por adoptar medidas como la
internacionalización de la economía o apertura económica prevista por la administración de
Gaviria (1990- 1994), bajo el pretexto de incentivar la competitividad a la industria y el
agro en Colombia, asunto en el cual el Estado no coadyuvó ni apoyó a las unidades
productivas para que operasen procesos de reconversión e innovación tecnológica
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industrial, el resultado fue la quiebra y desarticulación del aparato productivo, en virtud a
que tras la eliminación de subsidios y poca asistencia financiera del estado a la industria,
esta se vio en desventaja frente a la importación de bienes del exterior y beneficios
arancelarios ofrecidos por la estrategia aperturista, que adicionalmente tuvo permisividad
frente al contrabando al desentenderse de los controles. La política económica de desmonte
de subsidios tuvo impactos en la agricultura colombiana, reflejados en el desestimulo en
áreas como el cultivo de algodón y alimentos, propios de la región, maíz, frijol,
inestabilidad e inconsistencias en políticas agrícolas que han propiciado inestabilidad en el
sector agropecuario.
La falta de resolución y ausencia de voluntad política por parte del estado para realizar
efectivamente una modernización y democratización de la propiedad de la tierra, ha sido el
obstáculo principal para desarrollar un proyecto integrado de desarrollo social y económico
y a su vez la causa estructural de buena parte de los fenómenos de violencia, en virtud a que
permanecen históricamente supérstites las tensiones entre terratenientes, colonos y
arrendatarios. El intento de Alfonso López por desarrollar una reforma agraria por medio de
la Ley 200 de 1936, Ley de Tierras, que propendía por un uso racional, democrático y
equitativo de la explotación del agro, fue obstaculizado por sectores reaccionarios, que
impusieron medidas de contención a los propósitos modernizadores, hasta hoy no resueltos
y cuyas soluciones están contempladas en el Acuerdo de Paz de la Habana. En este orden
de cosas, median factores complejos que van desde la restitución de tierras usurpadas por el
paramilitarismo y grupos insurgentes, pasando por la necesidad de estructurar un sistema de
catastro multipropósito, hasta la creación de condiciones y adecuaciones en equipamiento,
infraestructura y control institucional del Estado en las zonas de conflicto.
No se puede omitir en esta reflexión una esfera que marchaba paralelamente a las
transformaciones económicas y sociales de Colombia, ello servirá para explicar por qué la
modernización ha sido parcial e incompleta y el proyecto de modernidad incipiente o se
insinúa a gritos mediante la movilización social. En efecto, siglo y medio de bipartidismo
en Colombia, se enmarcaron en confrontaciones conflictos bélicas, profundas heridas y
sentimientos de desarraigo manifiesto en vastos sectores de la población hacia un estado
cuyas élites burocráticas encierran su imaginario de democracia en el bipartidismo y en el
reparto de la racionalidad burocrática del poder, mediante prácticas clientelistas y
compadrazgos dinásticos, también así, sus prácticas de perpetuamiento a través del
posicionamiento del estado como actor de negocios e intercambio contractual, verbigracia
la contratación de obras de infraestructura, en donde agencias empresariales se articulan a
los poderes regionales, financian sus campañas en contraprestación de obtención de
contratos, prebendas, fraudes y coimas ilustran el panorama descrito por Reveís (1995).
Un Estado de clientelas regionales y asociaciones burocráticas configuradas durante el
pacto de alternación y monopolio del poder por parte del bipartidismo, se convirtió
paulatinamente en agente de profunda fragmentación y erosión de la sociedad colombiana.
Así lo demuestra la eclosión de múltiples movimientos cívicos y huelgas en el decurso de
las décadas de 1960 – 1980, en donde los clamores de los protestantes hacían énfasis a las
necesidades insatisfechas, reivindicaciones sociales, escenas de descontento múltiples.
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Mediando la década de 1970, se afianzaron los grupos alzados en armas surgidos en el
decenio anterior, el panorama del crecimiento urbano de las principales capitales se hizo
desordenado y complejo, planteando nuevas amenazas como la delincuencia común que
comienza a escalarse mediante la comisión de delitos, muy pronto se conformaron
organizaciones delincuenciales, que dieron origen al narcotráfico ante la mirada pasiva o
permisiva de las autoridades que veían como estos grupos desarrollaron diferentes prácticas
violentas, irrupción de nuevos ricos, transacciones inmobiliarias escandalosas y una
expansión de capitales y gran circulación monetaria, que coadyuvó sin duda a presionar
fenómenos inflacionarios. Se asiste entonces al teatro, cuyo protagonismo lo ejercen los
mafiosos, quienes lograron catolizarse en términos organizacionales y penetrar en los
círculos estamentarios tanto del sector privado como público, especialmente en los partidos
políticos en ámbitos regionales y locales, empero, las presiones del Departamento de
Estado de EE UU, obligaron al estado colombiano a perseguir el tráfico de drogas en su
cadena productiva y comercial, para ello se firmaron diferentes convenios y tratados tanto
de interdicción aérea, marítima y por supuesto, el tratado de extradición de ciudadanos
colombianos al país del norte. El resultado fue la gran escalada terrorista y comisión de
magnicidios contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales y la estructura del partido
Unión patriótica. Colombia, durante la década de 1980, trasegó por aguas muy turbulentas,
si bien durante el gobierno de Belisario Betancur, se comprendió que la violencia social y
política tenía causas estructurales, objetivas y subjetivas, se intentó realizar un dialogo de
paz, que propendiese una apertura hacia la democracia para esos sectores insurrectos,
esfuerzo que continuó durante la administración Barco, esos esfuerzos se frustraron en
buena medida por la oposición subrepticia tanto de actores del estado, como de
terratenientes y narcotraficantes, el meollo del asunto ha sido la tenencia de la tierra. De esa
fatídica fusión de actores comienzan a estructurar los grupos paramilitares, de carácter local
y regional, cuyo accionar desencadenó en la elección de un gobierno auspiciado por el
narco paramilitarismo y partidos tradicionales capturados paulatinamente por esos actores.
Coincide plenamente esta reflexión con lo que recientemente se ha afirmado por el Informe
Final de La Comisión de la Verdad (2022), en advertir que los conflictos tienen múltiples
entramados, que hay que mirarlos desde aristas diferentes, que una de las características es
la confrontación política por la tierra, lo mismo que la lucha por el narcotráfico y la guerra
misma, revisten intereses económicos para unos actores a la sazón beneficiarios de réditos
multimillonarios producto del narcotráfico y los negocios derivados de la guerra, ello
explica por qué existen obstáculos para el desarrollo de las regiones, por qué asesinan
líderes sociales y atentan contra grupos étnicos. Lo peor de este cruento drama es que la
peor cuota de víctimas recae en la población civil, las cifras son elocuentes, entre 1958 a la
actualidad se habla de 700 mil asesinatos, 110 mil desapariciones forzadas, 8 millones de
desplazados de las áreas rurales objeto de violencia sistemática y agravada. Inenarrable y
desolador el conjunto de crímenes de lesa humanidad, como la tortura, masacres,
confinamientos, violaciones de mujeres e infantes, reclutamiento forzado, esclavitud y los
vejámenes más abyectos que el lector de ese informe pueda imaginarse.
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Los análisis sobre los conflictos violentos en Colombia han de mirarse de manera holística,
interdependiente e integral, desde cada una de las regiones y localidades, ello permite
develar las tramas y juegos de relaciones entre cada uno de los actores, ello permite
avizorar las particularidades, esclarecer la verdad y desarrollar estrategias dialógicas para
superar los conflictos. Un primer ejemplo, es desactivar la gran bomba de violencias en el
Departamento del Cauca, ello empieza con la modificación y tratamiento que se ha venido
dando a los cultivos ilícitos, de su reorientación positiva depende la normalidad en aquellos
territorios.
La Constitución de 1991, fue y es la agenda para tramitar la resolución pacífica y civilizada
de los conflictos, ha tenido dos facetas en su itinerario, una positiva, en la medida en que es
defendida por la rama jurisdiccional y perfeccionada en muchos aspectos por la
jurisprudencia, principalmente en la defensa y reivindicación de los Derechos
Fundamentales y colectivos. La cara negativa radica en que el modelo social y económico,
así como el direccionamiento gubernativo, restringe y a veces viola reiteradamente el
espíritu de la Carta Magna e incluso las jurisprudencias, dado que la esencia del estado
social de derecho, es vulnerada por intereses económicos y políticos, determinadores de
buena parte del estado de cosas que origina el malestar social y la inercia que sume a los
gobiernos en actos generalizados de irresponsabilidad para satisfacer las demandas y
necesidades de la sociedad, verbi gracia, haber convertido la salud en un negocio, el
sistema financiero en un paraíso de usura, permitir la cartelización y la especulación de
precios en productos de primera necesidad, pauperizar las relaciones laborales, desintegrar
buena parte del aparato industrial, pretender instaurar tributos gravosos e inequitativos,
encarecer peajes, combustibles y tarifas de servicios públicos, no hacer cumplir los
requisitos de contratación pública, despilfarrar el erario y permitir prácticas de corrupción.
Esos fenómenos de anomalías generadores de malestar social y protestas violentas, son
síntomas de un estado que, por un lado, no avanza en el cumplimiento de deberes para
promover la seguridad humana y su desarrollo integral, por otro lado, es manifiesto, que la
Constitución no es desarrollada y profundizada, tal vez inaplicada en varios aspectos. Basta
citar dos aspectos globales, uno primero se refiere a la ausencia o caótica arquitectura
institucional que permite actualmente la burda y perversa manipulación del influjo nocivo
de la política e intereses particulares, por no decir criminales, en organismos de control,
incluso en otros tribunales, ello obedece a que la rama del poder judicial no es autónoma y
debería conformarse de manera imparcial, técnica, científicamente jurídica, no
burocratizada o contaminada por los influjos del clientelismo político.
El segundo ejemplo, tiene que ver con el débil desarrollo de la descentralización territorial,
instrumento que permitiría dar vida a las regiones, provincias, áreas metropolitanas, con el
fin de que sean actores liberadores y gestores de su propio destino y progreso. Sin duda un
estudio minucioso, puede mostrar vacíos de aspectos que la Constitución señala y no
desarrollados en términos gubernamentales y legislativos, debido a que la conformación de
muchos legislativos, principalmente en sus coaliciones de bancada de gobierno han sido
cuestionables y deleznables sus prácticas de ausentismo, obstaculización a proyectos e
iniciativas, viven en un clima de polarización, en donde los epítetos, calumnias y vejámenes
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se imponen a los debates. Reina asimismo el prevaricato, cuando tergiversan proyectos con
la inclusión de “micos” a fin de beneficiar sus intereses. Convirtiese el legislativo en
burladero y nicho para la impunidad, el desgreño administrativo y lo sume en una imagen
de desprestigio generalizado frente a la ciudadanía.
El conflicto armado se recrudeció y alcanzó niveles superlativos de degradación, en virtud
de la conjunción de prácticas y comisión de delitos de lesa humanidad en donde estaba de
por medio la pugna entre los actores subversivos y paramilitares por el dominio estratégico
de la economía del narcotráfico, la minería ilegal y las rutas o corredores estratégicos de las
cadenas productivas y comerciales que involucraban la exportación de drogas, la
movilización de insumos, minería ilegal y tráfico de armas. Bajo ese panorama, los actores
ilegales afianzaron sus influencias económicas, capturando distintos estamentos de la
política y la institucionalidad, profundizando con ello la tarea que venían realizando los
clanes y carteles mafiosos desde fines de la década de 1970 y durante los años 80.
Paralelamente y bajo esas lógicas y medios de consecución de recursos y poder, la guerrilla
de las FARC, hizo lo propio, y en consecuencia las dimensiones del conflicto presentaron
un panorama catastrófico al vulnerarse los derechos fundamentales de poblaciones rurales,
sistemáticas violaciones al Derecho Internacional Humanitario al afectar la población civil,
con diferentes eventos como tomas de municipios, destrucción de los mismos, secuestros
masivos y un sinnúmero de crímenes narrados en el informe de la Comisión de la Verdad
(2022).
Los factores agravantes del conflicto armado colombiano fueron denunciados en su
momento en el Congreso, primero, en un desafortunado episodio en donde a raíz del
proceso de desmovilización paramilitar, Salvatore Mancusso, hizo una intervención en el
recinto del Congreso en donde admitió que las Autodefensas Unidas de Colombia,
coadyuvaron en la elección del 30% del Congreso de la República. Los debates liderados
por la coalición de fuerzas de izquierda, promovieron debates de denuncia sobre la
influencia paramilitar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, denominado parapolítica. De
ahí en adelante se derivaron numerosos escándalos como las interceptaciones y
perfilamientos a magistrados de altas cortes, periodistas y políticos de oposición, el trámite
fraudulento de una reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe. En el
decurso de las últimas dos décadas las investigaciones de ONG y las unidades legislativas
de la izquierda en Colombia develaron los entramados de corrupción administrativa y las
prácticas de captura del poder político local y regional del paramilitarismo y las guerrillas
en diferentes regiones, actores que usurpaban recursos fiscales y direccionaban a su arbitrio
las agendas de inversión y el gobierno mismo de alcaldías en donde ejercían poder
intimidatorio. Véase al respecto lecturas como Valencia, L (2014), López C (2016), Ávila,
A (2017).
La degradación del conflicto armado, el influjo del narcotráfico y el paramilitarismo,
indisolublemente ligados entre si y la permisividad y connivencia de actores
gubernamentales con estas organizaciones, además de las erróneas e inequitativas políticas
sociales y económicas, denominadas neoliberales, erosionaron las estructuras de la
sociedad, agudizaron las brechas de desigualdad, el fenómeno de la corrupción no permite
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un desarrollo equitativo de la sociedad colombiana, peor aún, los sectores retardatarios y
corruptos, ponen una barrera de obstáculos para que se aplique efectivamente la Carta
Magna de 1991. Sin duda, los sectores progresistas han ido creciendo en la medida en que
las voces de denuncia encuentran receptividad en la ciudadanía a través de nuevos medios
de opinión pública manifiestos en las redes sociales, sin duda alguna han logrado imponerse
a medios masivos tradicionales, que ya no logran manipular ni encubrir verdades o
mentiras. He ahí una de las claves de aglutinar y convocar movimientos sociales como son
las primeras líneas, más aún el notable crecimiento electoral de movimientos y partidos
alternativos, hoy como nunca antes se había visto con numerosa representación en la
corporación pública y las alcaldías en las tres principales ciudades de Colombia.
El principal aporte de la izquierda y los movimientos sociales progresistas como también
los centros de pensamiento social en Colombia ha tenido entre otros aspectos la promoción
de nuevos liderazgos, aportes significativos en la Constitución de 1991, como el
componente sistemático de la incorporación de los Derechos Humanos y Fundamentales,
lograr mecanismos de participación popular como componente esencial de la democracia
participativa, conferirle a la Constitución un espíritu medioambientalista y ecologista, darle
reconocimiento y autonomía a las minorías étnicas, sexuales y religiosas. La actual
coyuntura representa una gran oportunidad de transformación social, económica y política,
en virtud a que el próximo gobierno advierte un escenario de transición, cuyas prioridades
serán sin duda darle materialización al proceso de paz y allanar caminos de dialogo con los
diferentes estamentos de la sociedad civil.
En consecuencia, es imperativo trazar una hoja de ruta que permita retomar el rumbo
perdido durante los últimos cuatro años a fin de encontrar una paz duradera y un desarrollo
social integral y sostenible. Es por ello necesario diseñar una agenda congruente con el
Marco jurídico para la Paz, los Acuerdos de la Habana que deben ser profundizados, el
esclarecimiento de la verdad, la justicia restaurativa y la reparación. Por estas razones y los
imperativos como el desarrollo territorial y sostenible, es necesario crear foros de reflexión
y dialogo institucional, intersectorial, comunitario, con énfasis regional.
En un dialogo institucional deben converger diferentes estamentos que revisen y orienten
aspectos como la justicia en su arquitectura institucional, los organismos de control, la
lucha contra la corrupción y la impunidad, la reforma electoral y política. Este plano debe
propender por la independencia y autonomía de los poderes, encaminado a una purga de las
nefastas influencias que hoy se observan y que denotan una distorsión en las prácticas de
gobernanza, ineficiencia e inefectividad de controles.
En el dialogo intersectorial y gremial ha de explorarse las bases y fundamentos de un pacto
social y económico en búsqueda de la equidad, en donde se congreguen gremios,
asociaciaciones de base, sectores empresariales y de economía solidaria.
Los diálogos regionales estarían direccionados a la búsqueda de resolución de conflictos
que hoy afectan vastas regiones, es sin duda el reto más complejo porque debe tener
transversalidad con aspectos jurídicos, sociales, económicos, culturales y ambientales,
paralelamente a este escenario deben incluirse los diálogos con las comunidades. En esta
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dirección se comparte lo planteado por el suplemento de julio 2022 del periódico
Revolución del Partido Comunista de Colombia “Insistiremos a su interior en la defensa del
programa de Petro para lograr su aplicación plena. Los diálogos regionales los
impulsaremos defendiendo el encuentro de las fuerzas sociales del pueblo y su unidad
alrededor de un programa democrático” (Pág. 2).
Igualmente la valoración del papel del pacto histórico, en el actual contexto de correlación
de fuerzas, al plantear: “Está meridianamente claro que el Pacto Histórico tiene un gran
papel qué desarrollar en este momento histórico, es indispensable contribuir a potenciar sus
vínculos con el pueblo como base para que pueda jugar su papel dirigente en el gobierno de
Petro y afianzar la unidad de sus integrantes alrededor del programa democrático
insistiendo en el funcionamiento colectivo de su dirección nacional y en el desarrollo de
estructuras organizativas en departamentos y municipios”. (Pág. 3).
Es necesario reconocer los éxitos de las izquierdas en los procesos democrático y de
emancipación social, igualmente aceptar los fracasos. Hemos de considera los cambios,
retos y nuevos requerimientos que los nuevos contextos, internacionales, nacionales y
locales nos plantean, e influyen en cambios necesarios en la manera de ejercer la política
desde las izquierdas hoy.
Validar la propuesta planteada por el suplemento del periódico Revolución: “En esa vía
impulsar la concreción de un centro de reflexión y unificación de las fuerzas que luchan por
el cambio en América Latina” (Pág. 2).
Del anterior contexto, quedan algunas preguntas:
Desde lo epistemológico: Existe una tensión entre el paradigma de la guerra y el de la
negociación, como referentes hoy para la construcción de estado, nación y ciudadanía,
siendo predominante el de la guerra, que convive con los procesos de paz. ¿Cómo concebir
las diferentes formas de lucha hoy, entre ellas la legitimidad de las violencias?
Desde lo social: Como integrar en el análisis y comprensión de la conflictividad del hoy, el
marco bipolar, expresado en las categorías de las partes y los intereses, fundamentalmente
económicos. Desde la concepción bipolar de los conflictos, algunos autores sentaron los cimientos
del conflicto, a partir del carácter de oponibilidad en la lucha por los intereses, entre dos partes
claramente definidas, fue Marx, cuando habla que la luchas de clases entre el proletariado y la
burguesía, es motor de la historia. El Darwinismo, cuando expresa la lucha entre las especies
superiores, sobre las inferiores y Freud, cuando habla de las pulsiones entre Tanatos (muerte,
destrucción) y Eros (Amor, vida).
Como integrar mirada bipolar con la complejidad de los contextos del hoy que consultan
los análisis desde un marco multipolar, las partes conflictivas, conviven y disputan en
medio de otras categorías dinámicas y complejas, como son los diferentes contextos y otros
aspectos a tener en cuenta en la comprensión de las dinámicas conflictivas hoy, como son:
intereses Posiciones, diversas partes y poderes, procesos, fuentes, patrón, función, expectativas,
comunicaciones, vivencia, desencadenante, ciclo, métodos, normas, complejidad, estilos, efectos,
ámbitos, tratamientos y soluciones.( Redorta 2004), 320)
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La necesaria contribución hacia la consolidación de sociedad civil, teniendo como referente
la constitución de 1991, en sus mandatos constitucionales, los cuales permiten desarrollar el
planteamiento del profesor Albeiro Pulgarin, de impulsar los pactos sociales en dirección a
la construcción del contrato social, en los términos de Rousseau, Entendiendo el pacto
social, como unas hipótesis explicativa de una autoridad política y de un orden social
deseado, que da cuenta de los propósitos de un estado o gobierno, los cuales hoy se
comparten a partir del programa del actual gobernante Gustavo Petro. Pero como el poder
del príncipe es soberano y en nuestro contexto colombiano, hay demasiadas prerrogativas al
régimen presidencialista, como controlar dicho poder y fortalecerlo hacia la democracia, es
papel del contrato social. En esta dirección, está la construcción o fortalecimiento del
contrato civil, en términos de lo que plantea el profesor Albeiro, un contrato social
apalancado en el concepto de la autoridad de la voluntad popular, que implica una sociedad
civil, con conciencia política, nivel de organización que le permita hablar con conciencia de
su naturaleza emancipadora, en igualdad de condiciones con los otros actores, el estado, el
mercado.
Queda abierta la pregunta: La relación entre los procesos democráticos, de emancipación y
el socialismo.
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