Los líderes de la derecha le arrogan al “reino español” un paternalismo frente a las naciones soberanas del otro lado del Atlántico a las que considera menores de edad que recuerda a la época colonial. Es una actitud que contrasta con la idea del Estado como sujeto de derecho internacional público, dominante en las relaciones internacionales contemporánea.
Por si alguien hoy no se ha dado cuenta, Venezuela vive la mayor crisis de gobernabilidad de los últimos 17 años. ¿Qué está pasando en Venezuela y por qué hay dos presidentes de la República? Sencilla respuesta a un problema público complejo en todos los ámbitos: porque hay una crisis de legitimidad amparada por una crisis económica sin parangón. Esa legitimidad se ha ido desvinculando del marco legal para trasladarse a las calles e incluso a otros países
que están tratando de establecer la agenda y el rumbo político de Venezuela, convirtiéndola para el mundo en un estado fallido sin gobierno que pueda enderezar esta situación. Pero para comprender por qué se está produciendo esta ruptura en la gobernabilidad, debemos comprender a grandes rasgos cómo funcionan los poderes en Venezuela, qué está pasando y por qué.
Este martes 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, se ha autoproclamado “presidente encargado de Venezuela”. Y no lo ha hecho en una fecha sin significado. Ha aprovechado el día exacto del 61 aniversario del derrocamiento del último líder militar de Venezuela y, para muchos, el momento fundacional de la democracia venezolana. Poco después de su autoproclamación han sido varias las potencias internacionales que han respaldado la legitimidad de esta declaración. Esta es la noticia. Bien. ¿Pero cuál es el marco y por qué España no debería hacerlo? Vayamos por partes.
Vivimos en una sociedad internacional en la cual los sujetos principales de derecho internacional público, mal que le pese al imperialismo, son los Estados. Esto quiere decir que Venezuela, como estado soberano cuenta con un ordenamiento jurídico propio para comandar su vida pública y ordenar su funcionamiento institucional, valga la redundancia. Ni España, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, por mucho que apoyen públicamente a un persona que se ha declarado a sí misma “presidente encargado de Venezuela” pueden convertirlo en presidente legal.
La Constitución tiene sus mecanismos para escoger al líder del Ejecutivo a través de un proceso democrático y, al contrario de lo que proclama Guaidó cuando hace referencia al artículo 233, el presidente de la Asamblea no puede autoproclamarse presidente de la República excepto que se den las siguiente circunstancias: “la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”. Ya que en ningún caso se han producido estas situaciones, las aspiraciones de Juan Guaidó quedan deslegitimadas y lo convierten en un diputado que ha faltado a la Constitución que juró cumplir cuando tomó posesión de su cargo en la Asamblea Nacional.
La Constitución establece mecanismos de elección tanto para la Asamblea Nacional (que ostenta el Poder Legislativo y preside el opositor Juan Guaidó) como para el presidente de la República (que se encarga del Ejecutivo y está en manos de Nicolás Maduro). Juan Guaidó es el actual presidente de una Asamblea Nacional que fue escogida democráticamente por el pueblo venezolano con el mismo marco jurídico (con diferente mecanismo) que el Consejo Nacional Electoral brinda para la elección del presidente Maduro. ¿Por qué la oposición da legitimidad a la elección de la Asamblea y no a la del presidente? Es una cuestión de intereses. Intereses que por desgracia traspasan las fronteras venezolanas.
Y es aquí donde nos encontramos con esa tremenda crisis de legitimidad: parte del pueblo venezolano reconoce al Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y una buena parte de las grandes potencias también lo hace (Estados Unidos solo tardo 29 minutos en proclamar oficialmente su apoyo a Guaidó), mientras que las urnas y la Constitución establecen otra cosa.
Es un problema de suma cero que se está saldando con un choque entre venezolanos. Tal y como sucedió en el año 2002. La historia se repite: Una situación de supuesto “vacío presidencial” es aprovechada por la oposición para invocar interesadamente el artículo 223 de la Constitución. En 2002 fue una supuesta renuncia de Chávez a la presidencia y en 2019, la falta de validez que la oposición, que actualmente controla el poder legislativo a través de la Asamblea Nacional, y varias potencias internacionales dieron a las elecciones presidenciales de mayo de 2018 en las que Maduro aseguró su segundo mandato (2019-2025) con casi un 70 % de los sufragios (más de 6 millones de votos) avalados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El 10 de enero de 2019 Maduro tomó posesión de su segundo mandato ante el Tribunal Supremo (que ostenta el Poder Judicial) tras vencer en las elecciones presidenciales de mayo y el aislamiento internacional y la presión mediática y opositora echaron a los venezolanos a las calles: a unos para apoyar a su presidente democráticamente elegido, y a otros para protestar contra la legitimidad del mismo. Y el 23 de enero, en un marco histórico y político incomparable por el paralelismo que la oposición trata de establecer con la situación vivida durante la caída del general Pérez Jiménez, un diputado opositor decide erigirse como auténtico presidente de la República “ante Dios todopoderoso, ante los diputados y ante Venezuela”.
Venezuela está rota y, con ella, el monopolio de la violencia física legítima del Estado en su concepción mas webberiana. Es en esta situación precisamente donde el derecho venezolano non está siendo capaz de generar ese contexto de monopolio de la violencia física legítima de las instituciones que caracteriza a los estados modernos y la legitimidad de uno u otro bando queda en manos de un actor que, en los estados democráticos, tendría que jugar un papel residual: Las fuerzas armadas. La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) es el único agente interno que actualmente puede asegurar a cualquiera de los dos bandos el monopolio de esa legitimidad que caracteriza al estado weberiano y que las instituciones y los poderes Legislativo y Ejecutivo no están logrando. Y estas ya se han posicionado. Del lado del presidente Maduro.
A las 5:25 de la tarde (hora venezolana) del 23 de enero, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López envió un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando: “El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional”, expuso.
Por esta situación es por la cual los líderes de la oposición venezolana llaman a una “intervención internacional que asegure una transición política en Venezuela”. Es decir: la intervención de potencias extranjeras para decantar el monopolio de esa violencia física hacia el lado que les interesa, estableciendo así un Gobierno que cumpla con sus expectativas y volando por los aires todos los principios jurídicos venezolanos y de los estados como sujetos de derecho internacional público. No hace falta recordar lo que supuso a nivel político y social la intervención militar en Libia y en Siria para darse cuenta de que en Venezuela operan los mismos intereses internacionales que buscaron derrocar a los gobiernos de aquellos países.
La presión de las organizaciones multilaterales apéndices de los Estados Unidos, tales como la OEA y el Grupo de Lima, con un propósito de desestabilización del gobierno venezolano, puede hacer que la crisis diplomática derive en un conflicto militar similar al de Libia o Siria con las características de un territorio latinoamericano. Hasta ahí llega la irresponsabilidad de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como legítimo presidente de Venezuela. Actualmente Juan Guaidó ha sobrepasado su función como diputado y se ha saltado la Constitución.
Resulta curioso ver cómo los líderes de la derecha española, que tanto se apresuran en querer aplicar el artículo 155 en Cataluña para suprimir sus competencias, braman para que el presidente Pedro Sánchez proclame como legítimo presidente de Venezuela a un miembro de la Asamblea Nacional que ha incumplido de forma grotesca la Constitución de su país autoproclamándose presidente al margen del mandato de las urnas y de la legalidad.
Hay dos salidas, ambas tendrán terribles consecuencias: o el Gobierno destituye al presidente de la Asamblea Nacional y disuelve la Cámara para convocar nuevas elecciones, o el país colapsará mediante una intervención extranjera que deponga al régimen de Maduro e imponga a un títere del Gobierno de Trump. Ambas son malos escenarios para una Venezuela estrangulada.
*Sergio Casal es periodista magíster en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en conflictos y periodismo social.
