Es un grave error juzgar al presidente Trump según los criterios de la clase dirigente de Washington y sin tener en cuenta la Historia y la cultura de Estados Unidos. También lo es interpretar sus actos según las normas del pensamiento europeo. Su defensa de la posesión de armas o de los manifestantes racistas de Charlostteville no tiene nada que ver con un apoyo a los extremismos sino sólo con la promoción de la Bill of Rights. Thierry Meyssan explica la corriente de pensamiento que Donald Trump representa y hace un balance de sus importantes realizaciones económicas, políticas y militares. El autor plantea también la cuestión de los límites del pensamiento político estadounidense y de los riesgos que implica el desmantelamiento del «Imperio americano».
a hace casi un año que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca. Se hace ahora posible discernir sus ambiciones políticas, a pesar del destructivo enfrentamiento que se desarrolla en Estados Unidos entre sus partidarios y sus adversarios, en detrimento de todos.
Comprobar los hechos resulta muy difícil, tanto más cuanto que el mismo Trump se encarga de disimular sus principales realizaciones tras un cúmulo de declaraciones y tweets contradictorios y porque su oposición, a través de sus propios medios de difusión, lo presenta como un loco.
Ante todo, desde los tiempos de la Guerra de Secesión, Estados Unidos nunca había estado tan dividido como ahora. Ambos bandos se muestran muy violentos y algunos de los protagonistas dan prueba de una tremenda mala fe. Para entender lo que sucede tenemos primero que hacer abstracción de los intercambios más rudos y determinar lo que representa cada uno de esos protagonistas.
Estados Unidos es un país creado a la vez por los «Padres Peregrinos» («Pilgrim fathers»), o sea los puritanos que llegaron a América a bordo del Mayflower, cuya llegada se festeja con el «Thanksgivin» o «Día de Acción de Gracias», y por una multitud de migrantes provenientes del norte de Europa.
Los «Padres Peregrinos» eran sólo un grupúsculo pero tenían un proyecto religioso y político: crear una «Nueva Jerusalén», organizada según la Ley de Moisés, y alcanzar la pureza. Al mismo tiempo, pretendían continuar en América el enfrentamiento entre el Imperio Británico y el Imperio Español. Los inmigrantes, por su parte, querían hacer fortuna en un país que creían vacío, sin habitantes, sin trabas, sin gobierno, exceptuando las autoridades locales. Ambos grupos forman un conjunto que los sociólogos designan con las siglas WASP por White Anglo-Saxon Protestant, o sea “Blancos Anglosajones Protestantes”.
Al redactarse la Constitución estadounidense, los «Padres Fundadores» representaban mayoritariamente a los puritanos. Bajo el impulso de Alexander Hamilton, concibieron un texto antidemocrático, que reproducía el funcionamiento de la monarquía británica pero transfiriendo el poder de la gentry a las élites locales, representadas por los gobernadores. Aquel texto provocó la cólera de los inmigrantes llegados del norte de Europa, que habían luchado y derramado su sangre durante la Guerra de Independencia.
Pero en lugar de reescribir la Constitución y reconocer la soberanía popular, se le agregó –por iniciativa de James Madison– la decena de Enmiendas que conforman la «Bill of Rights» o «Carta de Derechos». Agregado a la Constitución, este documento garantizaba a los ciudadanos la posibilidad de defenderse de la «Razón de Estado» recurriendo a los tribunales. El conjunto conformado por ambos textos estuvo en vigor durante dos siglos, satisfaciendo a ambos grupos.
El 13 de septiembre de 2011, el Congreso de Estados Unidos adoptó precipitadamente la USA Patriot Act, conocida en español como «Ley Patriótica» o «Acta Patriótica», un código antiterrorista muy voluminoso. Este documento, que había sido preparado en secreto en años anteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, suspende la Bill of Rights ante toda circunstancia vinculada al terrorismo. Desde entonces, los Estados Unidos del presidente republicano George Bush Jr. –descendiente directo de uno de los puritanos del Mayflower– y de su sucesor demócrata Barack Obama han sido gobernados única y exclusivamente según los principios puritanos modernos –que ahora incluyen el multiculturalismo, derechos diferentes para cada comunidad y una jerarquía implícita entre esas comunidades.
Donald Trump se presentó a la elección presidencial como candidato de los inmigrantes llegados del norte de Europa, o sea de los WASP no puritanos. Basó su campaña electoral en la promesa de devolverles el país confiscado por los puritanos e invadido por hispanos que rechazan integrarse a su cultura. Su divisa «America First» debe interpretarse como la restauración del «American Dream», el sueño estadounidense de hacer fortuna, frente al proyecto imperialista puritano y la ilusión del multiculturalismo.
La defensa de la Bill of Rights comprende el derecho a manifestar, incluso para los grupos extremistas, estipulado en la 1ª Enmienda, y el derecho de los ciudadanos a portar armas para resistir a los posibles excesos del Estado federal, derecho estipulado en la 2ª Enmienda. Es por tanto perfectamente legítimo que el presidente Trump haya respaldado el derecho de los grupos racistas de Charlottesville a manifestar y que haya expresado apoyo a la National Rifle Association (NRA), defensora de la posesión de armas. Esta filosofía política puede parecer absurda a los no estadounidenses, pero corresponde a la Historia y la cultura de Estados Unidos.
Los dos poderes más importantes de un presidente estadounidense son:
- el poder de nombrar a miles de altos funcionarios,
- la posibilidad de determinar objetivos militares.
Pero resulta que Donald Trump dispone sólo de algunas decenas de seguidores fieles para cubrir miles de plazas de funcionarios y que el Pentágono ya cuenta con su propia doctrina estratégica. Trump está por tanto obligado a determinar cuáles son las decisiones capaces de modificar el sistema y reservarse para ellas.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha venido actuando efectivamente para:
- desarrollar la economía y limitar el control que ejerce sobre ella el mundo de la finanza;
- desmantelar el «Imperio Americano» y restaurar la República, o sea el Interés General;
- defender la identidad WASP y expulsar a aquellos que, entre los hispanos, se niegan a integrarse a la cultura estadounidense.
Trump acaba de poner a Jerome Powell a la cabeza de la Reserva Federal. Es la primera vez que esa institución tiene un presidente que no es economista sino jurista. Su misión será poner fin a la política monetarista y a las reglas en vigor desde la derrota de Estados Unidos en Vietnam y el fin de la convertibilidad del dólar en oro. Jerome Powel tendrá que concebir nuevos reglamentos que pongan el capital al servicio de la producción y no de la especulación, como hasta ahora sucede.
La reforma fiscal de Donald Trump debería suprimir todo tipo de exoneraciones y reducir las tasas sobre las empresas de 35 a 22%, o incluso a 20%. Los expertos están divididos en cuanto a saber qué clases sociales van a beneficiarse con esas medidas. Lo único seguro es que, vinculada con la reforma aduanera, hará menos rentables los numerosos puestos de trabajo que las transnacionales han transferido al extranjero y llevará a que diversas industrias regresen a suelo estadounidense.
En el plano internacional, Trump ha puesto fin al reclutamiento de nuevos yihadistas y al apoyo que ciertos Estados aportaban a esos elementos, exceptuando el respaldo del Reino Unido, Qatar y Malasia, que siguen aplicando esa política. Sin embargo, no ha detenido la implicación de empresas transnacionales y de altos funcionarios internacionales en la organización y financiamiento del yihadismo.
En vez de disolver la OTAN, como había pensado hacerlo inicialmente, la transformó obligándola a abandonar el uso del terrorismo como método de guerra y la ha llevado a convertirse en una alianza antiterrorista.
Trump sacó además a Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, concebido contra China. En agradecimiento, Pekín redujo considerablemente sus derechos de aduana, demostrando así que es posible instaurar la cooperación entre Estados en lugar de la anterior situación de enfrentamiento.
En el plano interno, el presidente Trump puso al juez Neil Gorsuch en la plaza que estaba vacante en la Corte Suprema, instancia encargada de hacer evolucionar la interpretación de la Constitución, lo cual incluye la Bill of Rights. El juez Gorsuch es un magistrado célebre por sus estudios sobre el sentido original de esos textos y parece, por tanto, capaz de restablecer el compromiso básico de la creación de Estados Unidos.
En 1998, Igor Panarin –por entonces uno de los directores de los servicios secretos rusos– pronosticaba una guerra civil y la división de Estados Unidos en 6 Estados diferentes para una época próxima a los años 2010. Pero el golpe de Estado que tuvo lugar en Washington el 11 de septiembre de 2001 retrasó ese proceso. El periodista Colin Woodard reactualizó en 2012 los datos de Panarin y comprobó que la movilidad de los estadounidenses los ha llevado a reagruparse en 11 grupos comunitarios culturales separados y coexistentes, sin que los negros lleguen a formar una comunidad por hallarse simultáneamente integrados y discriminados en 2 de esas 11 comunidades.
Aunque ese balance resulta muy satisfactorio para los electores del presidente Trump, es aún demasiado pronto para saber si facilitará la integración de los no WASP o si provocará, por el contrario, que sean expulsados de la comunidad nacional. Según el especialista en geopolítica mexicano Alfredo Jalife, dos terceras partes de los hispanos que no hablan inglés en Estados Unidos viven en California, territorio robado a México. Donald Trump pudiera verse tentado a resolver el problema cultural y demográfico de Estados Unidos favoreciendo la secesión de ese Estado, o sea el llamado «Calexit», expresión inspirada en el ya célebre «Brexit». En ese caso, la Casa Blanca tendría que enfrentar los problemas que plantearía la pérdida de la industria del espectáculo con sede en Hollywood, de la industria del software asentada en Silicon Valley y, sobre todo, perder la base militar de San Diego. La operación que la Casa Blanca y sus enlaces han iniciado en Hollywood, al calor del caso Weinstein, parece indicar que ese proceso ya está en marcha.
La secesión de California podría iniciar un desmantelamiento étnico de Estados Unidos hasta reducir ese país al territorio inicial de los 13 Estados que adoptaron la Constitución, incluyendo la Bill of Rights. Esa es, en todo caso, la hipótesis formulada hace tiempo por el especialista ruso en geopolítica Igor Panarin.
