Dos meses después de su primera sentencia por la que imponían medidas provisionales para detener el genocidio de Israel en Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió varias sentencias adicionales que reconocían que Israel había violado la primera sentencia y que, mientras tanto, la hambruna se ha extendido en Gaza. Según los expertos citados en la sentencia, la única manera de detener la hambruna es un alto el fuego inmediato.
El 26 de enero la CIJ había emitido una sentencia vinculante que ordenaba a Israel impedir y detener todos los actos genocidas con efecto inmediato, permitir el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria y dejar de incitar al genocidio. Hoy el genocidio es peor que nunca. En febrero el suministro de alimentos disminuyó un 50%. Ya han muerto de desnutrición y deshidratación más de 30 personas, la mayoría niñas y niños. En el norte de la Franja de Gaza el 30% de los niños y niñas menores de dos años sufren desnutrición aguda. El Secretario General de la ONU António Guterres destacó que “esta es la cantidad mayor de personas que se enfrenta a un hambre catastrófica jamás registrada por el sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, en cualquier lugar y en cualquier momento”. Además de esto, los ataques militares israelíes siguen asesinando a la población palestina de Gaza, incluidas aquellas personas que tratan de distribuir o de acceder a los pocos alimentos que hay.
Cuando el 26 de enero la Corte emitió su veredicto hubo un gran entusiasmo y con razón. El reconocimiento de que es plausible que Israel esté cometiendo un genocidio y que debe detenerlo con efecto inmediato fue, y seguirá siendo, una sentencia histórica.
Con todo, era previsible que Israel hiciera caso omiso de la sentencia, como había ignorado la opinión consultiva de la CIJ de 2004 acerca de la ilegalidad del muro del apartheid construido en la ocupada Cisjordania y como había hecho caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y, ahora, de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 25 de marzo que exige un alto el fuego. Está claro que Israel no se siente obligado por las medidas provisionales adicionales.
El respaldo al parecer inquebrantable que Israel recibe de Estados Unidos y de las potencias coloniales occidentales permite a este régimen de apartheid y de asentamiento colonial seguir desde hace 75 años con su genocidio y con su política de limpieza étnica, su desposesión y sus otros innumerables crímenes.
Sin embargo, algo está cambiando dentro el sistema: Israel, Estados Unidos y un par de otros promotores impertérritos del genocidio, entre ellos Alemania, están aislados ante toda la comunidad internacional como nunca lo han estado antes. Con cada sentencia y resolución que se acumulan es más obvio que defender el genocidio de Israel inevitablemente obliga a estos países a desmantelar el sistema de las Naciones Unidas y la totalidad de las normas del derecho internacional.
Aunque incluso para las potencias occidentales es una ardua tarea, parecen dispuestas a aceptar el reto. Pero, ¿podrá sobrevivir a ello el resto de la comunidad mundial? Como dijo el presidente de Colombia Gustavo Petro cuando empezaba el genocidio, “Gaza es solo el primer experimento para considerarnos a todos y todas desechables”. Independientemente de lo deficientes que sean, tenemos que salvar el derecho internacional y la ONU.
La sentencia de 2004 de la CIJ sobre el muro del apartheid israelí nos enseñó que, aunque la CIJ por sí sola no haga cumplir sus sentencias ni proporcione justicia al pueblo palestino, con todo sus palabras pueden tener poder.
Israel ya había anunciado que iba a ignorar a la Corte y los Estados no iban a garantizar que se aplicara su sentencia [de 2004]. No obstante, el énfasis que puso la sentencia en la responsabilidad internacional ante las violaciones del derecho internacional por parte de Israel provocó la formación del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) liderado por personas palestinas que nació el 9 de julio de 2005, en el primer aniversario de la sentencia. Ante la complicidad estatal y de las empresas, la gente pasó a la acción.
El llamamiento de BDS sigue siendo un momento fundamental.
El BDS ha puesto el foco en la impunidad israelí y la necesidad de acabar con la complicidad mundial no solo con la ocupación militar de Israel, sino con todo su sistema de apartheid y de limpieza étnica basados en el asentamiento colonial. Hoy la solidaridad significa exigir que se asuma la responsabilidad por los crímenes israelíes y la de aquellos que son cómplices de estos crímenes o los consienten.
Este movimiento global antiapartheid ha obligado a gigantes de las multinacionales, desde Veolia a Microsoft, G4S y muchos otros, a poner fin a sus sucios negocios con Israel. Ha llevado a artistas, académicos y políticos a romper sus vínculos de complicidad y ha acabado con acuerdos militares. El BDS sigue generando un inquebrantable consenso y sigue siendo un continuo resquicio de esperanza para el pueblo palestino. Para los esfuerzos del pueblo palestino es fundamental exigir a la ONU que investigue y desmantele el régimen de apartheid de Israel, en vigor desde hace ya 75 años. Pero antes de que se pudiera hacer, Israel empezó el crimen de los crímenes: el genocidio en Gaza.
No hemos actuado a tiempo. El mundo no impidió el genocidio. Cada día fracasamos a la hora de forzar que se imponga un alto el fuego y detener el genocidio. Pero no podemos fracasar. Tenemos que replantearnos esta situación.
Más allá del aumento generalizado tanto de los boicots de consumidores (que empresas como McDonald’s han sentido con fuerza) como de los boicots académicos y culturales, las flagrantes atrocidades que Israel comete a diario en Gaza han hecho que muchos gobiernos actúen. Algunos países han cortado o reducido las relaciones diplomáticas. Malasia decidió prohibir el acceso a sus puertos a buques israelíes y a buques con destino a Israel. El Fondo Soberano de Noruega, el mayor del mundo, desinvirtió la totalidad de sus casi 500 millones de dólares en bonos israelíes.
Pero la orden vinculante de la CIJ dio un nueva fuerza a la presión popular. Gobiernos de todos los continentes empezaron a cortar las relaciones militares con Israel. Los gobiernos tienen la obligación legal de “utilizar todos los medios de los que razonablemente dispongan» para detener finalmente el genocidio y evitar la complicidad, mientras que las empresas se arriesgan a incurrir en responsabilidad legal.
La sentencia inclinó la balanza en Japón, donde el gigante comercial Itochu prestó atención a las peticiones de poner fin a la cooperación con la mayor empresa militar israelí, Elbit Systems. Bélgica anunció la prohibición de las exportaciones militares a Israel. Un tribunal holandés ordenó al gobierno bloquear todas las exportaciones a Israel de piezas de aviones de combate F-35. Canadá decidió prohibir las exportaciones de armas a Israel. España e Italia afirman que dejaron de vender armas a Israel después del 7 de octubre. Colombia ha suspendido todas las importaciones de armas israelíes. Varias causas judiciales contra funcionarios de los gobiernos estadounidense y alemán denuncian la complicidad con el genocidio.
Al mismo tiempo los expertos en derechos humanos de la ONU han advertido que está prohibido exportar armas a Israel y exigen sanciones al comercio, las finanzas, los viajes, la tecnología y la cooperación. En su último informe a la Asamblea General de la ONU la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados Francesca Albanese pide sanciones [a Israel], incluido un embargo militar, con el fin de imponer un alto el fuego y que acabe el genocidio. Albanese pide a la Asamblea General que “elabore un plan para acabar con el statu quo ilegal e insostenible que constituye la causa fundamental de la última escalada, que acabó culminando en el genocidio de Gaza, incluso mediante la reconstitución del Comité Especial de la ONU contra el Apartheid”.
Durante la lucha de Sudáfrica [contra el apartheid] el Movimiento de Países No Alineados fue fundamental para reunir el apoyo mundial necesario para derrotar al apartheid basado en sus principios fundacionales de anticolonialismo, desarme, antirracismo y autodeterminación. Hoy personas de todo el mundo tenemos que presionar a los Estados para que actúen individualmente y reconstruyan una alianza que, como mínimo, pueda hacer cumplir la misión de la Convención contra el Genocidio de defender “los principios más elementales de la moral”, impedir y acabar con los crímenes contra la humanidad, y salvar la ONU y el derecho internacional.
Tenemos que presionar a los Estados, especialmente en todo el Sur global, para que redoblen y lideren una acción política eficaz y coordinada, con sanciones incluidas, para detener el genocidio y, finalmente, desmantelar el apartheid israelí.
Como movimiento mundial de BDS, tenemos que cortar de raíz la complicidad académica, cultural, corporativa y estatal. En adelante los colores de Palestina tiene que convertirse en los colores de la humanidad. El doble rasero, la complacencia y el “whataboutism” [1] ante los crímenes de Israel son complicidad.
El genocidio de Israel en Gaza no será un momento crucial para la humanidad, sino para los crímenes de Israel contra la humanidad.
Maren Mantovani es la coordinadora de relaciones internacionales de la Campaña Stop the Wall.
Nota de la traductora:
[1] El “whataboutism” (del inglés “what about”, que se podría traducir como “¿y qué pasa con..?”) es un término peyorativo para designar la estrategia de responder a una acusación con una contraacusación en vez de con una defensa de la acusación original.
