En medio de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, la Comunidad de Madrid enfrenta ahora a una crucial batalla legal para mantener, en secreto o no, las actas de las residencias de mayores. Entre acusaciones de opacidad y demandas por transparencia, surge un intenso debate sobre el derecho a la información y la privacidad de los afectados.”
Por Aday Quesada
Según informó este lunes la prensa madrileña, la Comunidad de Madrid, bajo el autocrático liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido una batalla legal con el objetivo de que se mantengan ocultas las actas de inspección de las residencias de mayores durante la pasada crisis de la covid-19.
La airada actitud de la presidenta madrileña responde a la demanda de un ciudadano de poder acceder a los citados documentos, una solicitud que fue inicialmente negada por la Administración regional, pero que, tras la intervención del “Consejo de Transparencia”, se ha terminado convirtiendo en un asunto de amplio interés público.
¿Por qué la Comunidad de Madrid recurre a la justicia para retener información?
Desde que comenzó la pandemia, las residencias de mayores se han encontrado en el ojo del huracán, siendo estos uno de los lugares más dramáticamente afectados por el virus.
La solicitud de un particular, que buscaba transparencia en las acciones tomadas dentro de estos Centros, termino destapando una suerte de caja de Pandora sobre cómo la Comunidad de Madrid gestiona la información considerada por ellos mismos como “sensible”. A pesar de los alegatos esgrimidos por la presidenta sobre la protección de datos personales y el voluminoso trabajo que implica despersonalizar los documentos, muchos se cuestionan si realmente lo que se esconde tras esas excusas es una realidad más compleja, inconfesable y potencialmente incriminatoria.
Un conflicto entre la transparencia y la privacidad
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido litigar en los tribunales para tratar de impedir hacer públicas las actas de las reuniones en las que se tomó la decisión de no dar asistencia hospitalaria a los mayores de las residencias durante la pandemia de la COVID-19. En total, también tras esa orden del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, murieron en esos centros más de 7.300 mayores. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para vetar la publicación de las actas.
La decisión de la “Comunidad de Madrid” de impugnar la orden del “Consejo de Transparencia” y llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha puesto de manifiesto una tensa lucha entre el derecho del público a la información y la necesidad de proteger los datos personales de los afectados. Sin embargo, el argumento del Consejo de que es posible ocultar la identidad de las personas mencionadas en las actas sugiere que existen caminos para cumplir con ambos principios.
La respuesta de la sociedad civil ante el ocultamiento de información
La batalla legal no solo ha despertado el interés de los medios de comunicación y el escrutinio público, sino que igualmente ha reforzado la determinación de los colectivos y familiares de las víctimas por buscar justicia y verdad. Manifestaciones y vigilias se han convertido en un símbolo de la lucha por la dignidad de aquellos que sufrieron y murieron en las residencias, elevando la cuestión de la transparencia gubernamental a una de las preocupaciones centrales en el debate público.
¿Qué sigue en este enfrentamiento por la transparencia?
Con la friolera de más de 34.571 muertes registradas en residencias en todo el Estado durante la pandemia, la demanda por claridad y rendición de cuentas es más fuerte que nunca. La decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo determinará el futuro de estas actas, sino que también sentará un explosivo precedente en cómo la Administración maneja la información crítica y su relación con el derecho a la transparencia de la ciudadanía.
