Hay propuestas que lejos de ser soluciones que detengan el cambio climático -asegurando la eliminación de la extracción y consumo de gas, petróleo o carbón, o la protección de las comunidades y la naturaleza- son un ardid para que el norte global continúe sin alterar sus hábitos de consumo y vida, y el sur siga extrayendo petróleo, o ahora litio.
Chile, Argentina y Bolivia países que la industria ha rebautizado como “el Triángulo del Litio”, son naciones con reservas de este mineral, considerado como esencial por los europeos para llevar adelante su transición energética hacia la electromovilidad.
“Efectivamente el litio permite la electromovilidad, pero la explotación minera de este mineral tiene fuertes consecuencias en los territorios, en su medioambiente y en los pueblos indígenas que habitan esos lugares” señala desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Lucio Cuenca, entidad que ha acompañado por años la lucha de las comunidades en defensa de su forma de vida.
El documental “Maricunga” (2021), una realización conjunta de OLCA, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y el periódico Resumen aborda el tema. En el territorio nortino de Atacama (Chile) está situado el salar Maricunga, junto a otros numerosos humedales, una rica biodiversidad donde habitan poblados y comunidades del pueblo indígena Colla. Maricunga está al interior del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, y en las cercanías del Volcán Ojos del Salado.
En respuesta a los anuncios del gobierno de Chile respecto de nuevas intervenciones que afectarán ese y otros salares, y a medidas similares en curso en Argentina y Bolivia, se están realizando encuentros con comunidades de estos tres países para diagnosticar amenazas y proyectar estrategias sobre los conflictos que se viven en el territorio ante el avance de la agenda de explotación minera.
En Copiapó (Chile), tuvo lugar a fines de mayo de este año un encuentro, organizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL, OLCA, el Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural – CECPAN y la Comunidad Indígena Colla, Comuna de Copiapó. Un foro inicial abordó experiencias, amenazas y puntos críticos que vividas en los tres países.
En la actividad, participaron panelistas del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (Chile); de la citada Comunidad Colla; de la Asamblea de Fiambalá Despierta de Catamarca, Argentina, y del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Ellos compartieron las amenazas y puntos críticos respecto del tema.
Una propuesta de científicas
Científicas de la agrupación Halófilas (las doctoras Cristina Dorador, Verónica Molina, Olga Barbosa y Gladys Hayashida) enfatizan un punto clave al sostener que los salares de donde se extrae el litio no son minas sino humedales. Señalan ellas: “La ciencia ha demostrado una y otra vez que los salares son ecosistemas únicos, complejos… por lo que juegan un papel importante en la regulación del clima local y global.”
La propuesta de las científicas es un conjunto de medidas con una mirada a largo plazo sobre la política nacional del litio, llama a considerar la prohibición de la explotación minera al interior de parques nacionales; a transparentar las aguas a utilizar en la cadena de producción del litio, y la huella de carbono en su procesamiento y transporte, para evidenciar el costo ambiental de esta supuesta «economía verde».
Recalcan asimismo que las comunidades humanas locales, la flora, fauna y microorganismos dependen del agua de humedales desérticos y salares, la que no es reemplazable por agua desalinizada. Otras voces latinoamericanas se levantan para alertar sobre estas iniciativas que se recubren de un manto verde.
Desde Bogotá, la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para exigir justicia Climática, sostuvieron en declaración de cierre de su reciente Encuentro: “Renovamos nuestro compromiso para trabajar y luchar de manera articulada con otras organizaciones y movimientos sociales en contra del extractivismo depredador y de todas las falsas soluciones impulsadas por corporaciones y gobiernos, así como promover y visibilizar las alternativas construidas por las comunidades desde los territorios.”
Asimismo, reiteraron el derecho de los pueblos a la participación efectiva en soluciones reales y justas para enfrentar el cambio climático, como dejar todos los combustibles fósiles bajo tierra, acabar con el modelo agro-industrial y eliminar la minería a gran escala.
En los debates, los representantes de organizaciones de Ecuador, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela junto a otras entidades globales, profundizaron en su análisis del capitalismo verde y las falsas soluciones.
Entre otros aspectos reseñaron que esas propuestas corporativas incluyen acaparar tierras o reconvertir su uso agrícola en plantas eólicas o solares, o en monocultivos del agronegocio, generando nuevas fuentes de lucro para los responsables del calentamiento global: los grandes contaminadores, apoyados en ocasiones por las transnacionales de la conservación.
Aseguran que estas propuestas de mitigación de emisiones o de transición a energías renovables, en realidad son compensaciones monetarias, o sustitución de un extractivismo por otro, con el pretexto de descarbonizar. Así una puede empresa contaminar un territorio, para ser “conservacionista” en otro y recibir además dinero por hacerlo.
Estrategias de comunicación
Y atención trabajadores de la comunicación: los luchadores socioambientales advierten que las estrategias de comunicación de los promotores de las falsas soluciones, confunden a sus audiencias con el uso de palabras de contenido social y ecológico. Utilizan términos como transición, desarrollo sostenible, capital natural, o soluciones “basadas en la naturaleza”. Y Angloamerican, empresa de la megaminería, habla de “minería sustentable” en su propaganda corporativa.
Las falsas soluciones implican grandes inversiones, pero no se hacen cargo ni siquiera de reparaciones mínimas para cubrir los impactos en la naturaleza y en la calidad de vida que generan en las comunidades locales donde se aplican.
Reconoce la Plataforma Latinoamérica y del Caribe por la Justicia Climática que el avance de estas fórmulas es facilitado por la falta de transparencia y participación social que caracterizan nuestras democracias, y su aplicación, que por lo general tiene lugar en zonas rurales precarizadas, acarrea violaciones de derechos humanos, derechos sociales y de la naturaleza.
Sumamos a ello que los Estados usan para ello mecanismos de protección extrema de las inversiones a través de los tratados de libre comercio como el TPP11, o los tratados Mercosur/UE, México/UE y Chile/UE, estos dos últimos firmados, pero aún no discutidos en los respectivos congresos de los países latinoamericanos.
Los megaproyectos en boga, se promocionan como mitigadores del cambio climático, un efecto sólo comprobable por sus expertos, que no alcanza a las personas afectadas o los habitantes de un territorio en general. Así buscan deslegitimar las acciones de lucha de las comunidades frente al cambio climático y la construcción de alternativas desde los pueblos.
Fuente: Liberacion
* Imagen: Mapa del Triángulo del Litio en la Diagonal Arreica. Autor Mamayuco. Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
