En un país como Colombia, en el que unos pocos han detentado el poder político, económico y social, que hayan propuestas como la reforma a la salud, es una amenaza. Se acabaría el negocio que por años les ha generado dividendos a quienes históricamente se han creído los dueños del país.
Las transformaciones que vive Colombia comenzaron el 21 de noviembre del 2019. Esos cambios progresivos interpretan la inconformidad de los colombianos que anhelaban salir del atraso que por años experimentó el país, sumido en la politiquería, el canibalismo entre quienes posan de ser líderes y quieren seguir detentando el poder, y las profundas desigualdades sociales que hacen a los ricos cada vez más ricos, y a los pobres, más pobres.
Ese 21 de noviembre hace poco más de tres años, se realizó la primera movilización que tuvo su momento de maduración el 28 de abril del 2021 y se fortaleció con las movilizaciones que acompañaron el Paro Nacional, el más grande de la historia colombiana.
“Y justo porque estamos viviendo un cambio que le ha dado voz a los marginados, las reacciones de la clase política y económica tradicional no se ha hecho esperar, poniendo trabas a las reformas a la salud, la pensional y la laboral”, advierte el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, quien hizo una descarnada radiografía del ambiente reinante al intervenir en la Junta Departamental de esa organización, que sesionó en el Valle del Cauca.
“Contrario a lo que pasaba en el gobierno de Iván Duque, cuando el pueblo salió a protestar por su paquete de reformas, hoy la clase popular sale a las calles para defender las reformas propuestas por el presidente, Gustavo Petro”, indicó al tiempo que dijo, las iniciativas harán un tránsito satisfactorio en el legislativo en respuesta a la presión ciudadana.
CAMBIOS QUE FAVORECEN A LAS CLASES POPULARES
Las reformas propuestas por el otrora presidente Duque, iban en detrimento de las garantías de los trabajadores. Pretendía disminuir la pensión a menos de la mitad del salario mínimo.
Los ajustes en materia laboral, buscaban frenar toda posibilidad de evitar que se siguiera perdiendo la capacidad adquisitiva de los colombianos, y la salud que hoy está en el ojo del huracán, iba a terminar enriqueciendo aún más a los pocos privilegiados que tienen en sus manos el negocio de las EPS, las IPS y demás entidades que la conforman.
“La intermediación de las EPS que tomó vuelo durante el gobierno de Uribe, debe terminar. Es un negocio que favorece a unos pocos y genera anualmente ganancias en el orden de los 7 billones de pesos”, asegura Francisco Maltés Tello.
Esa cifra astronómica que comparte el presidente de la CUT, explica por qué motivos los partidos políticos se oponen a la reforma a la salud. De salir airosa esta iniciativa, ellos –los politiqueros—estarían matando la “gallina de los huevos de oro”.
La reforma a la salud que propone Petro, se encamina a mejorar la atención a los usuarios con más centros a los que puedan acudir, formalizar a los servidores de la salud que hoy son explotados, fortalecer la red hospitalaria y algo que parecía imposible hace algún tiempo: la formalización laboral de quienes cumplen funciones permanentes.
LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO
Las oficinas de muchas entidades territoriales se han convertido en el muro de los lamentos para los contratistas. Cada tres o seis meses andan detrás de los dirigentes de su partido, a la espera de que les dé el visto bueno y puedan proseguir con el contrato. Es un drama que viven 1.200.000 personas que sobreviven con las órdenes de prestación de servicios.
“La meta es que por fin se les hagan valer sus derechos. Aun así, los propietarios de las plataformas de servicio a domicilio, presionan a quienes sobreviven de esa forma de vinculación para que salgan a protestar por las reformas que propone el gobierno y que los favorece directamente a ellos, como trabajadores”, señala Francisco Maltés Tello, tras reconocer que muchos salen a movilizarse por dos motivos: son víctimas de la presión de los empresarios o, sencillamente, desconocen el alcance de las reformas.
“La tesis de que se perderán este año más de 500 mil empleos, es puro cuento. Lo que se acabará es la rampante explotación. Si se tiene un contrato de más de dos años, la vinculación deberá ser permanente. Es decir, pasarán a ser de planta.” El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores es optimista por el panorama futuro: “Se acabarán los llamados contratos sindicales, que son una aberración y los pactos colectivos, que buscan frenar a las organizaciones sindicales. Es decir, los patronos dan lo que quieren y no lo que necesitan los obreros”.
EL VALLE DEL CAUCA, CUNA DEL ESTALLIDO SOCIAL
Las apreciaciones de Francisco Maltés Tello al intervenir en la Junta Departamental de la CUT, revisten singular importancia ya que se comparten en el Valle del Cauca, cuna del estallido social del 2021 en Colombia.
“Es comprensible: los empresarios se sienten preocupados por los cambios que se vienen gestando en el país. Ellos, que siempre han cabalgado sobre los hombros de la clase trabajadora para enriquecerse, quieren que las cosas sigan igual”, asegura el presidente de la Central.
Entre las iniciativas revolucionarias, en el mejor sentido de la palabra, se cuentan el fortalecimiento de Colpensiones, la renta solidaria para personas mayores de 65 años que hoy no tienen ninguna oportunidad, la pensión para quienes—teniendo la edad—hayan cotizado más de 1000 semanas y la renta vitalicia con base en los ahorros.
Con ese panorama, era apenas previsible que la clase empresarial no presentara ninguna propuesta durante las jornadas de trabajo que permitieron estructurar el proyecto de reforma pensional.
“Se avecina una batalla larga y difícil en el Congreso—advierte Francisco Maltés Tello—y es en las calles donde los colombianos debemos hacer sentir la fuerza y el anhelo de que sigan los cambios. Ahora estamos en un momento crucial en el que se debe avivar la lucha social”
Destacó la acogida de las ministras del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y de la Salud, Carolina Corcho.
LOS TRABAJADORES AHORA TIENEN VOZ
Por su parte Omar Romero, también miembro del Comité Ejecutivo de la CUT Colombia, resaltó que en el gobierno de Gustavo Petro Urrego, los trabajadores han tenido eco.
Destacó, por ejemplo, que los obreros ahora son reconocidos como víctimas, derecho que les asiste a quienes a lo largo de la historia han sufrido persecuciones, asesinatos y los vejámenes propios de gobiernos que se precian de democráticos, pero en la práctica tienen más cercanía con las estrategias reaccionarias de las dictaduras.
“Es significativo que serán objeto de reparación” aseguró tras recordar que muchos fueron asesinados alevemente, como Henry Cuenca vega, Dionisio Hernán Calderón y sinnúmero de víctimas de crímenes que, cosa curiosa, quedaron en la impunidad.
Ahora tendrán que materializarse, tanto exigencias como recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que durante los gobiernos tradicionales cayeron en saco roto. Como buscaban reparar, cobijar y proteger a la clase trabajadora, sencillamente cayeron en el olvido.
Las organizaciones sindicales presentes en el Plenario de la CUT coincidieron en aprovechar el momento histórico, con un gobierno alternativo, de cara a avanzar en las reformas que requiere el país para eliminar las brechas sociales.
