La crisis política que estalló en Bolivia el año pasado, después de unas cuestionadas elecciones y el golpe de Estado en contra de Evo Morales, tendrá un capítulo crucial el próximo domingo con la realización de unos comicios presidenciales que pondrán fin al gobierno de facto de Jeanine Áñez, y que serán vigilados por observadores de múltiples organizaciones internacionales en medio de un clima de tensión latente.
Luego de que se invalidaran las elecciones del 20 de octubre del 2019, el Tribunal Supremo Electoral había fijado la nueva cita con las urnas para el 3 de mayo con la intención de que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergarlas por dos semanas, hasta el 17 de mayo. Más tarde se pasaron para el 6 de septiembre. Y, finalmente, se llegó a un acuerdo para establecer como fecha inamovible el 18 de octubre.
La incertidumbre cubrirá la histórica jornada electoral, ya que al cierre de las casillas solo se darán a conocer resultados preliminares. El Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de siete días para dar a conocer las cifras finales.
El eje de la campaña por parte del gobierno de facto y del resto de los opositores al masismo es evitar a toda costa el triunfo de Arce, aunque no lograron construir una candidatura de unidad. Desde el MAS, en tanto, el objetivo es regresar al poder.
La importancia de las elecciones queda en evidencia ante el alud de observadores internacionales que supervisarán la jornada, entre ellos los representantes de la Unión Europea, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Organismos Electorales de América, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista.
1. ¿Qué se elige?
Alrededor de 7,3 millones de bolivianos podrán elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán por el periodo 2020-2025. Poco más de 300.000 están habilitados para sufragar desde el extranjero.
Para ganar se debe obtener el 50 % más uno de los votos, o el 40 % de los sufragios, pero con una diferencia mínima de 10 puntos con respecto al segundo lugar.
En caso de que ello no ocurra, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 29 de noviembre.
Los comicios también servirán para renovar el Parlamento, ya que se elegirán 36 senadores y 130 diputados.
2. ¿Quiénes son los candidatos?
- Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS)
Es un economista y catedrático universitario de 57 años que ocupó en dos ocasiones el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas durante los gobiernos de Evo Morales. En enero pasado fue elegido como candidato presidencial. Su compañero para la vicepresidencia es el excanciller David Choquehuanca.
Durante toda la campaña, el gobierno de Áñez intentó anular la candidatura de Arce. En la recta final incluso lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito. A pesar de todo, el candidato encabeza las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 30 % al 42,2 %, pero que todavía es insuficiente para garantizar una victoria en primera vuelta.
- Carlos Mesa Gisbert, candidato de la alianza Comunidad Ciudadana
Es un famoso periodista y escritor de 67 años que ya gobernó el país. En 2002 se postuló como candidato a la vicepresidencia de la fórmula que encabezaba Gonzalo Sánchez de Lozada y que ganó por un escaso margen. Un año más tarde, Sánchez de Lozada renunció acosado por las protestas sociales y las decenas de muertos que dejó la represión ordenada por su gobierno, se fugó a EE.UU. y entonces su lugar fue ocupado por Mesa, quien, a su vez, solo pudo ser presidente durante un año y siete meses. Renunció a mediados de 2005.
Desde entonces retomó su vida académica e intelectual, y recién el año pasado decidió volver a postularse. Es considerado un político "moderado", ya que no adhiere a los movimientos de ultraderecha que existen en el país y que se visibilizaron después del golpe de Estado. De acuerdo con las encuestas, tiene una intención de voto del 24,5 % al 33,1 % y es el único que podría disputar una segunda vuelta contra Arce.
- Luis Fernando Camacho, candidato de la alianza Creemos,
Se trata de un empresario ultraderechista de 41 años y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que fue uno de los principales impulsores del golpe contra Morales después de las fallidas elecciones del año pasado.
Las encuestas anticipan un voto a su favor del 10,7 % al 16,7 %, razón por la cual ha recibido presiones para que renuncie, lo que beneficiaría la candidatura de Mesa.
Los otros candidatos son Chi Hyun Chung, del Frente para la Victoria; Feliciano Mamani, del Partido Acción Nacional Boliviano; y María de la Cruz Bayá, del Partido Acción Democrática Nacionalista, quienes de manera conjunta no alcanzan el 5 % de intención de voto.
3. ¿Y la pandemia?
Las elecciones se realizan en medio de circunstancias inéditas, no solo porque son organizadas por un gobierno de facto, sino por la pandemia de coronavirus, que ha dejado en Bolivia un saldo de 138.922 contagios y 8.351 muertes.
Por eso, la jornada electoral estará marcada por imágenes de votantes con cubrebocas, mascarillas y lentes protectores, que deberán mantener distancia social en las filas y tendrán que evitar todo contacto físico con los funcionarios de los centros de votación, los cuales, a su vez, contarán de manera permanente con alcohol para desinfectar las superficies.
De acuerdo con el protocolo aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, se ampliará el horario de votación para facilitar la participación ciudadana, además de que solamente las personas de 18 a 50 años podrán ser funcionarios de casillas, lo que evitará la exposición de personas mayores que forman parte de la población en riesgo de contagiarse.
4. ¿Cómo se llegó hasta aquí?
Estas elecciones son resultado de la crisis política que comenzó el 20 de octubre del año pasado, cuando se llevaron a cabo los comicios en los que Evo Morales buscaba su reelección.
El exlíder cocalero ya había ganado en 2005 con el 53,72 % de los votos; en 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a ganar con el 63,36%. Pero en esta ocasión su gobierno se enfrentaba a un desgaste, producto en parte a su insistencia en postularse a pesar de que, en un referéndum que él mismo promovió, la mayoría de la población votó en contra de que volviera a ser candidato.
Con el conflicto electoral en plena ebullición, Morales se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados por una interrupción en el conteo de votos. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa, quien de inmediato denunció un fraude.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. La estrechez de la victoria fue el motivo que utilizó la oposición para azuzar las protestas en el país e intentar cuestionar la legitimidad del comicio, una tarea para la que contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El 10 de noviembre, Morales convocó a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero el mismo día la OEA publicó un polémico informe en el que denunciaba un supuesto fraude electoral que, meses después, fue desmentido por diferentes informes independientes.
Acosado por el clima de violencia política, que incluyó decenas de muertos, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que duró 13 años y nueve meses, y que hasta ahora ha sido el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a los esfuerzos y la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México tras un viaje en avión lleno de trabas. Ahí permaneció un mes, hasta que pudo trasladarse a Buenos Aires, ya con el gobierno de Alberto Fernández, en donde se encuentra en condición de asilado.
Desde la capital argentina, Morales trato de reagrupar al MAS, impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora y anunció su candidatura al Senado, pero las autoridades electorales lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse en su país. El expresidente denunció una proscripción.
5. ¿Y el gobierno de facto?
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que solo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se preparaban unas elecciones a las que dijo que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura que mermó por completo su de por sí escasa popularidad. Apenas el mes pasado, la presidenta de facto, que cumplirá un año en un puesto para el cual no fue votada, tuvo que renunciar a postularse debido a los bajos niveles de simpatías electorales que le vaticinaban las encuestas.
También fracasó en sus intentos de proscribir la postulación de Arce y de lograr que todos los líderes antimasistas se unieran en una sola candidatura.
Desde que comenzó a gobernar y hasta los últimos días de la campaña, Áñez ha reiterado que su principal meta es evitar a toda costa el regreso del MAS al poder, a pesar de que esa es una decisión que deberán tomar los bolivianos en las urnas.
