La reunión de las naciones miembros del TIAR se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos, con la ausencia de la delegación del Gobierno de Cuba y la abstención al voto de Trinidad y Tobago.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, anunció el retiro de esa nación suramericana del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), tras la activación de este acuerdo defensivo que fue respaldado por los países miembros con 16 votos a favor, el pasado lunes 23 de septiembre de este año.
El canciller uruguayo afirmó además que la administración de ese país estima denunciar este plan intervencionista ante el despacho de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Nos retiramos del tratado por obsoleto, por inconducente, por el uso inapropiado del mismo", denunció el representante de la diplomacia uruguaya este martes 24 de septiembre.
De acuerdo con la resolución aprobada en Nueva York por los países que integran el TIAR, el "territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
No obstante, el canciller Nin Novoa alertó que esta es una estrategia que solo pretende legitimar una intervención armada en Venezuela.
"Nosotros vamos a oponernos a que este mecanismo, por lo menos en su fase extrema, se ejecute, que es la intervención directa en el conflicto venezolano", alegó Nin Novoa al finalizar la votación del pasado lunes.
Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y finalmente Cuba, son las naciones que integran este tratado firmado en 1947.
El Gobierno de Venezuela decidió salirse del TIAR en 2012, por lo cual considera que la activación del tratado es ilegal.
