La Justicia ecuatoriana formuló cargos contra 13 policías por estar involucrados, presuntamente, en un intento de secuestro del presidente en la revuelta de 2010.
“(La) Fiscalía procesa a 13 policías por plagio en el caso 30-S”, informó el vienes la Fiscalía del país andino en su cuenta de la red social Twitter, en alusión a la crisis de seguridad vivida el
30 de septiembre de 2010 (conocida como 30-S) a raíz de una protesta contra una ley salarial.
El Gobierno ecuatoriano interpreta los hechos de 2010 como un intento de golpe de Estado orquestado por la oposición, apoyado desde el extranjero, en contra del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre quien surge la idea de ser secuestrado cerca de nueve horas en un hospital, rodeado por policías inconformes y donde había ingresado a consecuencia de lesiones en una rodilla durante la revuelta.
En la audiencia del 19 de agosto, el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia Geovanny Freire abrió una instrucción fiscal por 90 días contra los uniformados, a quienes prohibió salir del país y les obligó a presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
Asimismo, el fiscal Fabián Salazar presentó 50 informes periciales de material audiovisual, basados en datos de peritos nacionales y colombianos y de la reconstrucción de los hechos, efectuada en 2015 con la colaboración de especialistas venezolanos, formulando así cargos contra los 13 uniformados.
“Son vídeos públicos donde se puede constatar la presencia de varios sujetos, entre ellos los procesados, que piden al presidente de la República que si quiere salir tiene que rever una ley (…) Una de las frases eran secuéstrenlo, mátenlo”, reveló Salazar.
La revuelta policial de 2010 dejó ocho fallecidos y 274 heridos, además de suponer un inicio para actos desestabilizadores de la oposición ecuatoriana en contra de la Administración de Correa.
El 2015 fue un año "extremadamente duro" para Ecuador, pues fue escenario de masivas marchas opositoras contra el primer paquete de enmiendas propuestas por el Gobierno sobre redistribución de la riqueza, mediante las leyes de herencia y plusvalía. La oposición aun sigue actuando en contra del segundo paquete de enmiendas a la Constitución y otras medias del Ejecutivo.
