El Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC-FARC) y el Gobierno de Colombia culminaron este jueves el tercer ciclo de conversaciones, que se realizó en Bogotá.
Esta ronda de diálogos, iniciado el pasado 11 de enero, coincidió con la prórroga del cese el fuego bilateral y temporal entre el Gobierno y el EMC, que había sido firmado por ambas partes en octubre de 2023 y que culminó el pasado lunes.
En el ciclo que terminó se consignó el quinto acuerdo entre las delegaciones negociadoras, donde se establece el alto al fuego hasta el 15 de julio, que nuevamente podrá ser extendido.
Uno de los acuerdos alcanzados entre los equipos negociadores, según detalla el medio La Silla Vacía, se refiere a la ruta para la participación social, el compromiso socioambiental, las transformaciones territoriales y los aspectos humanitarios, jurídicos y de seguridad.
En el documento difundido por el citado medio, el EMC ratifica su disposición poner fin a las “retenciones con fines económicos”, calificadas de secuestros extorsivos por el Gobierno, mientras dure el cese al fuego.
La retención de personas con fines económicos se ha constituido en un punto de inflexión en las negociaciones que mantiene el Ejecutivo colombiano con distintos grupos, en el marco de la política de ‘paz total’, tras el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el pasado octubre.
Asimismo, el EMC reitera las acciones humanitarias para “la prevención de contacto armado, retorno de civiles y/o combatientes y realización de corredores humanitarios, entre otros”.
En la misma línea, se compromete a acatar el Derecho Internacional Humanitario “cuanto a vinculación de integrantes a sus estructuras armadas”.
Otros acuerdos
En el contexto de la mesa de diálogo, se definirán “acciones de respeto a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y demás sectores sociales” y se “buscará lograr reducciones en las afectaciones a la población civil”.
Asimismo, las partes contribuirán con los programas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, localización y entrega en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En este nuevo ciclo se acordó conformar una comisión jurídica mixta con el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), para realizar un censo de los miembros del Estado Mayor Central privados de libertad y de los que tienen “situación jurídica por resolver”.
En cuanto a la transformación territorial estructural, se generarán las condiciones para la ejecución de acuerdos parciales de implementación inmediata en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander y Putumayo, donde hay presencia del EMC, para “mejorar las condiciones de vida de la población”.
Cese al fuego no puede condicionarse
La renovación del cese al fuego bilateral acordado entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que vence el próximo 29 de enero, dependerá de que el grupo insurgente abandone definitivamente el camino de la violencia, afirmó este miércoles el presidente colombiano, Gustavo Petro.
“Eso depende también de ellos. Estamos hablando de una relación entre dos, como en los matrimonios, donde puede haber separación o puede haber un camino mucho más fructífero. Pero las conversaciones van a depender de la voluntad del ELN para abandonar la violencia de manera definitiva en su historia”, sostuvo Petro desde Davos, en conversación con la agencia EFE.
“Se les pide abandonar el camino de la violencia. Dependerá de ellos. Nosotros estamos dispuestos a profundizar el camino de la paz, de la construcción regional democrática y, por tanto, del poder popular en las regiones de Colombia”, añadió.
