Desde hace varias décadas, EE.UU. ha implementado una serie de iniciativas en su frontera sur, con México, para frenar la migración ilegal hacia el país norteamericano.
Desde la estrategia denominada 'Prevención mediante la disuasión', implementada por la Patrulla Fronteriza en 1994 durante la administración de Bill Clinton, pasando por los 'Protocolos de Protección al Migrante' (MPP, por su sigla en inglés), que llegó a conocerse como la política 'Quédate en México, anunciada en 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego con el Título 42 que se puso en marcha en la pandemia y finalmente el Título 8 que entró en vigencia en mayo pasado.
La idea de la creciente militarización de la frontera siempre ha sido la misma: si se dificulta el ingreso a EE.UU. disminuirá la cantidad de personas que intentan hacerlo; sin embargo, esto ha traído consecuencias nefastas, como recoge un informe realizado de InSight Crime, en el que señala que estas medidas fomentan el crimen organizado.
La principal consecuencia de estas políticas ha sido el fortalecimiento de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera.
"Si bien anteriormente el tráfico de drogas y armas dominaba el contrabando transfronterizo, ahora el tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales. También se han multiplicado los riesgos para los migrantes no solo en su trayecto, sino también a lo largo de la frontera con EE.UU.", dice el documento de InSight Crime.
1.- Mercado ilegal cada vez más lucrativo
Uno de los impactos de las medidas estadounidenses es que ha creado un mercado negro de tráfico de personas cada vez más lucrativo. Este traslado ilícito de migrantes, dice el informe, pasó de ser una "operación casera" a convertirse en "una industria multimillonaria", que es controlada en gran parte por grupos del crimen organizado.
Las políticas dictadas en Washington han bloqueado las vías de migración legal y han empujado a los migrantes hacia nuevos corredores más peligrosos, controlados por organizaciones delincuenciales más sofisticadas.
Entonces, señala el documento, "el hecho de que haya mayores riesgos y que se requiera mayor infraestructura y redes más complejas ha llevado al aumento de las tarifas para los migrantes".
InSight Crime recogió el testimonio de un guatemalteco, que pagó alrededor de 10.000 dólares para hacer el viaje. Con base en ello, hicieron un cálculo sobre las ganancias que obtienen los traficantes.
En el año fiscal de 2022, las autoridades estadounidenses encontraron poco menos de 2,4 millones de migrantes en la frontera con México. Si se toma en cuenta que la mitad de ellos, es decir 1,2 millones, pagaron 10.000 dólares para su traslado, este mercado habría conseguido al menos 12.000 millones de dólares.
2.- Victimización
En concordancia con lo anterior, las políticas de migración estadounidense han facilitado que los grupos criminales victimicen a los migrantes. De acuerdo con el informe, estos "se han vuelto bastante vulnerables a la extorsión y el secuestro".
Defensores de derechos humanos contaron a InSight Crime que el número de potenciales víctimas de extorsión y secuestro "creció exponencialmente" con la puesta en marcha del MPP y el Título 42.
En casos de secuestros, los costos de los rescates pueden elevarse hasta los 10.000 dólares, detalla el documento.
3.- Funcionarios corruptos
La victimización no solo llega de parte de las organizaciones criminales. De acuerdo con los testimonios que los migrantes brindaron a la fundación especializada en crimen, a lo largo del trayecto hay funcionarios de numerosos países que esperan la llegada de los viajeros para victimizarlos de diversas maneras.
"Las políticas de inmigración del gobierno de EE.UU. y la externalización de la aplicación de la ley de inmigración a países como México han propagado la corrupción en el gobierno", dice el informe.
Los migrantes que InSight Crime interrogó explicaron que hay extorsión en casi cada etapa del trayecto hasta la frontera entre México y EE.UU.
"Esto incluye pagos a la policía local y estatal, a los funcionarios de migración y a integrantes de la Guardia Nacional", detalla el documento.
Uno de los migrantes contó que los agentes suelen abordar los autobuses en el que se movilizan y sueltan la frase: "A ver, muchachos, ya saben cómo es la cosa". Según la investigación, negarse a pagar puede ser un motivo para que les destruyan sus papeles de tránsito, los arresten o los deporten.
También, han denunciado ser víctimas de secuestro por parte de funcionarios de inmigración mexicanos, o quedar detenidos hasta que se pague un rescate. Asimismo, han dicho que esos trabajadores públicos y la policía local transportaban a los migrantes en vehículos oficiales y los entregaban a organizaciones criminales que luego los retenían ilegalmente.
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Sugerencias
Ante toda esta situación, InSight Crime hizo tres recomendaciones a las autoridades. En primer lugar, asignar mayores recursos para ampliar la aplicación CBP One, mediante la cual, los migrantes pueden pedir una cita para el asilo, que actualmente ofrece 1.250 citas diarias.
Segundo, que se condicione un porcentaje de la ayuda estadounidense en materia de seguridad a México para que el Gobierno garantice el resguardo de los migrantes que aguardan en ese país para pedir asilo en EE.UU.
Y tercero, la fundación sugiere que haya un mejoramiento de la infraestructura y mayores recursos disponibles en puertos de entrada y dentro de EE.UU. a los solicitantes de asilo.
