Sara Medina salió de Venezuela iniciando su embarazo, rumbo a Perú. Del antiguo país de los Incas conocía lo que mediante las redes sociales algunos comentaban: ofrecía una economía estable y recibía con fervor a todo tipo de inmigrantes.
Durante los cuatro meses que estuvo en Perú se vio obligada a suspender su control prenatal, importante durante los primeros meses de gestación del bebé, debido a los altos costos de las consultas médicas, las cuales ascendían a 80 soles cada una, más los costos adicionales de las ecografías y exámenes que debía realizarse.
En el país inca no podía acceder a atención médica gratuita, pues “allá absolutamente todos los procesos de salud son pagos”, comentó en entrevista telefónica para la Agencia
Venezolana de Noticias (AVN), y resaltó que en Perú no hay servicios de salud públicos como si existe en Venezuela.
En Venezuela, además, la Revolución Bolivariana garantiza protección a la mujer embarazada en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), asimismo se creó el plan Parto Humanizado, programa que promueve el parto natural y contribuye a poner fin al uso indiscriminado de la cesárea, procedimiento al que apelan algunos profesionales de la salud para obtener mayores ganancias.
El plan Parto Humanizado también contempla un bono protector para las mujeres mientras cumplen el proceso de gestación.
El alto costo de los servicios médicos en Perú no fue la única situación adversa que tuvo que enfrentar junto con su familia. A pesar de ser docente y abogada, Sara trabajó en una tienda 12 horas al día durante el tiempo que permaneció en Perú.
“A los peruanos no les gustaba la idea de que un venezolano les enseñara a sus hijos qué hacer y cómo hacerlo”, por ello se le negó la oportunidad de un empleo en docencia.
En cuanto a la abogacía, “no podía ejercer a menos que hiciera un post grado en derecho internacional y dado al horario de trabajo que tenía no me daba tiempo de estudiar una carrera”, comentó.
En la tienda donde trabajaba Sara, era evidente la diferencia entre el trato y los beneficios de los trabajadores peruanos y los venezolanos.
En ese sentido narró que mientras un peruano tenía un salario de 50 soles diarios y gozaba de días libres, los venezolanos percibían 30 y solo podían librar los días que el centro comercial no abría, sin embargo, si los días de cierre del establecimiento coincidían con el momento en que la tienda debía hacer inventario, eran los venezolanos quienes laboraban.
El rechazo también se evidenciaba en otros espacios. Los hijos de Sara en edad escolar le pidieron a su madre les permitiera faltar al colegio, pues el acoso y las muestras de xenofobia los perseguía en todos los rincones de la escuela.
Los vecinos del edificio donde residían ignoraban su “buenos días”, “lo primero que nos dijeron cuando nosotros llegamos a donde habíamos alquilado era que nosotros no podíamos hacer ruido”, a pesar de que sus vecinos eran bastante ruidosos, explicó Sara.
Al visitar el mercado se encontraban con personas que usaban franelas con un claro mensaje de rechazo: “no se les vende ni se les compra a venezolanos”. Se llegó al punto en que “no les importaba mostrar su desprecio a vox populi”, comentó la venezolana.
“Algunos peruanos no toleran al venezolano, para ellos es muy desagradable la presencia de un venezolano y eso no solamente se ve a nivel de vivienda, y trabajo, lo vas a ver en todos lados, porque todo el que te mira, te mira como si fueras un bicho raro”, añadió.
Sara contó lo difícil que es residir en una nación que no es la tuya, “sobretodo si llegas a un país donde no eres bienvenido”, resaltando que además de la compañía de sus hijos, contó con el apoyo de su hermana, su cuñado y sus sobrinos, y a pesar de que el apoyo familiar es un fuerte impulso, las condiciones son un desgaste emocional y físico muy fuerte.
