Las lágrimas, el desconsuelo y la desesperanza en los rostros de tres mujeres campesinas que se encuentran guardando prisión desde hace unos 40 días en la penitenciaria de Marcala, departamento de La Paz, por el delito de usurpación y el encarnizado sistema judicial que busca encarcelarlas por dos años, son la historia de tantas campesinas que luchan por una parcela de tierra en muchos rincones del país.
Un grupo de familias de la comunidad de Crucitas, Santa María, de La Paz procedieron a recuperar estas tierras; pero al parecer le pertenecen a una mujer de nombre Consuelo Alvarado, con quien iban a reunirse para negociar el precio de los predios, pero ella no quiere a las y los campesinos, sino que se las quiere vender a cuatro terratenientes, los que hacen uso de su poder e influencia para sacar a los campesinos de la tierra que han cultivado por cuatro años.
Antes de poder conciliar, llegaron elementos de la Policía Nacional y reprimieron a las y los campesinos, tirándoles una especie de químico en los ojos, golpearon personas de la tercera edad, mujeres y niños; llevándose varios detenidos entre ellos cuatro menores de edad, hasta el momento se encuentran presos once hombres y tres mujeres.
Las tres campesinas presas son Norma Herrera, Sonia Isabel Gáleas y Gerardina Santos Hernández, miembras de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC).
Geraldina Santos Hernández de 35 años de edad expresó que “teníamos una casita, me llamaron porque nos íbamos a reunir con la dueña de la tierra, pero nos emboscaron, llegaron los policías golpearon a las compañeras” añadió que golpearon a su abuela de 74 años de nombre María Melesia Hernández y a varias mujeres embarazadas.
“Yo estaba con mi sobrino de ocho años, le dije que lo llevaran para su casa, pero no quisieron, lo trajeron a dormir a la posta, los tiraron a dormir en el piso, estuvieron dos días allí, cuatro cipotes con gases en los ojos los tenían rojos, aguantando frio”, denunció Hernández.
Aseguró que José Alberto Reyes (le dicen el cabezón Yánez) supuesto dueño de los predios donde Hernández tenía su casa porta un documento con fecha de este año, pero que no está legalizado, “es el que nos odia a nosotros y nos tiene aquí, a mí me amenazó de muerte, ustedes en un hoyo van a morir nos dijo”.
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Hernández adujo que en una ocasión que se enfrentó “al cabezón” le manifestó que “si yo peleo con vos será por esta tierra, yo no te tengo miedo a vos, ese día amenazo a varias personas”.
Por su parte, Norma Herrera de 43 años, madre soltera de cinco hijos, (madre de uno de los pequeños detenidos) recordó que desde hace cuatro años que se encuentran en posesión de la tierra, pero que el último año empezaron a reprimirlas, que tenían sus casas y plantaciones de café listas para la cosecha, pero que fueron destruidas en el desalojo por los policías.
Herrera mencionó los nombres de los terratenientes, Consuelo Alvarado, José Reyes Yánez y Henry no se acuerda de los apellidos, pero sabe que son cinco los que los mandan a reprimir.
“Nos hicieron una propuesta que iba a llegar la dueña a hacer negocio con nosotros, más bien fue una emboscada que nos hicieron y desde que llego la policía entraron violentos echándonos gases en la cara, una compañera se nos desmayó dos veces en la patrulla”, dijo la agredida.
Mientras tanto, Sonia Isabel Gáleas no pudo contener las lágrimas cuando narró lo que sucedió el día del desalojo violento, al referirse a que podrían permanecer dos años en la cárcel por el delito de usurpación, se le formo un nudo en la garganta y se le apago la voz.
Gáleas tiene tres hijos y no puede creer que posiblemente pueda pasar algunos años en prisión, por el único delito de querer tener una casa para vivir con sus vástagos.
Las campesinas consideran que existe una manipulación al sistema judicial, porque la profesional del derecho que las representa, presento las pruebas para demostrar arraigo, pero ahora les piden constancias de futbol, agua, de trabajo entre otros documentos.
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