Desde diciembre del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tenía claro que en Colombia habría ciertos grupos de empresarios que estarían pactando precios y repartiendo el mercado en el que trabajaban para su propio beneficio, violando el régimen de libre competencia. Sus sospechas fueron tan fuertes que abrieron investigaciones contra azucareros, arroceros y hasta cementeros.
Por eso, el ente regulador emprendió una lucha para sacarlos a la luz y sancionarlos, y para lograrlo trajo al país uno de los modelos más usados por los norteamericanos: la delación. Se trata, ni más ni menos, del Programa de Beneficios por Colaboración. Allí, si uno de los vinculados al ‘cartel de precios’ confiesa su participación y aporta las pruebas suficientes para desmantelar a los ‘cabecillas’ y demás activos participantes, podrá quedar exonerado de la indagación.
Y eso, justo, fue lo que sucedió en el ‘cartel de los pañales’, el que, de acuerdo con la SIC, estaba conformado por las empresas Tecnoquímicas, Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andian, dueños de las marcas Winny Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec. Asegura el ente regulador que estarían violando el “régimen de libre competencia con su participación en acuerdos empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en Colombia desde el año 2000 y hasta el año 2013, fijar la calidad de los mismos y forma de comercialización”.
Todo se supo después de las visitas hechas por los investigadores de la SIC en noviembre del año pasado. Las pruebas eran tan claras que dos de los implicados reconocieron su participación y pidiendo protección de identidad soltaron la información de la que se sospechaba. Desde ese momento y hasta hoy se tienen 700 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y testimonios, además de otras pruebas sobre más de 20 reuniones hechas en el exterior y donde se acordaban detalles de la implementación del ‘cartel’.
El caso tomó mayor fuerza si se tiene en cuenta que el mercado de pañales desechables para bebé en Colombia ha vendido en los últimos 15 años más de $7,7 billones, que son unas 11.300 millones de unidades. Actualmente hay más de dos millones de bebés que usan este tipo de productos en el país y para quienes sus padres invierten medio billón de pesos al año comprando 1.000 millones de pañales.
“En todas las reuniones a las que asistí, existió siempre una llamada previa entre los presidentes, de (...), que (…) me las hacia saber, pues me indicaba que ya había hablado del tema con ellos, y que el objetivo era subir precios y regular el canal. El tema era muy claro: subir precios vía lista de precios y reducción de ofertas al canal, y una vez comenzó a existir la presión del área financiera de (…), se dio la instrucción clara de que el incremento debía ser el 10%”, se lee en las declaraciones que soportan el expediente.
De acuerdo con Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, si una vez se culmine el proceso se declara que existió efectivamente violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, podrá imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta $61.600 millones por cada infracción; y a las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta $1.232 millones. Responsabilidad que tienen que asumir las 44 personas implicadas.
Este es el primer gran golpe que da el Gobierno desde diciembre de 2013 cuando se lanzó la estrategia. En ese momento Robledo fue claro y le dijo a El Espectador: “Vamos a perseguir a los carteles en Colombia y los acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado”. En Estados Unidos, cuando comenzó el programa, al primer año se pasó de desmantelar 7 estructuras de este tipo a 20, pero claro, todas las denuncias condujeron al líder, y este es el único que no se puede acoger a este Programa de Beneficios por Colaboración, que funciona como el principio de oportunidad que tiene la Fiscalía General de la Nación.
