Organizaciones de la sociedad civil lanzan un informe sobre la situación de los derechos humanos de los/las defensores/as del medio ambiente en las Américas. En el informe se profundizan las discusiones de la audiencia pública realizada con las entidades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington (Estados Unidos) el pasado 19 de octubre. El escenario señala que Brasil es el país con mayor número de defensores muertos.

Para la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle, la democracia de las Américas constituye una “desgracia total”, por haber fallado en la protección de los defensores del medio ambiente. De acuerdo con el informe, el Estado y las empresas no están cumpliendo con su deber, actuando directamente en contra de los defensores, ya sea por difamación, por procesos judiciales infundados o por agresiones e intimidación.

En entrevista con Adital, Caio Borges, abogado de Conectas Derechos Humanos, cuenta que la audiencia con la CIDH mostró la existencia de un patrón de violación de los derechos humanos, tanto por parte del Estado como de empresas privadas y de fuerzas paramilitares (milicias). Destaca que el Estado, en vez de proteger a los defensores de los derechos humanos, ha actuado agravando la situación a través de leyes que criminalizan a los movimientos sociales y clasifican a los defensores como terroristas y opositores al desarrollo del país. “Mientras tanto, el número de empresas interesadas en explotar los recursos de las tierras de esas familias sólo aumenta”, revela.

Según el abogado, las empresas realizan espionaje ilegal para obtener informaciones sobre las resistencias de las comunidades y de los movimientos, a ejemplo de lo que ocurre en el Complejo Industrial Portuario de Suape, Estado de Pernambuco. Allí, las personas que viven en la región sufren constantes amenazas. “Los programas de protección a los defensores tienen una limitación de recursos, financieros y humanos, y no logran realizar un monitoreo para proteger a esas personas”, señala.

Las indemnizaciones ofrecidas para desplazar a las familias no son suficientes para que éstas logren establecerse en otro lugar. Borges alerta también sobre otras consecuencias perjudiciales, como los daños ambientales causados por las empresas cuando toman posesión de esos territorios.

La coalición de organizaciones considera a la CIDH el “último recurso” de protección y promoción del trabajo de los defensores y hace un llamamiento para que los Estados, las empresas y la CIDH adopten medidas concretas y eficaces que atiendan a las causas promovidas por los defensores. Para esto, será necesario un cambio completo en la cultura gubernamental y empresarial, en lo relativo a los planes y a la realización de los proyectos extractivos, hidroeléctricos, eólicos y agroindustriales.

Según una investigación de la organización Global Witness de 2015, titulada ¿Cuántos más?, en 2014 fueron 116 los casos de asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente, en 17 países, un promedio de más de dos víctimas por semana. Brasil fue uno de los países más afectados, con 29 muertes. Hubo un aumento de delitos relacionados con proyectos hidroeléctricos, pero entre las causas principales están la minería y la agroindustria. Los datos de la entidad revelan que grupos indígenas representaron el 40% de los asesinados en 2014.

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