Pero ese proceso nunca será fruto de la discordia, la descalificación y el enfrentamiento al que quieren someternos algunos grupos en ambas extremas del espectro político. La violencia por naturaleza antidemocrática y excluyente, debe ser desterrada como método político.
“Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres. Indigna el forzoso abestiamiento de unos hombres en provecho de otros. Mas se ha de hallar salida a la indignación, de modo que la bestia cese, sin que se desborde, y espante.”
José Martí
El “socialismo” que se ha pretendido imponer en Cuba, desde arriba, a partir del predominio absoluto de la explotación asalariada de los trabajadores en las empresas y servicios de propiedad estatal, ha fracasado en lograr una economía desarrollada, una distribución justa, una sociedad participativa y un pueblo feliz con las condiciones de su existencia.
Ya el VI Congreso del PCC en el 2011 lo reconocía en cierta forma, al aceptar la necesidad de actualizar el modelo económico con la introducción de otras formas de producción “no estatales” que podrían dar ocupación a cerca de la mitad de la fuerza de trabajo que quedaría desplazada por la racionalización productiva que se pretendía.
La esencia de la problemática cubana radica en que el sistema estatal centralizado demanda y reproduce un modelo injusto de acumulación y distribución de la riqueza que genera toda la nación, bajo control de una cúpula gobernante, la cual decide qué hacer con los dineros de todos: qué cantidad para pagar el trabajo, para la seguridad social, la salud o la educación, el ejército y la seguridad de la burocracia, las nuevas inversiones o reparaciones en la industria, la agricultura, comunicaciones, viviendas y transporte, en todo el país, en cada ministerio, provincia y municipio.
Se hace en virtud de la llamada planificación centralizada de los recursos que, en el “socialismo”, evitaría las crisis de superproducción del capitalismo, según las prescripciones económicas del mal llamado marxismo-leninismo que, en verdad, ha ocultado el uso de todos esos recursos con el verdadero fin de mantener el poder en manos de una siempre misma dirección llamada histórica, creída de que su hegemonía sería lo que conviene al pueblo de Cuba.
Es, digamos, el mal de males, con o sin bloqueo-embargo imperialista. La historia enseña que todas las luchas sociales de todas las épocas han sido ocasionadas por el control sobre las riquezas producidas socialmente. Fueron los gastos desmedidos de los reyes y la nobleza a costa de los impuestos a productores y poseedores de capital en las metrópolis y colonias, los que provocaron las revoluciones burguesas e independentistas.
La elite que ha controlado las riquezas de Cuba durante más de medio siglo, las ha utilizado siempre en función de su beneficio directo o indirecto. Directo para garantizar en primer lugar su funcionamiento, seguridad y comodidades. Indirectamente, con lo que queda, para mantener el apoyo de una parte del pueblo con políticas populistas a su alcance.
Ese modelo, por su naturaleza antidemocrática contraria a la esencia del socialismo enunciado, estaba condenado al fracasado y ha demostrado en la práctica que no es capaz de resolver los problemas, esperanzas y necesidades de la nación y de todos los cubanos. Sus resultados más negativos: empobrecimiento de la población, ruina de bateyes, y en parte de ciudades, desastre de la industria, la agricultura, los servicios, de los ríos, las tierras, disminución de la población que ha tenido que optar por no tener hijos y emigrar, degeneración de valores humanos y otros.
La solución está en una nueva política económica dirigida a cambiar las bases estatalistas del modelo actual, realizar los cambios desde abajo, desconcentrar la propiedad, la acumulación, las inversiones, los presupuestos y su repartición y ponerlos en manos de los trabajadores, los productores, los dueños de los medios de producción y de las comunidades para que éstos decidan qué hacer con sus dineros.
Se lograría a partir de la libertad para el ejercicio de todas las formas de producción modernas, con la estimulación y el apoyo público y privado preferentes para las PYMES de capital privado o libremente asociado y el trabajo libre individual, sin monopolios de ningún tipo, con presupuestos participativos locales, hacia el empoderamiento ciudadano de sus condiciones de existencia.
De manera que todos disfruten de su propiedad individual o asociada, sin interferencia de ningún tipo y sin hacer daño a terceros; se resuelvan los graves problemas de pobreza creciente que afrontan los jubilados, las madres solteras y los discapacitados, así como las demandas juveniles.
Quienes llevan más de medio siglo en el poder, se resisten a ese tipo de cambios porque lógicamente van a traer una amplia modificación en el modelo de acumulación y apropiación. Ellos, a pesar de haber reconocido que los cambios son necesarios, han demostrado, con su actuación, que su compromiso con el pasado es más importante que con el presente y el futuro. Nada tan claro como lo ocurrido con los acuerdos fundamentales del VI Congreso hace 5 años.
Como ese poder ha desaprovechado todas las oportunidades que se le han dado, no queda otra opción que cambiarlo por otro que entienda la necesidad de emprender las transformaciones que demanda la realidad, no los caprichos de uno o unos pocos. Claro: de forma pacífica y gradual, sin tener que llegar a vacíos de poder ni situaciones de confrontación violentas.
La ruta que parece más verosímil para lograrlo es a través de la creación de un ambiente de distensión y concordia que lleve al establecimiento de un diálogo nacional inclusivo, al reconocimiento de las libertades fundamentales; a una nueva Constitución fruto de la creación y discusión colectivas y horizontal del pueblo cubano, aprobada luego en referendo; a una nueva ley electoral democrática, y al establecimiento de un estado moderno de derecho con plena transparencia funcional e informativa, bajo control popular, con autonomías municipales, presupuestos participativos en los diferentes niveles y el sometimiento a referendo de las leyes que afecten a todos los ciudadanos.
Salvando distancias y diferencias, necesitamos un periodo como el que caracterizó los años previos a la Constitución de 1940 (legalización de partidos políticos, amnistía, autonomía universitaria, convocatoria a nueva constituyente) que en las nuevas condiciones nos lleve a la República Democrática humanista y solidaria, con plena justicia social, donde quepamos todos.
Pero ese proceso nunca será fruto de la discordia, la descalificación y el enfrentamiento al que quieren someternos algunos grupos en ambas extremas del espectro político. La violencia por naturaleza antidemocrática y excluyente, debe ser desterrada como método político.
Es hora de que todos los actores políticos asuman actitudes responsables en esta dirección y muestren su disposición a recorrer ese trecho democrático. Lo otro es seguir apostando al aplastamiento de una parte de los cubanos por otros, o de minorías por mayorías cambiantes en el tiempo. Y nunca olvidar que toda minoría aplastada siempre será causa de conflictos.
Desde parte de la izquierda democrática hace años estamos llamando a ese diálogo inclusivo y lo estamos asumiendo en la práctica, con nuestra participación en los espacios oficiales que nos permiten y con el diálogo que estamos sosteniendo con la oposición tradicional.
Todos los cubanos de buena voluntad, independientemente de su pensar político e ideológico, tienen el deber y el derecho de participar de este gran proyecto inclusivo y democratizador de la nación cubana, “con todos y para el bien de todos”.
