El pasado 9 de septiembre se realizó la instalación de la Mesa Humanitaria de Paz de Antioquia, la cual contó con la presencia de líderes y lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos de los territorios.
Esta mesa se fundamenta en una situación de crisis humanitaria que se ha agudizado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y tiene como objetivo la conformación de un espacio político de articulación, a partir del cual se pueda construir una agenda humanitaria que permita la generación de alivios en los territorios mientras se dan las conversaciones con los actores armados, además pretende integrarse y articularse con la agenda de paz que el actual gobierno está movilizando y con la Mesa Nacional Humanitaria.
A través de la mesa, se quiere generar una dinámica de diálogo permanente y de concertación con el gobierno nacional, no solo alrededor del plan de emergencia de defensa de líderes y lideresas sociales, sino también conversar otros temas como la paz total y la participación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, porque la paz debe construirse desde los territorios.
Dentro de las intervenciones realizadas, las y los participantes, tuvieron la oportunidad de exponer la situación que están viviendo en sus territorios y comunidades. Al respecto, Margarita Palacio de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca -ASOCBAC-, habló sobre el recrudecimiento del conflicto en los últimos tiempos, con la presencia de diferentes actores armados como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, los Caparros, y el ELN. En este contexto, la población de la región se ha visto afectada por confrontaciones entre los grupos armados y la fuerza pública, masacres, desapariciones forzadas, decapitaciones y desmembramientos masivos y selectivos a mujeres e interferencia organizativa en las comunidades, lo que, además, ha tenido como consecuencia el confinamiento de comunidades étnicas y campesinas. También denunció la alianza entre la fuerza pública y los actores armados para ejercer control sobre el territorio.
La misma denuncia hace Víctor Calle de la Asociación Campesina del Nordeste de Antioquia -ASCNA- y de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA-, quien se refiere a la zozobra permanente y a la creciente oleada de violencia que viene presentándose en sus territorios: en el primer semestre de este año han sido asesinadas 70 personas en la región. Según Víctor, a esto se suman las pocas garantías para el ejercicio de la defensa del territorio y la persecución sistemática a líderes y lideresas, donde se presentan situaciones como: “amenazas, intimidaciones, desplazamientos, confinamientos, torturas, masacres, retenes ilegales, intentando menguar la fuerza de estas iniciativas”. Por ello, habla de la importancia del fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales del territorio.
Otra preocupación latente es el reclutamiento forzado de menores, situación que denuncia Luz Adriana Sepúlveda de la Asociación Tierra y Paz del Urabá Antioqueño, pidiendo, además, la presencia del Estado con programas educativos y económicos para que las niñas y niños no quieran irse a la guerra y no regresen a las filas de los grupos armados. Por otro lado, se refiere al control territorial que ejercen las AGC: “Estamos cansados de que controlen el territorio, que nos controlen nuestras formas de trabajar en las comunidades. Somos autónomos, pero al parecer no, porque hemos dado a conocer a las autoridades y han sido los oídos sordos, nos han dejado muy solos”.
Por su parte, la Red de Organizaciones del Norte denuncia que se mantienen los asesinatos en el territorio: “Después de la instalación del Puesto de Mando Unificado -PMU- en el municipio de Ituango se registra el asesinato del firmante de paz Arley Graciano y del campesino William López”. Además, hay una fuerte presencia de grupos armados: los Mesa, los Pachelly, los Frentes 18 y 5 de las disidencias de las FARC, las AGC y el ELN; los cuales prevalecen en Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango. Ante este panorama exigen avanzar en un cese al fuego multilateral, con la urgente necesidad de respetar la vida e integridad de sus comunidades, y aplicar el principio de distinción entre combatientes y población civil.
Finalmente, el Proceso Social de Garantías de Antioquia -PSG- evidencia el panorama que se vive en el Valle de Aburrá: “tan solo en Medellín existen más de 350 estructuras paramilitares, sucesoras del paramilitarismo y del crimen organizado, por ello no es posible hablar de una paz total cuando los centros urbanos son enclaves financieros y estratégicos para el paramilitarismo en Antioquia y el país”. Esta situación ha provocado hechos como el confinamiento vivido durante el paro armado de las AGC en las laderas de la comuna 8, en partes de la comuna 16, y en corregimientos como San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas; y el hostigamiento de hombres armados hacia manifestantes durante el paro nacional. Por ello, hacen un llamado a Daniel Quintero y a la Alcaldía de Medellín a concretar la firma de los lineamientos al protocolo de la protesta social en la ciudad de Medellín. También piden que el Estado se comprometa con la búsqueda de personas desaparecidas y con el respeto por la vida de las personas que habitan en asentamientos irregulares.
Se espera que la Mesa Humanitaria de Antioquia haga parte de la Coordinadora Humanitaria Nacional, en la que ya están articuladas las mesas de otras regiones, la cual sesionará el próximo 29 de septiembre, llamando a una Cumbre Humanitaria, donde se espera construir una agenda nacional y se le pedirá al presidente Gustavo Petro llegar a unos acuerdos humanitarios con los actores armados del país, para cumplir el deseo que expresó Oliver Madrid, autoridad indígena del Bagre: “queremos morir de viejos en nuestros territorios”.
