En un intercambio de comunicados en las horas recientes, el gobierno del Pacto Histórico y organizaciones campesinas, indígenas y afros fijaron su posición frente a los más recientes hechos de intento de recuperación de tierras en algunos departamentos del suroccidente del país.
Frente a las acciones de recuperación de tierras que adelantan organizaciones indígenas y campesinas en departamentos como Cauca y Valle del Cauca en las semanas recientes, el gobierno presidido por Gustavo Petro dejó claro que podrían afrontar un desalojo de esos predios en las próximas horas. Para el gobierno del Pacto Histórico -cuyas declaraciones fueron hechas por la Vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Agricultura Cecilia López y el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo- se trata de una “invasión de predios privados” y no de un ejercicio de autonomía territorial de las organizaciones sociales por recuperar las tierras de las que han sido despojadas.
El recién posesionado gobierno considera que “las personas que promuevan este tipo de actos se alejan de los objetivos que el Presidente de la República ha planteado para el acceso a estos predios.” Por lo que piden a las organizaciones populares tener paciencia en el cumplimiento de los términos procesales que deben llevar al acceso equitativo y justo a la tenencia y propiedad de predios con fines agrícolas, al tiempo que asegura que cumplirá con su propósito de una reforma rural como lo consignó en su programa de gobierno.
Por su parte, para organizaciones como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), las declaraciones hechas por la Vicepresidenta Francia Márquez estigmatiza la lucha popular que busca hacer justicia ante el despojo de tierras por parte de capitales foráneos y colonos criollos, que forzado el desplazamiento de comunidades enteras en su afán de implantar un modelo económico excluyente de los pueblos étnicos del país. Frente a las declaraciones oficiales, el CNA advierte que las acciones de desalojos podrían incurrir en posibles violaciones a los derechos humanos.
En defensa de sus acciones, el CNA declara en su comunicado que esas acciones “están enfocadas en la protección ambiental, conservar los nichos de vida incentivar la producción de alimentos, sustituir los cultivos de uso ilícito por producción de comida para Colombia y ponerle un freno a la acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de monopolios.” Y advierten que el Estado está en el deber de cumplir todos los compromisos anteriores negociaciones para hacer justicia en el acceso a la tierra.
En medio de la discusión, surge la preocupación de sectores sociales y políticos progresistas las declaraciones del dirigente gremial ganadero José Félix Lafaurie de crear un “Grupo de Reacción Solidaria Inmediata” ante las acciones de campesinos e indígenas en predios presuntamente arrebatados a sus comunidades. El video grabado por el ejecutivo de Fedegan hace temer la promoción de grupos paramilitares.
Es preciso recordar que el ganadero ha sido señalado en distintas audiencias de exjefes paramilitares de tener relaciones muy cercanas con esos grupos armados al margen de la ley; como lo dijeron en su momento el Salvatore Mancuso y el también antiguo dirigente ganadero, Benito Osorio.
Colombia tiene un potencial de aproximadamente 40 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero de ellas solo se usa de manera productiva 17,5% (aproximadamente 7 millones de hectáreas). La solución a ese histórico conflicto fue un punto clave en la mesa de diálogos instalada en Cuba entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.
El Punto 1 del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 es enfático en darle prioridad a una Reforma Rural Integral que hiciera posible solucionar un histórico conflicto social, para ir avanzando en el alcance de una paz estable y duradera, como quedó en el documento firmado por el gobierno y la insurgencia. Pero al grito de “hacer trizas la paz”, el gobierno de Iván Duque hizo bastante porque el Estado incumpliera lo pactado en La Habana.
Es así que los firmantes de paz han expresado en varias ocasiones el incumplimiento del Estado en este punto prioritario, que debería encontrar en el actual gobierno una disposición distinta para ejecutar los planes con enfoque territorial que se propone el Acuerdo.
Entretanto, las organizaciones campesinas y étnicas exigen que se les respete sus procesos de liberación de la tierra, con la que están garantizando producción agrícola en varis territorios.
