Una investigación periodística realizada por Matt Kennard y Molly Antigone Hall del Declassified reveló que Gran Bretaña vendió armas mediante invitaciones expresas a ferias, dio entrenamiento militar y policial, apoyo en inteligencia y espionaje, presencia de militares en Colombia, a pesar de las innumerables denuncias de violaciones de los derechos humanos antes y durante las protestas populares que iniciaron en abril de este año.
De acuerdo a informaciones de funcionarios del estado británico, se han presentado diversos apoyos en materia de entrenamiento. Un elemento de la cooperación que ha estado presente desde hace varias décadas es la formación de los militares bajo la doctrina dictatorial del “enemigo interno”.
Se trata de cinco cursos para altos mandos en los que participaron un número indeterminado de militares colombianos y que incluyeron materias como “construcción de la integridad para altos mandos”. También se impartieron 6 cursos en ámbitos como “planificación de operaciones” y otras que pueden haber sido utilizadas por la Fuerza Pública colombiana para la represión de la protesta social.
Por último, los periodistas informaron que la Agencia Nacional del Crimen de Gran Bretaña, entrenó a la Policía de Colombia en un programa de alto costo durante cinco años, sin embargo, los objetivos y el tipo de entrenamiento no se conocen pues la legislación inglesa prohíbe su divulgación.
Asimismo, en el marco de escuchas ilegales e interceptaciones realizadas contra periodistas, políticos de oposición y defensores de DDHH por parte del ejército y la policía colombianas, la investigación periodística señaló que la Agencia Externa de Inteligencia MI6 inglesa apoyó la creación de las Unidades de Inteligencia que tenían el objetivo de optimizar las operaciones de interceptaciones de comunicaciones a personas en Colombia.
De igual forma, en el 2020 el gobierno británico autorizó 30 solicitudes de compra de armas por valor de 2.5 millones de libras, a pesar de que ese mismo gobierno había condicionado la exportación de armas a Colombia por los múltiples cuestionamientos en materia de DDHH en contra de la Fuerza Pública en Colombia.
Los comunicadores sociales descubrieron que desde 2016 se ha permitido la exportación de armas y municiones por 28 millones de libras, incluyendo 1.5 millones de libras en armas cortas que comúnmente usa la policía colombiana y que pueden haber estado relacionadas con los asesinatos de manifestantes el 9 y 10 de septiembre de 2020.
