La política negacionista del Estado colombiano sobre el Genocidio en curso tiene un amplio respaldo de la Fiscalía, lo que consolida y perpetua la impunidad; es urgente esclarecer los intereses económicos y geoestratégicos, determinadores, cómplices y beneficiarios de estos crímenes.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Indepaz, Forjando Futuro, el Programa Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con el apoyo del Banco de Datos del Cinep, Oxfam y Diakonia publicaron el Informe Sistematicidad e Impunidad en el Asesinato de Líderes y Lideresas Sociales en Colombia, que comprende el periodo del 1 noviembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2020 [1].
El Informe registró 944 asesinatos en 29 departamentos y analizó 255 casos de 5 zonas (Bajo Atrato, Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, Norte del Cauca, Sur de Córdoba y Urabá) de los cuales 213 eran personas defensoras y líderes sociales y 42 ex combatientes; el Informe afirma que, “los sectores de liderazgo y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) más victimizados son los comunales, indígenas, políticos, campesinos, sindicales, afrodescendientes y personas que lideran procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito” [2].
La investigación evidenció patrones comunes en la generalidad y la sistematicidad; investigadores de la CCJ afirman que “un hecho frecuente es el patrón común de agresión a las personas defensoras, junto con las amenazas y los asesinatos hay una estigmatización que incluso trasciende los asesinatos” [3].
Según el Informe la mayoría de los asesinatos están antecedidos por amenazas, estigmatización y seguimientos, lo que demuestra la planificación de los asesinatos; además se evidencia un subregistro en las cifras presentadas por la Fiscalía, de donde se infiere una manipulación de las cifras por parte de esta entidad.
Además, afirman que “ante los asesinatos la respuesta del Estado siempre es la misma, ampliación del pie de fuerza que no redunda en una mayor protección, por el contrario hace más proclive la violencia en la región” [4].
De los 255 asesinatos investigados en solo 40 casos hay imputaciones preliminares, capturados o dados de baja. En muchos casos que hay condena, esta no es por homicidio sino por porte ilegal de armas o tráfico de estupefacientes. Según la Fiscalía los paramilitares son responsables de 24 casos, en 13 el autor no está determinado y en 6 las disidencias.
La ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Luz Adriana Camargo afirmó que, “los casos estudiados se presentaron en 30 municipios altamente militarizados, donde hay una fuerte presencia de la Fuerza Pública (…); además, muchas de las víctimas fueron asesinadas en espera de tramitar su situación de riesgo” [5].
La ex Magistrada fue enfática en afirmar que ante “la persistencia de las violaciones a los DDHH en Colombia, en especial el derecho a la vida que se convierten en delitos de lesa humanidad con la indiferencia del Estado en su obligación de proteger, es necesario acudir a instancias penales internacionales para el esclarecimiento de los determinadores” [6].
El régimen arremete contra quienes lo cuestionan
Argemiro Lara, Andrés Narváez, Gilberto Pérez Chamorro y Miguel Barreto, integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre, el 9 de marzo denunciaron la continuidad de amenazas de muerte y persecución en su contra.
Brenda Karina Bohórquez denuncia que el Gobierno envió a la Policía el 14 de marzo para expulsar a más de 1.200 habitantes entre campesinos e indígenas de la vereda Mina el Alacrán en Puerto Libertador, Córdoba, para realizar extracción a cielo abierto de cobre, plata y oro en el Proyecto El San Matías por parte de la compañía canadiense Minerales Córdoba S.A.S.
María Bernarda Juajibioy Alcaldesa del Cabildo Kamentzá Biyá, fue asesinada el 17 de marzo junto a su nieta de año y medio, cuando se movilizaba de la vereda La Esmeralda en Orito a El Placer en el Valle del Guamuez, Putumayo.
Miguel García Paí y Álvaro Pascal García de 23 y 18 años, eran comuneros del Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo y Hojal la Turbia, desaparecieron el 10 de marzo en la vía entre la vereda Inda Sabaleta y el corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño, el 16 de marzo encontraron sus cuerpos sin vida con señales de tortura.
Aurelio Álvarez Goes minero artesanal, fue asesinado el 17 de marzo en el corregimiento Carrizal en Remedios, Antioquia.
El 17 de marzo perpetraron una masacre que dejó cinco víctimas en tres lugares diferentes del corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca, tres personas han sido identificadas: Maye Cuenú Valencia de 31 años, Uber Tumbo y Luis Uber Camayo.
El 19 de marzo en Sabaleta, Caquetá se perpetró una masacre. Sus víctimas fueron Lorena Andrea Escobar, Armando Núñez y Duver Escarpeta.
El 20 de marzo los narcoparamilitares masacraron a una familia compuesta por una señora de 60 años, otra de 38 y un menor de 17, en el sector Los Ángeles de Cáceres, Bajo Cauca de Antioquia, luego que las mujeres rechazaron el reclutamiento del menor.
[1-2] Investigación revela patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia. CCJ, 16-03-2021.
[3-4-5-6] Presentación del Informe Sistematicidad e Impunidad en el Asesinato a Líderes y Lideresas Sociales. CCJ, 16-03-2021.
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