Colombia se prepara para marchar este 9 de abril en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas.
El gobierno nacional enfatiza que la fecha tiene incidencia en el conflicto armado. Las centrales obreras, los sindicatos y las diferentes expresiones populares, estudiantiles, campesinas e indígenas, plantean el asunto con otro prisma: es necesario retomar las calles para denunciar el agravamiento del asesinato sistemático de los líderes sociales y el duro golpe al proceso de paz, al acribillar a tiros a quienes se reincorporaron.
El asunto es muy grave. Los hechos saltan a la vista: entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, 255 personas fueron víctimas de homicidio, 213 de ellas personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 42 excombatientes de las FARC-EP.
La información documentada permitió identificar 57 víctimas, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, lo que indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición.
Las zonas más afectadas comprenden el Norte del Cauca, en el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano, en el sur de Córdoba, y en el nordeste y bajo Cauca Antioqueños. Llama la atención que el incremento en los hechos de violencia contra líderes, lideresas y excombatientes tienen un común denominador: abarcan áreas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs).
Ahora, no es una invención de aquellos que escribimos desde la óptica independiente y a quienes el gobierno pretende deslegitimar, por ser de oposición o porque, simplemente, considera que estamos empecinados en desprestigiar su gestión a nivel nacional y en los portales informativos de otros países. Las cifras son avaladas por las organizaciones que convergen en la Comisión de Justicia y Paz de Colombia.
Hay tres elementos recurrentes: un accionar sistemático de criminalidad, estigmatización a quienes son opositores al establecimiento o quienes hicieron dejación de las armas después de militar muchos años en las Farc-EP, y un elemento que llama poderosamente la atención: las investigaciones no son concluyentes en torno a los responsables. En pocas palabras, hay impunidad.
Esta situación amerita que haya unidad de esfuerzos alrededor de la movilización del 9 de abril en todo el territorio colombiano, pero no para hacerle el juego a Iván Duque quien señala que las víctimas son quienes se desplazaron como consecuencia de las confrontaciones armadas entre ejército e insurgencia, sino de quienes, por ser oposición, están siendo asesinados. Una dictadura con un cariz de democracia, como la que se evidencia en el ejercicio del gobierno nacional.
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