Dos medidas dirigidas a los migrantes venezolanos en EE.UU. y en Colombia, anunciadas los tres primeros meses de este año por los gobiernos de ambos países, han generado reacciones encontradas para quienes las ven como un alivio para paliar la "crisis humanitaria" en Venezuela y los que consideran que esconde fines menos caritativos.
La primera determinación de este tipo fue divulgada por Bogotá a principios de febrero, cuando el presidente colombiano, Iván Duque, dio a conocer la implementación de un Estatuto de Protección Temporal (ETPV) que promete regularizar, por una década, a los venezolanos que se encuentran en territorio colombiano.
Casi un mes más tarde, la entrante Administración de Joe Biden informó sobre una medida similar. Se trata del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que les permite a los venezolanos que se encuentran en EE.UU. residenciarse y trabajar de manera legal en ese país sin ser deportados.
Venezuela rechazó ambos anuncios y afirmó que lo coherente sería levantar las sanciones impuestas por Washington, que han incrementado el flujo migratorio hacia ese y otros países, y que han sido apoyadas por la Casa de Nariño, que desconoce la legitimidad de Nicolas Maduro.
Frente a este panorama, el profesor universitario de Relaciones Internacionales Luis Quintana y el periodista e investigador Diego Sequera ofrecen su visión sobre qué puede haber detrás de estas dos acciones y la posible conexión entre ellas.
¿Hay relación entre las decisiones?
Ambos entrevistados coinciden en que estas resoluciones sobre los migrantes están relacionadas. "Tanto, que era imposible pensar que Duque adoptara esa misma decisión bajo la Administración de Trump", afirma Quintana.
En su opinión, la regularización migratoria "era una demanda reiterada" de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las Naciones Unidas en Colombia, pero el Gobierno "no la adoptó antes porque, entre otras cosas, temía no estar en sintonía con los lineamientos de Trump ", cuyo periodo se caracterizó por una dura política antimigratoria.
"Ahora con Biden, el presidente Duque debe mandar un mensaje significativo sobre su disposición a trabajar bajo las nuevas orientaciones del Gobierno estadounidense", agrega el internacionalista.
Para Sequera, las dos resoluciones fueron "pensadas en Washington" pero era necesario que Bogotá diera el primer paso. El periodista del portal de investigación Misión Verdad explica que en el caso de EE.UU. existe un modelo de estatus migratorio que ha sido aplicado a ciudadanos de otros países, "mientras que en Colombia tuvo que crearse de la nada" debido a que no hay una tradición de recepción de migrantes.
El también investigador del Instituto Samuel Robinson considera además que la determinación apunta a "una suerte de realineamiento respecto a la política hemisférica anterior, adoptando de nuevo ciertos elementos que son costumbre en la tradición demócrata: migrantes, sociedad civil, estructuras no estatales, multilateralismo, todo en oposición a la versión primaria de Trump".
¿Cuál es la ganancia de EE.UU.?
El TPS, que atendería a unos 320.000 venezolanos que se encuentran en EE.UU., según sus cifras, ha sido catalogado como el cumplimiento de una promesa electoral que hizo Biden para sumar votos de los venezolanos en Florida, sin embargo, surge la pregunta de qué hay más allá de esta razón coyuntural.
Al respecto, Sequera considera que se podrían estar "sentando las bases para algo con mayor calado". "Hay que ver lo de Colombia y de EE.UU. como una visión de conjunto donde el objetivo es el cambio de régimen en Venezuela", argumenta.
El periodista piensa que es más fácil imaginar que esta medida es una forma de "presión política o de agresión indirecta" que "una preocupación real sobre el estatus de la migración venezolana".
Al ser consultado sobre el discurso de la migración venezolana que posicionaría Biden, en tiempos de importantes movimientos poblacionales en el mundo por la pandemia, cree que esta información no formará parte del relato oficial porque ya se han interiorizado temas como la "crisis humanitaria" en Venezuela, el "Estado fallido" y el "gobierno dictatorial" de Maduro, por citar algunos.
El investigador estima que el argumento podría ser el de "tenemos que actuar ahora ante el insostenible problema de la migración venezolana". Este llamado estaría abierto a la "comunidad internacional", a los aliados regionales, a las ONG, a las organizaciones humanitarias, entre otros.
En su punto de vista, ese marco podría provocar situaciones como "creaciones de falsos testimonios que van a enriquecer informes, una base que serviría para una ofensiva mucho más elaborada" hasta "el empleo de la doctrina de Responsabilidad para Proteger (R2P), que justifica una intervención militar preventiva y humanitaria para detener al dictador".
Ya el diputado Guaidó había pedido en septiembre de 2020, sin éxito, en una reunión virtual paralela a la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, evaluar la implementación de la R2P en Venezuela para "restablecer la soberanía del país".
¿Qué espera Colombia?
En cuanto a lo que buscaría el Gobierno de Duque con la medida del Estatuto de Protección Temporal, Quintana afirma que la finalidad es "controlar una crisis social y económica que se agravó con la pandemia" y acceder a mayor financiamiento internacional, "proyectando a su país como la principal víctima del conflicto venezolano".
Desde 2017, Colombia ha recibido más de 950 millones de dólares provenientes de EE.UU., la Unión Europea (UE), el Banco Mundial y Japón para atender a los venezolanos. Sin embargo, el propio mandatario de ese país ha afirmado que esos recursos son insuficientes, mientras que esa población ha denunciado su desatención en medio de la pandemia.
Quintana piensa que hay un "manejo maniqueo y polarizado en ambos países" de la situación sobre la migración venezolana. En su punto de vista, Duque utiliza este tema "para atacar con fuerza a Maduro" y para "congraciarse con organismos y gobiernos del mundo", que ven a Colombia como "víctima del conflicto venezolano", lo que facilita "que el foco siga siendo Venezuela y no las masacres de dirigentes sociales y políticos en su territorio".
El ETPV, que según el Gobierno colombiano beneficiará a cerca de 1.800.000 venezolanos, de los cuales más de 52% se encontrarían en situación irregular, se dio a conocer en medio de un nuevo capítulo de declaraciones de Bogotá contra Maduro, a quien señalan de albergar a miembros de grupos armados y de narcotráfico, en el contexto de la creación de un comando élite transnacional que entrará en operaciones en mayo.
Sobre la posibilidad de que Duque, —cuyo partido se quedó sin un candidato con opciones tras la muerte del canciller Carlos Holmes Trujillo—, haya tomado esta determinación ante la cercanía de las presidenciales de 2022, el profesor de Universidad Central de Venezuela (UCV) no descarta que la medida pudiera también tener fines electorales porque el caso venezolano "ha sido utilizado frecuentemente en la política interna en Colombia".
"Esto no sorprende para nada. Duque tenía que mostrar una especie de mano blanda ante la comunidad internacional con la regularización de los venezolanos, pero al mismo tiempo tenía que mostrar una mano dura hacia su público más conservador y uribista", dice.
Finalmente, Quintana advierte que "es muy peligroso" para la paz entre Colombia y Venezuela y de la región "que haya una escalada de hostilidades entre los dos países". "Debe prevalecer el pragmatismo que la mayoría de las veces predominó en las relaciones de dos figuras tan antagónicas como [Hugo] Chávez y [Álvaro] Uribe, para al menos apaciguar las aguas y evitar un conflicto de mayor calibre", concluye.
