Retomando el comunicado que circuló en marzo del 2020, queremos hoy poner en contexto la situación de los seis líderes sociales que se encuentran encarcelados en la cárcel “la modelo” de Bogotá y que cumplen ya un año de hallarse detenidos sin que se les solucione su situación.
Desde la Unión Patriótica, Bases en rebelión, nos solidarizamos con los compañeros y exigimos al Estado colombiano su liberación inmediata ante la tozuda realidad de su inocencia y la perversión del montaje estatal que se aplica a estos y a otros tantos luchadores populares, en este País en el que pensar diferente es un delito, de tal magnitud, que no solo se nos encarcela, sino que también se nos asesina por ello.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz asegura que van 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados durante 2021, y 1.127 desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Al día 19 de enero del presente año se anuncian cinco masacres en el País en lo que va corrido del año, sin que frenen los asesinatos individuales como en colectivo, en un Genocidio a cuenta gotas iniciado desde la llegada de los Españoles en un país gobernado, al decir de muchos, por bandidos y criminales.
Desde finales del año 2019 se desarrollan en el país movilizaciones importantes, que se manifiestan en contra de la reforma tributaria, laboral y pensional, el aumento dramático del asesinato de líderes sociales, el aparente regreso de los falsos positivos, las discusiones sobre el fracking y el glifosato, y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, entre otros temas de gran relevancia en el escenario nacional.
Movilizaciones se han dado que han venido acompañadas de gran represión estatal en contra de los movimientos sociales y estudiantiles que conforman la resistencia, materializada en allanamientos, estigmatización, persecución, asesinatos, montajes judiciales y detenciones arbitrarias contra líderes sociales y estudiantiles. Así, el Estado aspira desacreditar las marchas y las diferentes formas de protesta que se han venido desarrollando en todo el país, intentando generar miedo suficiente como para callar las voces de quienes exigen sus derechos.
En el marco de la movilización social convocada para el 21 de enero de 2020, siendo las 6:00 a.m. en la ciudad de Bogotá, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron seis allanamientos dando como resultado la captura de seis supuestos terroristas. Los operativos, que desplegaron una fuerza sorprendente y amedrentadora, no hallaron drogas, armas o elemento ilegal alguno, que demostrase la supuesta peligrosidad de estas personas. No obstante, con elementos materiales probatorios bastante insuficientes a la hora de demostrar las conductas delictivas, se les imputó el delito de concierto para delinquir agravado y se les dictó medida de aseguramiento. Adicionalmente se les señala de ser parte de los grupos que aún continúan en armas de las FARC- EP.
Las bases en rebelión de la UP ¡Ante los hechos, consideramos que no existe duda! Que el Estado colombiano es generador, determinador y cómplice del Genocidio político contra la Unión Patriótica y que lo continúa cometiendo, en el montaje, la persecución y estigmatización como lo demuestra la denuncia que estamos haciendo de lo que ocurre con los seis compañeros.
Es necesario aclarar también que cuando los miembros de las FARC -EP según lo pactado en 1985, en casa verde, gestaron, gestionaron, construyeron e hicieron parte de la Unión Patriótica junto a las organizaciones civiles, sociales y populares como defensoras de la paz, lo hicieron sin armas bajo el acuerdo de Cese al fuego, tregua y paz y fue el ejército colombiano quien incumplió el acuerdo y atacó a las tropas de las FARC a pesar de lo acordado.
En 1987 por incumplimiento de parte del gobierno a varios de los puntos del acuerdo los guerrilleros retornan a la lucha armada (muchos para salvaguardar su vida y sobrevivir a las amenazas de muerte); el retorno a las armas implicó la desvinculación total de las acciones políticas e ideológicas de la UP, por lo tanto, la Unión Patriótica nunca ha combinado las formas de lucha; los asesinatos, la persecución, la estigmatización, los atentados, el exilio, la cárcel, el establecimiento colombiano lo cometió y lo continúa cometiendo contra civiles (hombres, mujeres y niños) el Estado colombiano.
Las seis personas capturadas son inocentes. Son defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y líderes estudiantiles, que han dedicado su vida al trabajo colectivo para que los colombianos podamos vivir una vida digna. Ellos son:
Yeison Franco Sánchez. Estudiante de la UCMC de trabajo social. Trabaja desde la ruralidad con organizaciones campesinas de Arauca y Meta. Lidera el colectivo “La brocha roja”. Se ha caracterizado por ser un estudiante con pensamiento diferente y crítico.
David Rabelo Gutiérrez. Dirigente social en tema de derechos humanos. Trabaja con la Corporación Reiniciar de la Unión Patriótica. Desde muy joven ha sufrido la persecución política de segunda generación por la ardua lucha que tuvo contra el estado su padre David Rabelo Crespo, quien fue declarado inocente por la Corte Internacional después de 7 años privado de la libertad.
Víctor Hugo Ruiz Herrera. Licenciado en química, carpintero artesano y estudiante de ingeniería química. Desde muy joven ha participado activamente en procesos de educación popular y de gestión ambiental desde diferentes plataformas políticas de izquierda. Líder del preuniversitario de la Escuela de Formación Popular.
Jaime Olarte Torres. Antropólogo egresado de la Universidad Nacional. Tiene un hijo y ha trabajado en entidades sin ánimo de lucro en las que se destacó por la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. Realiza también trabajos en agricultura urbana en sectores populares de la ciudad.
Yeiner Avendaño Bohorquez. Estudiante de séptimo semestre de derecho en la Universidad Republicana. Excandidato a edil de la localidad de Fontibón. Coordinador de la localidad de Santafé de la última campaña electoral a la Alcaldía de la Coalición Colombia Humana – Unión Patriótica. Profesor del colegio Costa Rica.
Julio Martínez Tautiva. Líder social de la zona de los llanos orientales. Su trabajo como periodista se enfoca en denuncias sobre el incumplimiento del gobierno en la sustitución de cultivos de uso ilícito y los atropellos de la fuerza pública hacia los campesinos. Excandidato por la Unión Patriótica al Concejo de Villavicencio. Trabaja en la emisora Ondas del Meta.
Según denunció doña Carlina Bohorquez, la señora madre de Yeiner Avendaño Bohorquez, a este medio, “el día 21 de enero, siendo las 5 y 50 de la mañana, llega a mi casa el GAO y la SIJIN y un delegado de la procuraduría a hacer un allanamiento al apartamento donde vivo con mis hijos Yeiner y Jhon Jairo. Cogieron la puerta a patadas y cuando abro, me apuntan con sus armas y sin mediar palabra proceden a entrar a los cuartos, me sacan a la sala y proceden a revolcar todo. Se llevaron un celular en mal estado, un computador, una agenda con nombres de la campaña de la “Colombia Humana”, de la cual él era coordinador. Fue un operativo como de película en el que entretenidos en su Show, ni hicieron cadena de custodia de las cosas que se llevaron. Mi hijo es estudiante de séptimo semestre de derecho en la Universidad Republicana, líder social desde muy pequeño pues somos sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica y víctimas de atentados y de desplazamiento forzado. A mi hijo desde muy pequeño le ha tocado lidiar con todo esto, amenazas constantes contra nosotros, por eso él ha pensado siempre diferente y ha estado al frente de las marchas populares, queriendo que Colombia sea un país mejor”, remarca doña Carlina. Con su voz quebrada, doña Carlina dice que “los seis no están solos, que a los seis a toda hora los llevan en sus corazones y que como lleva a su hijo, también lleva a sus cinco compañeros”.
El marco normativo bajo el cual están siendo judicializados los seis detenidos es una ley que a todas luces resulta inconstitucional. La Ley 1908 de 2018 “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y la judicialización de organizaciones criminales”, aplicable a los Grupos Armados Organizados, vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia. Supone que quien esté siendo amparado desde ese marco normativo podrá permanecer en la cárcel hasta 3 años y 9 meses, antes de que pueda acceder a un juicio en donde pueda demostrar su inocencia. Esto no puede ser. Resulta recomendable que las instancias competentes estudien y deroguen dicha ley que no respeta la dignidad humana y menos cuando se intenta pasar a líderes sociales y estudiantiles como terroristas y vándalos pertenecientes a grupos armados organizados.
Este 21 de enero se cumplió un año de la captura e injusto encarcelamiento de seis líderes sociales y defensores de derechos humanos; los seis compañeros se han caracterizado por su constante defensa de la vida, la tierra, la educación y el trabajo digno.
Como lo señaló en su momento uno de los estudiosos del fenómeno de Genocidio en Colombia y recuperador intelectual de la personería Jurídica de la Unión Patriótica, el profesor Iván David Ortiz Palacios, quien fuera el director del grupo de investigación de genocidio político contra la Unión patriótica y quien desde la academia planteo que a la UP debía devolvérsele la personería jurídica como parte de la reparación colectiva: “Cuando se implementa el genocidio siempre, y simultáneamente, se evidencia formas de resistencia que redundan en la pelea cotidiana de quienes se niegan a aceptar ser sometidos a la sistemática eliminación de su existencia material, simbólica, histórica e ideológica”.
La captura de los líderes sociales ha venido acompañada del amedrentamiento a sus familias, víctimas de seguimientos, hostigamientos, toma de fotografías, llamadas intimidantes e interceptaciones en líneas telefónicas y medios electrónicos.
La detención de estas seis personas es arbitraria y se da en un contexto de estigmatización de la protesta social. La imputación de cargos es injustificada, y viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para que se le dé un seguimiento a estos hechos y para que ayuden a velar por la vida e integridad de los compañeros, hoy capturados por ser críticos.
Ha trascendido en los últimos días según el periodista Alberto Donadío, sobre la vinculación del presidente de Colombia durante el periodo 7 de agosto de 1986 – 7 de agosto de 1990, Virgilio Barco Vargas, con el genocidio realizado en la colectividad de la Unión Patriótica.
En su columna losdanieles, Alberto Donadío alega que el presidente Virgilio Barco, bajo la influencia del agente de la inteligencia israelí Rafi Eitan, dio su visto bueno a un plan de exterminio de la Unión Patriótica. La idea original, según la columna, fue que tal liquidación iba a ser manejada bajo contrato por Eitan, pero después de la intervención de un representante de las Fuerzas Armadas la tarea fue encargada a ellas, https://correspondenciadeprensa.com/?p=16034.
Varios de los medios, que en un lenguaje manido se denominan “alternativos”, de los cuales buena parte son financiados por la USAID, han salido a considerar como falso lo afirmado por Donadío. Así, entre otros, “razón pública” titulo “¿Por qué no es creíble que Barco ordenara el exterminio de la UP?”, por su parte, “la silla vacía» tituló «Las acusaciones contra Barco son pura fantasía»; se fueron desgranando unos cuantos medios, o periodistas, que condenaron y/o defienden, de una u otra forma lo señalado por Donadío. Unos defienden y otros condenan. Para el periodista Gonzalo Guillén no cabe duda de lo dicho por Donadío.
