“Maldito sea el soldado que apunta su arma contra el pueblo”.
Simón Bolívar
El pasado 7 de septiembre del 2020 miembros de la Policía Nacional asesinaron a Javier Ordóñez, luego de ser agredido y torturado. Este hecho indignó a los colombianos; los cuales se manifestaron con una serie de movilizaciones en repudio al abuso policial y las masacres en el país, evidenciando la crisis social y el desgobierno que se vive.
Las movilizaciones convocadas en los días siguientes a la muerte de Javier serán históricas. Su masividad, formas de convocatoria y acciones evidenciarán la crisis que se vive en el país. En ellas los jóvenes jugarán un papel fundamental exponiendo temas como la brutalidad y violencia policial[1] , las masacres y el tratamiento de guerra a la protesta social, elementos incrustados en la doctrina militar.
Brutalidad e impunidad
Recordemos que Colombia es el único país del mundo que la Policía es de carácter militar. En ella se autoriza el uso de armas “de letalidad reducida” y desde el Gobierno se legitima el actuar de las fuerzas armadas. Actuar que deja en las jornadas de movilización y protesta un saldo de 12 asesinados a manos del la Policía, cientos de heridos y detenidos , además de acosos, abusos.
El hecho que la Policía dependa del Ministerio de Defensa, genera dudas en las investigaciones y actuaciones de la justicia. Pues es la Justicia Penal Militar la que dicta sentencia en los casos y delitos de los que son acusados sus miembros, ello conllevada a que la mayoría de los asesinatos cometidos a manos de la Policía continúen en la impunidad.
Aunque el Gobierno junto a su bancada de Gobierno, quieren hacer ver la violencia policial como problemas individuales “manzanas podridas dentro de la Policía o casos aislados”. La realidad es otra, se evidencia un actuar sistemático que tiene como objetivo garantizar y proteger los intereses de las minorías poderosas de nuestro país.
Actuar que se evidencia cuando se dispara indiscriminadamente contra las movilizaciones, se infiltran «asesinos» con la complicidad de la Policía y desde el Ministerio de Defensa acusan a los mismos manifestantes de causar las muertes. Hechos que se desmienten a diario en los cientos de videos y pruebas que los ciudadanos publican en las redes sociales.
Hechos que reafirman la premisa que el país se encuentra en medio de un terrorismo de Estado. Terrorismo representado en la violencia, agresión y represión policial que busca acabar y acallar con todos aquellos inconformes que exigen sus derechos y piden garantías para la vida.
Movilización única opción
Es claro que el pueblo seguirá en las calles manifestándose, la crisis en que estamos sumergidos no da para más. El desempleo, la falta de vivienda, de servicios básicos, de salud y de garantías para la vida seguirán siendo los motivos convocantes para la movilización nacional.
En algunos sectores del país se devela que la Policía Nacional no nos cuida. Que las comunidades y grandes mayorías deben buscar mecanismos para la autoprotección; autoprotección que garantice el derecho a la protesta y contrarreste el actuar de esta fuerza criminal que en lugar de garantizar la vida, asesina, viola y abusa a aquellos que se supone deben proteger.
La movilización a pesar de la represión es el único mecanismo de exigencia que le quede al pueblo que está desprotegido frente a un Estado opresor que cuenta con el brazo armado (Policía, Ejército, ESMAD, Armada, Fuerza Aérea) para impartir una política guerrerista y de terror que favorece los intereses del capitalismo. #LasCallesNosEsperan.
[1] Esto sabemos de las violentas protestas en Colombia por la muerte de Javier Ordóñez
trochandosinfronteras.info/terrorismo-de-estado/
