En medio de un fuerte clima de tensión, la cifra de muertos durante las protestas contra el abuso policial en Colombia ascendió a diez. Las movilizaciones empezaron el miércoles por la noche pero se extendieron a lo largo del jueves en repudio a la muerte de Javier Ordóñez, abogado de 46 años que recibió repetidas descargas de la pistola taser de un policía. La alcaldesa bogotana, Claudia López, detalló que las siete personas que perdieron la vida en la ciudad son jóvenes de entre 17 y 27 años que recibieron disparos de arma de fuego. Hubo otras tres víctimas fatales en Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana. Las protestas dejaron además un saldo de al menos 200 heridos. Durante las manifestaciones también fueron destruidos alrededor de 50 puestos de policía, conocidos como Centros de Atención Inmediata (CAI), y decenas de colectivos del servicio público.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dio una tibia respuesta a la violencia en las calles: dijo que no tendrá «tolerancia ante los abusos», aunque manifestó la necesidad de separar las «responsabilidades puntuales» del comportamiento de toda la institución policial. El malestar por los abusos policiales se viene acumulando hace mucho tiempo en la sociedad colombiana. Pero la muerte del abogado Javier Ordóñez fue la gota que rebalsó el vaso. La CIDH condenó «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial» en Colombia y llamó a investigar y sancionar a los culpables. «Es plenamente justificada la indignación ciudadana por la violencia desenfrenada de la policía», aseguró el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, en diálogo con Página/12.
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En medio de un fuerte clima de tensión, la cifra de muertos durante las protestas contra el abuso policial en Colombia ascendió a diez. Las movilizaciones empezaron el miércoles por la noche pero se extendieron a lo largo del jueves en repudio a la muerte de Javier Ordóñez, abogado de 46 años que recibió repetidas descargas de la pistola taser de un policía. La alcaldesa bogotana, Claudia López, detalló que las siete personas que perdieron la vida en la ciudad son jóvenes de entre 17 y 27 años que recibieron disparos de arma de fuego. Hubo otras tres víctimas fatales en Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana. Las protestas dejaron además un saldo de al menos 200 heridos. Durante las manifestaciones también fueron destruidos alrededor de 50 puestos de policía, conocidos como Centros de Atención Inmediata (CAI), y decenas de colectivos del servicio público.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dio una tibia respuesta a la violencia en las calles: dijo que no tendrá «tolerancia ante los abusos», aunque manifestó la necesidad de separar las «responsabilidades puntuales» del comportamiento de toda la institución policial. El malestar por los abusos policiales se viene acumulando hace mucho tiempo en la sociedad colombiana. Pero la muerte del abogado Javier Ordóñez fue la gota que rebalsó el vaso. La CIDH condenó «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial» en Colombia y llamó a investigar y sancionar a los culpables. «Es plenamente justificada la indignación ciudadana por la violencia desenfrenada de la policía», aseguró el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, en diálogo con Página/12.
«De nuevo se reitera el mismo patrón: el abuso de autoridad y el control excesivo al derecho a la protesta que culmina con el asesinato de diez personas en Bogotá y Soacha, en protestas que intentaban expresar la indignación por los hechos que fueron conocidos a través de las redes sociales de un evidente acto de tortura», aseguró a este diario Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Los muertos de las protestas contra la violencia policial son en su amplia mayoría jóvenes. Julieth Ramírez Mesa no participaba de ninguna manifestación pero recibió un disparo al quedar atrapada en medio de los desmanes en La Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá. Su padre, Harold Ramírez, recordó que Julieth, que en 15 días cumpliría 19 años, le pidió permiso para ir a casa de una amiga y él se lo dio porque no sabía nada de las protestas que estallaron el miércoles en la capital colombiana. Ramírez detalló: «En un callejón la niña se desplomó, me dice la amiguita, y se nos murió». Por su parte, la pareja del joven Jaider Alexander Fonseca, de 17, otra de las víctimas mortales, culpó a la policía de «dejar un niño de siete meses sin padre».
«Tenemos una policía que pareciera entrenada no solamente para violentar ciudadanos a partir del uso excesivo de la fuerza, sino también para encubrir esas acciones como lo vimos el miércoles en videos de policías que se intercambiaban armas con personal de civil, o que encubrían su identificación volteándose las chaquetas. Sienten que están fuera del control del Estado”, manifestó Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y miembro de «Defender la libertad».
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se puso al frente de las críticas contra el violento accionar policial. «Al uso indiscriminado de armas de fuego no se le puede considerar abuso policial. Eso es un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles, jóvenes en su inmensa mayoría», afirmó. «Uno no tiene 58 heridos en una noche por trifulcas, sino por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía Nacional», agregó López, que aunque no declaró toque de queda en Bogotá, le pidió a los ciudadanos estar en casa antes de las siete de la noche.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó al repudio y condenó «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial» en Colombia. A través de su cuenta de Twitter, la CIDH apuntó que en el contexto de las protestas por lo ocurrido con el abogado de 46 años, hubo muertos y heridos y «todos estos hechos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados». «La CIDH recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación», indicó el organismo en otro tuit.
Necesidad de reforma
La pérdida de confianza de la ciudadanía en la fuerza policial crece día a día, y la muerte del abogado Javier Ordóñez volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reformar a la institución. «La policía está perdiendo buena parte del respeto de la sociedad. Hay un clima de cansancio que nos lleva a la situación que estamos observando», dijo Castañeda. En Colombia, a diferencia de otros países, la policía nacional no depende del ministerio de Seguridad o del Interior sino del de Defensa, y a pesar de ser un cuerpo civil armado, tomó parte como un ejército regular en la lucha contra los grupos guerrilleros y las bandas dedicadas al narcotráfico.
Del lado del gobierno, la respuesta a lo que sucedió en las calles fue cuanto menos confusa. El presidente Iván Duque aseguró que «no puede haber tolerancia cuando se abuse del uniforme». Sin embargo, rechazó que se «estigmatice y se les llame asesinos» a los uniformados por «responsabilidades puntuales» de algunos de ellos. «Este hecho se circunscribe dentro de un marco general de violencia y violación a los derechos humanos que se está presentando en Colombia en los últimos meses a los cuales el gobierno ha respondido con un lenguaje belicista», manifestó al respecto Castillo.
La violencia de esta semana llevó a diferentes sectores a plantear una reforma de la policía. «Por supuesto mi llamado es a que cese toda forma de violencia pero también a que haya una reforma estructural y esencial de la policía», sostuvo en ese sentido Iván Cepeda. «La policía no puede seguir violando los derechos humanos de la población, y requiere convertirse en un organismo que respete en toda circunstancia los derechos de la ciudadanía», agregó el senador colombiano. Castillo fue aún más crítico al asegurar que «Colombia hoy está transitando por cuenta de las acciones del gobierno a una agudización del conflicto y a la instalación de un régimen proclive al fascismo».
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