Estamos viviendo la más profunda crisis ética, política, social y económica, de los últimos 30 años del proyecto neoliberal de las élites dominantes y corruptas en el poder.
En los dos años de desgobierno de Iván Duque, con la imposición de los 164 Decretos bajo el amparo de la Emergencia Económica y Sanitaria, medidas de aislamiento obligatorio o cuarentena para enfrentar el Covid19, sin garantizar los servicios esenciales a las personas confinadas, han favorecido a los grandes empresarios, al sector financiero y al gran capital, en detrimento de los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas.
Se han perdido conquistas laborales en materia de estabilidad laboral y jornada de trabajo de máximo 8 horas por el trabajo en casa que no tiene límites de tiempo, ni respeta descanso, dominical ni festivos.
A pesar de que el gobierno ha publicado circulares y protocolos, no ejerce ningún tipo de vigilancia y control que obligue a las empresas a la protección del empleo ni a la aplicación efectiva de protocolos de bioseguridad en distintos sectores de la economía y ni siquiera en el sector de la salud que es el de mayor riesgo de contagio.
La quiebra de las pequeñas y medianas empresas y los despidos masivos al amparo de la emergencia sanitaria, han llevado al desempleo de un 25% de la población, según cifras del DANE 13 millones de personas han perdido sus empleos; al tiempo que se han arruinado los proyectos de subsistencia de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Sobre las niñas, las jóvenes y las adultas se imponen desde jornadas interminables de trabajo doméstico gratuito, hasta la violación y los feminicidios, tanto por parte de las fuerzas armadas como en las familias, con el recrudecimiento de la violencia patriarcal, sin que el Estado las proteja y persiga a los culpables.
El modelo de salud excluyente y mercantilizada, resulta incapaz de enfrentar el Covid 19 que ya supera las 590 mil personas contagiadas y los 18 mil fallecimientos.
El gobierno de Duque y el Centro Democrático se oponen al cumplimiento de lo pactado en los Acuerdos de paz y no tienen voluntad política para restablecer las conversaciones con el ELN.
En cambio, violan la soberanía nacional con la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio que buscan agredir militarmente a Venezuela, mantener la hostilidad contra Cuba favoreciendo el criminal bloqueo económico y concertar un nuevo Plan Colombia, para atraer inversión norteamericana y destruir más empresas nacionales, la producción y seguridad alimentaria, arruinar al campesinado y arrasar con los ríos, los páramos y el medio ambiente y continuar la guerra contrainsurgente es decir, la guerra del capitalismo salvaje contra los pueblos y territorios.
Estamos reviviendo la prolongación de la violencia socio política, se profundiza el genocidio sistemático en contra de afrodescendientes campesinos e indígenas, comunales, sindicalistas, mujeres, jóvenes, sectores populares y políticos alternativos como parte de la política de terrorismo de Estado.
Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP han sido asesinados 1003 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 226 ex guerrilleros de las FARC-EP firmantes de la paz.
En 2020 han sido asesinados 198 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos y 43 ex guerrilleros firmantes de la paz; igualmente se han incrementado las masacres, 49 hasta la fecha con un saldo trágico de 195 personas asesinadas, los asesinatos cometidos por militares y policías de 2 indígenas liberadores de la madre tierra en el Cauca y de 7 campesinos e indígenas en proceso de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito; así mismo denunciamos los atentados, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y la permanente agresión a comunidades campesinas e indígenas que resisten frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y el tratamiento represivo a la movilización y la protesta social por parte del ESMAD y el Ejército Nacional; el Gobierno no solo calla sino que niega el conflicto e incremento de la violencia socio política y denomina las masacres como “homicidios colectivos”, con el fin de eludir su responsabilidad y mantener esta táctica de guerra permanente.
La desinstitucionalización política, la vulneración gradual de las libertades democráticas y las garantías ciudadanas son insoportables e inaceptables. El subpresidente Iván Duque, al amparo de los Decretos y atribuciones para enfrentar la pandemia, anula la acción directa del Congreso de la República y de la Rama Judicial, interfiere en la elección de funcionarios para que resulten electos aquellos que son proclives a sus intereses, encubren sus delitos e impunidad, en los cargos como la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Además, Duque se ha empeñado en deslegitimar la decisión de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia de dictar detención domiciliaria al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, lo cual abre el camino al juzgamiento de sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo como sustento de la corrupción administrativa y la clientela política, y su condición de determinador de masacres, cuando fue gobernador y primer mandatario entre 2002 y 2010.
Frente a este desastre en la producción, en el cuidado de la vida y del medio ambiente, en la protección de la paz y la democracia, desde el 2019, el pueblo colombiano ha venido confrontado la agenda económica y política del actual Gobierno con el contundente Paro Nacional del pasado 21 de noviembre y las acciones de lucha posteriores; e incluso, en medio de la emergencia sanitaria, muchos sectores, desesperados por su salud o por la subsistencia, han levantado sus voces por: la defensa de Ecopetrol como patrimonio público con el encadenamiento en la Plazoleta de la Dignidad (el machín) y acciones de protesta en puntos de producción por parte de los trabajadores de los oleoductos agrupados en la USO, la defensa de la Educación Pública con la exigencia de la Matrícula Cero y otras demandas del movimiento estudiantil , movilizaciones contra el asesinato de líderes y lideresas sociales, marchas por la dignidad, caravanas y refugios humanitarios, plantones y mítines convocados por muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas, denunciando la desidia institucional ante la falta de atención en medio de la cuarentena.
Se consolidó un Pliego Único de Emergencia con el Comité Nacional de Paro (CNP), en el cual se destaca la exigencia de una Renta Básica no inferior a un salario mínimo, algunas acciones de protesta y el paro virtual convocado por FECODE rechazando la alternancia y la pretensión del Gobierno de obligarles a retornar a la actividad presencial sin las debidas medidas de protección y bioseguridad.
Es la hora de articular y unir las diferentes expresiones del movimiento sindical, social, popular, de las organizaciones de mujeres, de los feminismos, de todas las fuerzas sociales, políticas alternativas y de izquierda para acumular y confrontar el régimen, ampliar y fortalecer la movilización y la protesta, recuperar los tejidos organizativos y las acciones de autoprotección, la seguridad alimentaria y la salud, la protección de los territorios.
Vamos a cubrir campos y ciudades, montañas y valles, calles y carreteras en todo el país con la acción política, con actos culturales y simbólicos, vamos a promover una campaña contra hegemónica al discurso mafioso y fascista en el poder, vamos a fortalecer los escenarios de articulación y coordinación territoriales, regionales, y/o sectoriales, con diversas formas de resistencia y lucha, con plantones, mítines, marchas, bloqueos, huelgas y tomas en cada territorio, en todo el País Estamos construyendo Frente Social y Político, popular y democrático, con los aportes, propuestas, compromiso de todas y todos, capaz de avanzar en la movilización social y política, profundizar la confrontación al régimen y al modelo, en la perspectiva clara de ser alternativa de gobierno y de poder con el pueblo y por el pueblo.
Por el Derecho a la Vida y contra la impunidad.
Por alimento, salud, educación, justicia, y paz, preparemos el Gran Paro Nacional.
¡UNIDAD PARA AVANZAR, UNIDAD PARA VENCER!
(*)Multilateral de Fuerzas Sociales y Políticas, Populares y de Izquierda
– Coalición de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOC)
– Congreso de los Pueblos (CdP)
– Coordinadora Socialista (CS)
– Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)
– Movimiento por la Constituyente Popular (MCP)
– Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP)
– Marcha Patriótica (MP)
– Partido Comunista Colombiano (PCC).
