La región de los Dos Ríos se ubica entre los departamentos de Bolívar y Antioquia. Es una zona que afronta la criminalización y el asesinato de líderes y lideresas sociales. A la fecha, durante el año 2020, se han registrado 17 asesinatos, 35 amenazas y 9 capturas. El 29 de agosto fueron asesinados Omaira Alcaraz, de la Junta de Acción Comunal -JAC- de la vereda Alto San Juan, Sur de Bolívar, Fernando Gaviria García, de la Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia- AFASBA- y presidente de la JAC, y Jorge Iván Ramos, del partido FARC.
Históricamente, los habitantes del Sur de Bolívar, el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño han tenido la minería como una de sus actividades económicas principales. Las grandes reservas de oro que existen en el territorio sirven desde hace siglos a muchas de las familias de la región. Sin embargo, en la actualidad, grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AUC-, los Caparrapos y el Clan del Golfo mantienen una constante guerra por el control de la zona.
Adicionalmente, el Ejército Nacional, que sirve como seguridad para multinacionales extractivistas como la AngloGold Ashanti y la Gran Colombia Gold, ha aumentado el pie de fuerza y ya alcanza los 5.000 efectivos. Asimismo, en la zona también hacen presencia las llamadas disidencias de las Farc-Ep y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
Omaira y Fernando Gaviria García
Fernando y Omaira eran luchadores populares que habitaban en el corregimiento de Cerro Azul, vereda Alto San Juan del municipio de San Pablo, Sur de Bolívar. Hasta allí, el 29 de agosto a las 9:30 pm, llegaron dos hombres encapuchados, sin identificación alguna y con armas de fuego. Primero, se dirigieron a la casa de Omaira Alcaraz, fiscal de la Junta de Acción Comunal, a quien amarraron junto con su familia al interior de la vivienda.
Luego, se desplazaron hacia la tienda en donde Fernando trabajaba, ubicada en el centro de la vereda, y le ordenaron a él dirigirse hacia la casa de Omaira, pero él se resistió y los hombres le dispararon en el abdomen. ´Panadero´ como se le conocía también a Fernando, corrió para intentar salvar su vida; sin embargo, instantes después, una bala impactó su cabeza y, luego, recibió otros cinco disparos que terminaron con su vida. Los hombres regresaron a la casa de Omaira a quien llevaron a la puerta de la vivienda y la asesinaron.
Panadero era un líder de la zona, presidente de la Junta de Acción Comunal. Gracias a su trabajo constante y honesto se había ganado el reconocimiento de los habitantes de la región, quienes confiaban en él como un representante de la comunidad ante diferentes espacios. Panadero era líder de la Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia- AFASBA- y miembro del Coordinador Nacional Agrario -CNA- y del movimiento social y político Congreso de los Pueblos.
Asimismo, Panadero había participado en mesas de interlocución como la ´mesa mineroenergética´ en donde se plantearon iniciativas para garantizar la subsistencia de las comunidades agromineras y para frenar el saqueo de recursos por parte de las multinacionales que hacen presencia en la zona. En su trabajo incansable por la comunidad, Panadero participó en procesos comunitarios desde donde se exigía, por ejemplo, el agua potable para las escuelas de la región.
Además, apoyó la gestión de un proyecto para que la zona contara con alumbrado público mediante la instalación de paneles solares. La comunidad, en reconocimiento a su liderazgo, lo postuló como candidato al concejo de San Pablo en dos ocasiones. En abril del 2019, Panadero participó en una movilización que partió desde La Lizama –Santander- hacia Bogotá, para denunciar los asesinatos sistemáticos que se venían presentando en el territorio nacional, en el Refugio Humanitario por la Vida de los Líderes y las Lideresas Sociales.
En los últimos tiempos, Panadero realizó un acompañamiento a las familias campesinas que sufrían la erradicación forzosa de cultivos, con el fin de garantizar primero el acuerdo con las comunidades y, segundo, la sustitución por cultivos que les permitieran una subsistencia digna. A Fernando y a Omaira los asesinaron los paramilitares con el fin de silenciar sus ideas, pero sus nombres no serán olvidados, sus voces seguirán naciendo en los territorios y continuarán resonando en la lucha popular de la región de los Dos Ríos.
Jorge Iván y la incursión en Segovia
El día 30 de agosto, un día después de haberse presentado el asesinato de Jorge Iván Ramos, conocido como Mario Morales, dirigente del partido FARC y miembro del Espacio Territorial de Capacitación y Reicorporación -ETCR- ´Juan Carlos Casteñada´, ubicado en la vereda de Carrizal en Remedios, Antioquia, se reportó una incursión paramilitar en Campo Alegre, corregimiento de Segovia –Antioquia-. Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y el Clan del Golfo realizaron disparos y pintaron las paredes con amenazas de muerte que generaron zozobra entre la población.
La criminalización y los hostigamientos contra los habitantes de la región de los Dos Ríos no son un hecho aislado, sino que responden a una política sistemática de un Estado que persigue a quienes buscan defender este territorio.
Adicional a estas vulneraciones de los Derechos Humanos, se resalta el intento por hacer pasar como insurgentes a los líderes y lideresas sociales de la región. El Estado, en cabeza del Presidente Iván Duque, junto a los paramilitares, continúa con una estrategia de persecución contra el movimiento social. En esta política se incluyen las amenazas, la judicialización y el asesinato sistemático de los habitantes del noroccidente colombiano.
GC/31/08/2020
