El país se encuentra en una profunda crisis debido a las políticas de muerte impartidas desde el Gobierno. El desplazamiento forzado, el asesinato sistemático tanto de líderes sociales como ambientales es tan alarmante que ha llevado a que diferentes sectores se manifiesten en contra del Estado que, a través de su paupérrima gestión e inversión, ha desencadenado un verdadero problema para la sociedad colombiana.
Las medidas tomadas durante la pandemia por la Covid-19 han beneficiado mayoritariamente a las entidades privadas a costa de las necesidades de indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunidad en general. Lo público es víctima tanto del conflicto armado como de tratados con empresas mineras que pretenden explotar los recursos naturales.
Prueba de ello es que actualmente en el Departamento de Santander se ejecutan movimientos para intervenir una parte del Páramo de Santurban lo que implicaría un deterioro inminente del Medio Ambiente y, por ende, de los recursos naturales disponibles. Este páramo alberga una amplia biodiversidad de fauna y es allí donde nacen varias fuentes hídricas que abastecen a las poblaciones de la región.
“Hay una puerta abierta por parte del Gobierno a las empresas mineras. Están irrespetando nuestros territorios y violentando nuestros derechos. Estamos llamados a la defensa de los páramos, del medio ambiente, de la paz, de la vida y la dignidad que es propia del indígena y de todos los colombianos”, declara Manuel Antonio Usa, medico indígena de la comunidad Misak.
El Departamento del Cauca se han ejecutado más asesinatos de líderes y lideresas sociales que en el resto del país. La Fiscalía contabiliza 60 víctimas en lo que va corrido del año, donde más del 30% corresponden a ex combatientes que entregaron las armas y se reintegraron a la vida civil pero que han sido silenciados a medida que los días han avanzado.
El objetivo de estos asesinatos sistemáticos es destrozar las organizaciones territoriales de base. Pero independiente de la situación, llama aún más la atención la notoria indiferencia del Estado. Este ha permitido que se proliferen diferentes grupos armados que se encuentran en una disputa territorial por rutas para el comercio de drogas. Lastimosamente, quienes viven en carne propia las consecuencias del conflicto son los más pobres.
“Estamos viviendo desplazamientos forzados, violencia directa, estructural y cultural protegida por el Estado. El Ejército no hace nada e incluso vuelve más intenso el asesinato de líderes sociales con su presencia. El Estado colombiano debe garantizar los medios suficientes para que las comunidades puedan desarrollar sus propios ejercicios de autoridad y autonomía dentro de nuestros territorios. Finalmente, es necesario que la comunidad en general se sume a las manifestaciones masivas en contra del Gobierno que cada vez nos oprime con mayor fuerza”, considera el médico tradicional Misak Manuel Antonio Usa.
*Cleyman Narváez es colaborador de Colombia Informa en Cali.
