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Los médicos intensivistas de la Clínica La Esperanza (Evaluamos IPS Ltda) de Montería (Córdoba) renunciaron en forma masiva.

La doctora Ingrid Torralvo, quien laboraba desde hace varios años en la Clínica indicó que tomaron la decisión de retirarse de los cargos, a partir de este primero de agosto.
Estos profesionales no solo están en alto riesgo por atender pacientes con Covid-19, sino que no tienen las mínimas garantías para el desempeño de sus funciones, pues la última vez que les pagaron un mes de sueldo fue en marzo, cuando recibieron el pago de uno de los 15 meses que en ese momento les debían.

La situación es crítica si se tiene en cuenta que el departamento de Córdoba tiene uno de los más altos índices de letalidad por Covid-19 en Colombia (11,2 %) y en el centro asistencial hay 13 pacientes con Covid-19

El médico intensivista Agamenón Quintero, directivo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, indicó que «lo justo es que a los profesionales les paguen de manera oportuna».

La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) solicitó al inepto Ministro de Salud y la Superintendencia que intervengan e investiguen la millonaria deuda que tiene la Clínica con los intensivistas y que se adopten las medidas pertinentes para garantizar el pago de los salarios del personal médico.

De igual manera, unos 700 profesionales de la salud que trabajan para el Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar (Cesar), completan hasta 11 meses sin recibir su salario. Varios de ellos han optado por entrar en cese de actividades.

Aunque muchas veces se han reunido con los directivos del hospital no ha sido posible llegar a un acuerdo, por falta de voluntad patronal.

“A diario venimos a cumplir el turno porque seguimos atendiendo urgencias vitales, pero en nuestras casas seguimos dejando sin sustento a nuestras familias, y peor aún, exponiéndolos a ser contagiados de Covid”, aseguró Luis Eberto Gómez uno de los afectados.

Hace unos días en pleno confinamiento decenas de Trabajadores de la Salud salieron a protestar a las calles y realizaron un plantón en las oficinas de la Secretaría de Salud departamental, pero no han tenido respuesta.

“Estamos desesperados, hay días que no tenemos para el transporte, pero aun así cumplimos con los turnos, entiendan que estamos dejando a una familia en casa con necesidades, a mí me deben 9 meses de salario, las deudas que hemos adquirido por este atraso nos están asfixiando”, afirmó una enfermera del hospital considerado el de mayor nivel de la capital del Cesar.

El centro hospitalario, tiene suspendidos desde hace 24 días los servicios de consulta general y cirugías programadas.

Julio Peralta, presidente del gremio de ginecólogos en Cesar explicó la preocupante situación: “son 11 meses de atraso en el sueldo de especialistas, algunos les deben nueve, a otros ocho, a los que menos le deben es a las auxiliares de enfermería con seis meses”

El Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social reitera que “este es un problema financiero de fondo que deben resolver lo antes posible las EPS, la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación”.

La deuda que tienen las EPS con el centro hospitalario asciende a 60.000 millones de pesos, cifra que el Ministerio de Salud se comprometió a gestionar.

Como unos a otros “se tiran la pelota” la gerencia del hospital asegura que el incumplimiento de los pagos es responsabilidad de la Secretaría de Salud departamental y declaran:

“Exigimos la diligencia de la Secretaría para que esas cuentas se concilien, reconozcan y se empiecen a direccionar los recursos para que el hospital cancele la deuda que tiene con sus trabajadores”.

El 27 de abril la Federación Médica Colombiana señaló:

“Los médicos hemos propuesto al gobierno la contratación de todo el personal sanitario, vinculándolo al trabajo mediante contrato laboral. De esta manera se resuelven la informalidad e inestabilidad laboral”

Sin embargo, 3 meses después la formalización y dignificación laboral de los trabajadores de la salud continúa pendiente.

La catástrofe que se avecina es inocultable, el número de contagiados y los fallecimientos siguen en aumento, y nuestro endeble sistema de salud no cuenta con un número suficiente de personal especializado para atender adecuadamente la Covid-19.

Es por ello inaceptable y criminal que Uribe y sus fanáticos seguidores, haciéndose eco de la campaña de descrédito contra la colaboración médica cubana del gobierno Trump, se hayan opuesto ferozmente a la posibilidad de recibir ayuda de Cuba, olvidando que este es un asunto de vida o muerte, para miles de colombianos.

La calidad humana y profesional de los médicos cubanos ha sido comprobada ampliamente y hasta la fecha 45 brigadas del Contingente contra desastres naturales y graves epidemias, “Henry Reeve”,  han colaborado en 38 países y territorios, atendiendo más de 250.000 pacientes de Covid-19, y salvando, hasta el momento 8.000 vidas, según informó el Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel.

Su capacidad y altruismo han sido ampliamente reconocidos en todos los lugares donde han trabajado, al punto que se ha iniciado una campaña mundial solicitando para ellos el Premio Nobel de la Paz 2021.

Gráfica – El personal del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar salió a la calle respetando medidas de bioseguridad. Foto: Ludys Ovalle Jácome

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