Las comunidades rurales de varias zonas de Norte de Santander, el Cauca, Antioquia, entre otros departamentos, así como las comunidades indígenas han hecho una denuncia constante ante la violencia y los asesinatos sistemáticos que se han recrudecido a raíz de la militarización que se ha llevado a cabo durante la pandemia.
“Este año llevamos cerca de seis asesinatos a líderes sociales; cuatro de ellos hacían parte de procesos de sustitución voluntaria de cultivos adscritos a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam- y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito -PNIS-. Realmente no existen las garantías para que las alternativas propuestas sean tenidas en cuenta por la institucionalidad, sino por el contrario existe una clara violación por parte de la fuerza pública de violentar a las comunidades”, afirma Gonzalo Sánchez*, integrante del Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA-.
La región de Catatumbo atraviesa una crisis social, política y económica que se agudiza a raíz de la Covid-19. Los operativos de erradicación forzada de cultivos de coca por parte de la fuerza pública han dejado a su paso campesinos heridos y asesinados. “Están aprovechando esta situación de crisis, de encierro, para avanzar con sus propuestas de guerra y posicionamiento en el territorio con las multinacionales, comandos élite de los Estados Unidos y otras fuerzas oscuras que aún no están declaradas”, concluye Abril.
El gobierno no está generando las condiciones y garantías para los líderes y lideresas en el país. “Hay un rechazo rotundo por parte del movimiento social ante la fuerte militarización que existe en la región y ahora la incursión de tropas extranjeras al territorio, lo que suma un actor más en medio de un conflicto de multiplicidad de actores”, complementa Sánchez.
La presencia de los militares estadounidenses en Colombia
Tropas del ejército estadounidense arribaron en junio a territorio colombiano bajo la bandera de ‘la lucha contra el narcotráfico’. Las comunidades campesinas de todo el país han rechazado esta incursión, afirmando que se trata de una invasión que traería más violencia a sus territorios.
Las ‘Zonas Futuro’ son los cinco lugares que inicialmente ocuparían las tropas: el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, el Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños. Según el ministro de defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, “esta brigada, que hace parte del Comando Sur, solo realizará tareas de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico”, asimismo asegura que no participarían en operaciones militares.
El artículo 173 de la Constitución Política colombiana establece que es función del Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Por este motivo, varios senadores como Lidio García, Aída Avella, Alberto Castilla e Iván Cepeda, manifestaron su rechazo pues, al haberse omitido el paso de consultar esta decisión al Senado de la República, el hecho adquiere un carácter inconstitucional.
“Nos sorprende la llegada de las tropas estadounidenses con el fin de la supuesta intención de asesorar al Ejército colombiano. Hemos hecho la articulación social para contrarrestar esta ocupación a la soberanía de nuestro país, porque vemos que es una violación más a los Derechos Humanos. Este hecho entorpece los caminos de paz que las comunidades han pedido al Gobierno que transite”, afirma Jhonny Abril, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT-.
Organizaciones campesinas de todo el país manifestaron que el objetivo central de estas tropas extranjeras sería desvertebrar el tejido social, así como el de generar zozobra en los territorios y especialmente en la frontera colombo venezolana, teniendo en cuenta que dos de estas Zonas Futuro corresponden a zonas fronterizas (Arauca y Catatumbo, en Norte de Santander).
En marzo se realizaron los Ejercicios Vita, operaciones “cívico-humanitarias” en La Guajira, departamento limítrofe con Venezuela, con la participación de militares estadounidenses y colombianos. Estos Ejercicios, sumados a la serie de hechos que han transcurrido en lo que va del año en la frontera, así como en las aguas territoriales de Venezuela, argumentan la posibilidad de que existan planes de intervención militar en los que el escenario inicial sería Colombia.
“Las tropas de Estados Unidos en nuestro territorio no son bienvenidas. Estas tropas deben salir de nuestra región porque están violando nuestros Derechos Humanos; en caso de que ocurriera un ataque entre ambos países, la población civil estaría en riesgo, además de que sufriríamos también los atropellos que estas tropas están enseñadas a hacer a los países que han invadido como Irak, Siria, Libia, entre otros”, comenta Abril, integrante de ASCAMCAT.
Por otro lado, varios senadores interpusieron una acción de tutela a mediados de junio, con el propósito de que el Senado tuviera la oportunidad de asumir su función de control político ante el tránsito de tropas extranjeras en servicio o misión oficial en Colombia El 2 de julio la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de esta acción; sin embargo, no se ha hecho efectiva hasta la fecha.
La militarización y las mujeres
Las consecuencias de la incursión de tropas militares en Colombia tienen un historial desde hace años. Esta “colaboración” y operativos conjuntos entre ambos países se formalizaron en la primera década de los 2000, en el marco del Plan Colombia.
El grupo de Mujeres de la Ruta Pacífica realizó un comunicado llamado Las mujeres si sabemos a qué es que vienen; en este afirman que “nosotras las mujeres colombianas sí sabemos a qué vienen los soldados estadounidenses a Colombia. Nos oponemos a que nuestros territorios y nuestros cuerpos continúen siendo violados por hombres en uniforme que se dicen defender la patria, la democracia y la libertad. Nos oponemos a la cultura de violencia y de guerra que ejércitos como el estadounidense esparcen a donde llegan”.
En Colombia hay múltiples antecedentes de violaciones y abusos sexuales perpetrados por militares estadounidenses hacia las mujeres en Colombia. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en el 2006 en Melgar, Cundinamarca, cuando una madre denunció la violación de su hija, una niña de doce años, por parte de dos militares norteamericanos. Los militares volvieron a Estados Unidos y el caso quedó impune.
*El nombre de Gonzalo fue cambiado por motivos de seguridad
