Comunidades en el municipio de Güicán de la Sierra, rechazaron las capturas con movilización, exigieron respeto el debido proceso y la libertad de los detenidos.
Frente a esta situación la Fundación para la Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barragán Vergel -FUNJAB-; la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC; y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, denunciaron que los pobladores de municipios del norte del departamento de Boyacá son sometidos a agobiantes procesos de judicialización y estigmatización generalizada. Situación que preocupa, debido a la alta militarización del territorio, al asesinato selectivo ocurrido en esta región del país.
En comunicado emitido el 01 de julio del año 2020, las organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la captura de cuatro miembros de la comunidad de Güicán; entre los que se encuentran campesinos y comerciantes.
El comunicado relaciona los siguientes hechos:
“El 12 de Junio, en un puesto de control ubicado en la vía que de Güicán de la Sierra conduce a Panqueba; unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros -EMCAR- capturan a Juan Sebastián Barón Pérez y a la señorita Erika Tatiana Silva Rojas…
…Sebastián y Erika se desplazaban en el vehículo Renault 9, placas CHL 843; luego de detenerse y descender del vehículo, realizaron una requisa a los ocupantes y al vehículo. La Policía asegura que luego de la requisa se incautó un arma de fuego y proyectiles para la misma”.
Según la comunidad, los capturados son residentes y gozan de amplio reconocimiento. Sin embargo, los medios de comunicación señalaron que «Sebastián llevaba provisiones y víveres, además de entregar información a integrantes del ELN«.
El 26 de Junio de 2020, se da otro hecho en similares condiciones: “El señor Edwin Andrés Valbuena Garzón docente de profesión, transportador y comerciante de oficio, se movilizaba en zona rural de Güicán, transportando en su vehículo Daihatsu amarillo de placas JAG 067 a los señores Hermes Danilo Olivos Prada y Ana Karina Sanabria Nossa, campesinos del sector, a la altura de la Vereda San Ignacio, sector Yerbabuena, en un retén de la -EMCAR-, los hacen descender del vehículo, los identifican y requisan, luego proceden a requisar el vehículo manifestando que en una bolsa negra encontraron munición para Fusil y una granada de aturdimiento”.
Edwin Andrés, Hermes Danilo y Ana Karina fueron judicializados y se les impuso medida de aseguramiento de privación de la libertad. Según el ente acusador estas personas representan un peligro para la comunidad. Con medida de aseguramiento, también fueron cobijados Sebastián y Erika, por el delito de Porte Ilegal de armas de Defensa Personal.
En conversación con Fabián Laverde, integrante de COSPACC se pudo establecer que, “Existe preocupación por la situación que se presenta con el refuerzo de la fuerza pública, especialmente con el -EMCAR-, porque realizan capturas a persona de ese sector acusándolas de ser una red de apoyo del ELN”. Además, denuncia que a las personas se les está haciendo una violación al debido proceso.
Las organizaciones firmantes de la denuncia aseguran que: “apoyamos las acciones de denuncia y protestas emprendidas por los habitantes de Güicán de la Sierra por estos casos de falsos positivos que afectan a personas de su comunidad”. Exigimos a entes gubernamentales, la Procuraduría, a la Oficina de Derechos Humanos de ONU, para que se realice seguimiento a estos casos y evitar así un Falso Positivo Judicial.
En Contexto: en Colombia se judicializa por ejercer un liderazgo social
Colombia es un país determinado por el devenir del conflicto armado, fenómeno que genera impacto en las dinámicas sociales. Las instituciones del Estado -Seguridad, Defensa y Judicial-, desarrollan una política contrainsurgente, política en que incluyen a las organizaciones sociales y supone arremeter contra cualquier brote de oposición, mediante asesinar, judicializar o estigmatizar a las comunidades, liderazgos sociales y defensores de Derechos Humanos.
Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre 2012 – 2019 fueron judicializadas por lo menos 249 personas. Personas que ejercen algún tipo de liderazgo social o defensa de los Derechos Humanos. Es decir, el ejercicio de realizar oposición, supone un proceso judicial. Procesos que sufren junto a sus familias y comunidades; además del acoso y desprestigio desde los medios de comunicación, mostrándolos como colaboradores de los grupos insurgentes.
Ejemplo de esta práctica social genocida, son las capturas masivas ocurridas en el periodo 2002 – 2010 en el Gobierno Uribe; o las realizadas por Duque en los departamentos de Casanare, Arauca y Norte de Santander, que solo en el primer semestre del 2020, dejó un aproximado de 15 a 20 #LíderES judicializados, solo por levantar su voz de protesta.
