El gobierno colombiano reafirmó su postura frente al comunicado conjunto sobre ejecuciones extrajudiciales realizado por la relatora especial Agnes Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en las Naciones Unidas. En este pedían respuestas al gobierno frente a la ejecución extrajudicial del excombatiente Dimar Torres, así como a los incumplimientos del Acuerdo de Paz con las Farc.
“Lamentamos profundamente el comunicado conjunto de Agnes Callamard y los otros relatores”, declaró Nicolás Ávila Venegas, primer secretario de la Misión Permanente de Colombia antes Naciones Unidas; “en el cual se hacen graves acusaciones profiriendo juicios en contra del Gobierno colombiano sin contar con informaciones provenientes de fuentes oficiales que pudieran contrastar con las que seguramente han recibido de otra parte”.
En una declaración conjunta realizada el 4 de junio por la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se instó al gobierno colombiano a no estimular la violencia hacia los excombatientes de las Farc.
Unos días después el senador Álvaro Uribe afirmó que “Naciones Unidas está actuando de manera que no hay garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el gobierno está incitando a la violencia contra los desmovilizados?”.
Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales y los demás expertos se habían pronunciado ante el asesinato de Dimar Torres y de los demás excombatientes. «Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad», afirmaron.
Frente a este llamado, durante la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se está llevando a cabo en la sede de Naciones Unidas, el gobierno colombiano, representado por el primer secretario Nicolás Ávila Venegas, manifestó:
“No pretendemos desconocer la realidad tal como ha sido o como es; pero la responsabilidad de los agentes humanitarios y de los relatores especiales es de ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones y a facilitar la realización del derecho a la vida. Esa forma de proceder no corresponde a los criterios establecido para los titulares de mandatos”.
Sin embargo, dentro de sus mandatos los relatores especiales tienen la obligación de investigar, visitar los países, recibir y examinar denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de intervenir ante los gobiernos a favor de las víctimas. De igual forma, en algunos casos pueden también recomendar programas de cooperación técnica y hacer ‘llamamientos urgentes’.
Según el sitio oficial de la ONU, estos últimos buscarían que el país involucrado «dé explicaciones sobre las acusaciones y, por otro, que se comprometa a velar por el respeto de los derechos de la supuesta víctima».
En ese sentido, Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, no violaron ningún criterio o forma de proceder, como lo aseguró el primer secretario colombiano.
Este escenario es otra muestra de la negligencia con la que el gobierno de Colombia ha respondido, no solo a los asesinatos de los excombatientes, sino también al incumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz, principalmente en materia de Reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito y garantías de vida para los integrantes del nuevo partido.
«Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida», afirmaron los expertos.
