Todas las diligencias de diversas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, han resultado insuficientes ante el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia, en su mayoría rurales.
Impactantes han sido las últimas informaciones en este País sobre lo ocurrido con María del Pilar Hurtado (34 años), dirigenta social en Tierra Alta del Departamento de Córdoba, quien fue asesinada en presencia de uno de sus hijos este miércoles 26 de junio, donde han sido asesinados 30 líderes sociales en el último año, según han dado a conocer medios de prensa.
Durante la madrugada del domingo 23 de junio, el comunero indígena Carlos Biscue fue asesinado en el resguardo Nasa, López Adentro, en el municipio de Caloto, Cauca por hombres armados, quienes dispararon de manera indiscriminadamente a una fiesta de la vereda donde se encontraba. Según información del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el hombre de 30 años vivía en la vereda El Credo del resguardo indígena Huellas en el mismo municipio.
Numerosos líderes sociales en diversos puntos de Colombia, mayoritariamente indígenas y comunales, han dado el alerta de encontrarse bajo amenazas de muertes por grupos sicarios, mercenarios paramilitares y han exigido al gobierno que se tome en serio sus denuncias y frenar nuevos desenlaces fatales.
Recientemente, numerosas personalidades defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y de medio ambiente, entre ellos, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, con unas setenta organizaciones de una quincena de países, han hecho un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos, para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia, dando a conocer un listado sobre asesinatos durante mayo y junio y resaltando un informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ, que da cuenta de un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.
El genocidio se describe como un acto determinado ( homicidio, atentado grave contra la integridad física o mental…) «perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal » . Las Partes en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, actualmente unos 120 Estados, tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas y administrativas internas necesarias para garantizar su aplicación, en particular prever sanciones penales para las personas culpables de este delito.
Las organizaciones han señalado: “Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del Estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios”.
Agregan: “Estos crímenes de lesa humanidad involucra asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, , persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos”.
Las organizaciones internacionales, además de los casos indicados en los últimos días de junio, han extendido una Carta / Comunicación con diversos antecedentes que ha sido dirigida a diferentes instancias internacionales de Derechos Humanos, con los siguientes casos:
En horas de la tarde de este 15 de junio se conoció el asesinato de Luis Carlos Valencia, líder social de 52 años del departamento del Valle del Cauca, información preliminar apunta a que su cuerpo fue hallado con cinco heridas ocasionadas por arma de fuego en la vía Restrepo, zona rural de Agua Mona, se desconocen los autores y los móviles del crimen.
El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.
En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: “Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha”.
El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.
La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.
El pasado 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado.
Los asesinatos en junio también han involucrado a desmovilizados de la guerrilla. El jueves 13 de junio fue asesinado Rafael Polindara, quien se había desmovilizado de las Farc el Acuerdo de Paz. Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. El hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 12 de junio en Tumaco, Nariño Alexander Saya Palacios, también desmovilizado de la guerrilla, quien fue ultimado por desconocidos, sumándose al asesinato el pasado 7 de junio de Jorge Enrique Sepulveda, también exintegrante FARC quien aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la ARN en Tierralta, Córdoba.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo del 2019, reflejando un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política.
Esta es la lista que dio a conocer Cerac en el informe sobre mayo del 2019 con respecto a asesinatos:
-Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño, fue asesinada con arma de fuego. En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.
-Daniel Rojas fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.
-Guillermo León Rengifo fue asesinado con arma de fuego en Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.
-Benedicto Valencia fue asesinado en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidia la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.
-Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño, fue asesinado.
-Concepción Corredor fue asesinada en zona rural de Nunchía, Casanare. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.
-Joaquín Trujillo fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.
-María del Carmen Flores fue asesinada con arma de fuego en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.
-Belisario Arciniegas García Fue asesinado con arma de fuego, era candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.
-Jorge Enrique Corredor conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también fue asesinado con arma de fuego.
-Fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio.
-Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar fue asesinado con arma de fuego.
-Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Popayán.
La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, gran parte serían perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.
Equipo Comunicaciones Mapuche
