Por: Violeta Guetnamova
Inesperadas coincidencias en varios aspectos del discurso político parecen presentarse en Colombia actualmente entre fuerzas políticas en apariencia opuestas. Es por ejemplo el caso de la cercanía conceptual expresada por algunos dirigentes del partido Farc en relación a ciertas concepciones políticas tradicionalmente propias del bloque de poder oligárquico.
Uno de los temas es el referido a la legalidad, la cual es concebida por la clase socialmente dominante como un instrumento de coacción y violencia institucional contra la sociedad, bajo el artificio de un pretendido imperio de la constitución y la ley.
El ordenamiento jurídico colombiano es un poderoso instrumento en manos del régimen para garantizar la imposición de sus intereses sobre el grueso de la población, mientras la muerte y la miseria prevalecen por los campos y ciudades de Colombia validando las palabras de Miquéias en relación a que “La victoria de la legalidad es la victoria de un mundo hecho un gran mercado”.
Colombia es un país donde históricamente el aparato jurídico ha estado subordinado a la aplicación de políticas de “Seguridad Nacional” y enemigo interno. Es por este motivo que continúan en la impunidad miles de crímenes de Estado ocurridos durante más de 70 años, donde el territorio nacional ha sido convertido en una gigantesca fosa común, al tiempo que la protesta social es reprimida violentamente; sustentando esta cruda realidad bajo un pretendido “régimen de legalidad”.
Llama la atención que el discurso de un sector de la Farc, venga coincidiendo en algunos de los aspectos mencionados, evidenciándose en los casi nulos y tímidos llamados a la movilización, negando de facto el uso de las vías de hecho como mecanismo legítimo de protesta. Lo anterior en razón a que se da por hecho la supuesta existencia de garantías para la movilización social, soslayando la realidad de una clara política de exterminio emprendida por el Estado contra todo contradictor político.
A lo anterior hay que adicionar un confeso arrepentimiento del pasado insurgente, la reacción poco enérgica frente al asesinato sistemático de excombatientes, y la reprobación de la vigencia del derecho universal de los pueblos a la rebelión armada, seguramente para no retractarse, sobre declaraciones públicas, en las que se asegura que vivimos tiempos de paz y posconflicto.
De esta forma la consigna de patria o muerte, se ha transfigurado en un vergonzoso discurso legalista, amparado en la protección de un pretendido Estado Social de Derecho, y en la defensa a ultranza de la constitución y la ley; misma bajo la cual el régimen transgrede los derechos más básicos del pueblo, que algún día las FARC juró defender.
El actual discurso de un sector del partido Farc, valida el lema de Paz con legalidad del gobierno Duque y del Centro Democrático, el cual expresa la imposición de una política de paz conforme a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional; dicha política fue diseñada con el objetivo de hacer de los acuerdos de paz un pacto de sometimiento para la insurgencia.
Tomando en cuenta lo anterior, el Estado colombiano busca restringir los derechos políticos y civiles de los excombatientes desde diversos dispositivos “legales”; al tiempo que estigmatiza los territorios en los cuales se encuentran asentados los exguerrilleros, con el fin de justificar la paulatina militarización de dichos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y sus poblaciones aledañas, y así garantizar que no hayan procesos de organización social y política desde las comunidades.
Otro objetivo de la política de Paz con legalidad del Centro Democrático, es, acudiendo al discurso del respeto a la institucionalidad y de una supuesta lucha contra la ilegalidad, asegurar impunidad a los determinadores del conflicto, sean estos militares, políticos, empresarios, etc., transformando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un tribunal de juzgamiento contra la ex guerrilla, el movimiento social y popular, y propendiendo por suprimir los seis tribunales que conforman el poder legislativo y fabricar una supercorte de bolsillo. Con ello se busca conservar el predominio del poder político del sector más retardatario de la clase social dominante, para que la verdad continúe siendo un derecho mutilado.
De allí que mientras la impunidad ronda por los Pasillos de la Casa de Nariño, los aparatos represivos del Estado violentan a indígenas, campesinos, estudiantes y demás sectores que se manifiestan en contra de las actuales políticas de gobierno. Hechos tan inherentes a una protesta social como el bloqueo de vías públicas, las huelgas, o las marchas son reprimidas bajo la consigna de la “legalidad”, mientras que aquellos que se suman a la protesta y confrontan la brutalidad policial son señalados y perseguidos como auspiciadores de la ilegalidad.
Sin duda este tipo de presión y terror institucional ha hecho que algunos miembros de la dirección del partido Farc y de la llamada izquierda democrática, acaben siendo útiles al régimen, cuando actúan como “facilitadores” que pretenden apaciguar la protesta social como condición al dialogo, terminando por legitimar de forma indirecta su criminalización. Lo anterior ha generado hechos como fue el caso de la visita del senador Pablo Catatumbo de Farc al departamento del Cauca, donde terminó siendo abucheado y expulsado por los participantes de la Minga Indígena el pasado mes de marzo.
Lo cierto es que la Paz del Centro Democrático, es decir, la paz con “legalidad” es la misma que ha hecho trizas los Acuerdos de la Habana y está condicionada a la desmovilización de la sociedad colombiana y al cercenamiento de las luchas populares, mientras el régimen entrega el país a los grandes capitales nacionales e internacionales, dicha situación es facilitada consciente o inconsciente por una parte de la izquierda colombiana incluyendo al partido Farc.
No hay que ser experto en derecho para saber que lo que en el derecho se hace en derecho se deshace; siendo los procesos jurídicos en Colombia un absurdo kafkiano contra el pueblo.
En oposición a la Paz con Legalidad de la burguesía, la Paz con Justicia Social pasa por la transformación estructural del Estado, ya que resulta imposible hablar de una paz para todos, si no es construida por todos.
Para poder avanzar en la construcción de la justicia social, es imperativo que las fuerzas sociales, populares y revolucionarias rompan las cadenas coercitivas, que ha impuesto el aparente estado de legalidad, y ejerzan masivamente sus derechos legítimos como constituyente primario desde las calles y demás escenarios de lucha.
