Con la participación de más de 380 delegados y delegadas de 170 Organizaciones Sociales, Sindicales, Campesinas, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Estudiantes, Docentes, Ambientalistas, Mujeres, Victimas, organizaciones de DH y paz, Fuerzas Políticas Alternativas, Procesos Urbanos y el Movimiento Comunal del orden nacional y regional, como parte de un proceso de construcción de unidad, sesionamos en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas desarrollado el 9 y 10 de febrero de 2019 en Bogotá D.C.
Caracterizamos este como un momento histórico para avanzar decisivamente hacia la Unidad para luchar juntos y juntas por la utopía de una nueva historia para los pueblos.
El mundo y el país atraviesan por la agudización de la crisis estructural capitalista que continua y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y la desigualdad social, mediante un modelo mercantilista, extractivista a través de las guerras, el despojo y la militarización de la vida cotidiana. Se imponen gobiernos de extrema derecha, ultraconservadores y con tendencias fascistas, que violan los derechos conquistados en las luchas, atacan las autonomías y soberanías de los pueblos y destruyen la madre tierra e imponen su proyecto de muerte.
Colombia no es la excepción, el gobierno continúa en manos de los mismos de siempre y en cabeza del presidente Duque que se propone profundizar el modelo neoliberal, criminal, corrupto y extractivista.
Sus políticas condensadas en el Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque regresivo de derechos, incumplimiento del acuerdo de paz, consolida la entrega de la soberanía y los territorios a las transnacionales. La reforma tributaria aumenta los impuestos a la sociedad colombiana, la política de defensa y seguridad restringe las garantías y libertades ciudadanas, la imposición de un salario mínimo exiguo y la propuesta de presupuesto que limita la inversión y garantía de los derechos a la salud, la educación, los servicios públicos, la vivienda entre otros van a llevar a millones de familias colombianas a la pobreza.
El modelo minero energético ahonda la dependencia de la explotación de hidrocarburos y nos condena a ser un país sin agua, por eso intenta reglamentar el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos en contravía de la Constitución y el Convenio 169 OIT y niega la legitimidad y legalidad de las Consultas populares. Impone el despojo de los territorios; destruye páramos, ríos y bosques; acaba con la economía campesina, la vida y la pervivencia de los pueblos.
Con su espíritu guerrerista fortalece la doctrina de la seguridad nacional, el aparato policial-militar, reactiva el paramilitarismo como estrategia de Estado, penaliza y criminaliza la protesta social, restringe la participación ciudadana y las garantías para la democracia, desconoce los acuerdos de solución política al conflicto social y armado, incumple los acuerdos con las FARC, rompe con el proceso de negociación con la insurgencia del ELN, desconociendo pactos en el marco del derecho internacional, no establece canales reales de diálogo y negociación con el movimiento social y político para cumplir los acuerdos pactados y abiertamente, sin consulta con el Pueblo Colombiano, apoya la intervención militar contra Venezuela. Es un gobierno que hace trizas la esperanza de paz con justicia social, no quiere y no asume su deber constitucional de construir y garantizar el derecho a la paz.
Este gobierno continúa la política de judicializaciones y exterminio de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, van 127 asesinados en lo corrido del gobierno de Duque y un total de 584 entre el 1 enero 2016 y el 9 febrero 2019. No obstante, niega la sistematicidad de estas violaciones de derechos humanos, no brinda garantías para la protección y no ha mostrado la mínima voluntad en investigar, juzgar y parar este genocidio. Lo cual demuestra su responsabilidad por acción y omisión.
Por otra parte, la corrupción compromete los principales consorcios económicos del país y todos los niveles del gobierno, su legitimidad y gobernabilidad se sumen cada vez más en la debacle bajo el silencio cómplice de las instituciones como la Fiscalía y el Congreso, los gremios y los medios masivos tradicionales de comunicación que desinforman y engañan a la sociedad hoy en manos de los grupos económicos y financieros que expolian el país con una matriz ideológica que obedece al status quo.
Como conclusión la muerte campea por todas partes. Mueren los ríos, agoniza el sueño de la paz, mueren los colombianos que con su lucha y trabajo sostienen este país que manejan unos pocos a su antojo, colocando el interés particular sobre el bien común y legislando a favor de sus intereses.
Ante este contexto las luchas populares y democráticas, los movimientos de resistencia se extienden en el mundo, en América Latina y en Colombia para defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y un proyecto alternativo de poder. Nuestros procesos e identidades son anticapitalistas, antiimperialistas, anti patriarcales, en contra de las formas de racismo, discriminación y xenofobia, siendo ellos principios políticos claves para la unidad de los pueblos del mundo.
Es el momento de juntar esfuerzos, debemos unir las luchas para defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas y expresar nuestra voluntad de seguir construyendo la paz y la solidaridad internacionalista, a través de una agenda convergente de movilización y la realización de un paro nacional. Para sembrar la esperanza y construir un nuevo país con vida digna y buen vivir.
DECLARAMOS:
* La decisión y la urgencia de preparar y realizar un gran paro nacional de carácter político que confronten al gobierno y su modelo económico, su agenda política, militar y social: La defensa de la vida, la paz, la soberanía, la democracia, los territorios, los derechos humanos y derechos económicos, sociales, culturales; el cumplimento e implementación de los acuerdos pactados y reivindicaciones con el movimiento social, así como los acuerdos de paz de La Habana y la agenda suscrita entre el gobierno y el ELN; el rechazo a la guerra, el intervencionismo, la corrupción y el actual Plan Nacional de Desarrollo que expresa el proyecto de muerte de este mal gobierno. Este Paro lo convocamos y organizamos todos y todas, desde ya, en ciudades y campos; el próximo 25 abril en ejercicio legítimo de nuestro derecho a la protesta saldremos a las calles para visibilizar las injusticias y motivar la esperanza.
* Continuar e impulsar la movilización permanente y convergente con base en una agenda unitaria de acciones de movilización campesinas, indígenas y afrodescendientes, de los pobladores urbanos, sindicales, de mujeres, estudiantiles, juveniles, de derechos humanos y de víctimas. La defensa de los ríos, páramos, los actos conmemorativos del bicentenario, el inicio de la independencia de Colombia con un carácter libertario y emancipador y acciones de solidaridad con el pueblo de Venezuela, como formas de resistencia colectiva.
* Construir una agenda común de movilización, acción política y unidad, desde los territorios, complementada con acciones del orden nacional, que recoja los sentires, las necesidades y los acumulados de las diversas organizaciones sociales y políticas, que convoque a la sociedad colombiana.
* Continuar y fortalecer el proceso de construcción de un Gran Frente Popular y Democrático conformado por los pueblos, comunidades, organizaciones que construyen procesos por la dignidad y la emancipación, por la vida digna y la autodeterminación. Un Frente Amplio para la confrontación al sistema y al régimen, que articule la movilización por la defensa de vida, por los derechos, el territorio, la paz, la construcción de poder popular y la solidaridad internacionalista. Es decir, un Frente en perspectiva de unidad y de poder. De unidad tanto en lo concreto e inmediato, como también para los cambios en lo estructural y estratégico, a mediano y largo plazo.
MANIFESTAMOS:
* Nuestra solidaridad con los procesos de lucha popular y gobiernos alternativos del Mundo y América latina, en especial con el Pueblo Cubano que ha ofrecido su territorio como escenario para avanzar en los diálogos de paz de nuestro País.
* Nuestro rechazo de manera contundente a la intervención de EEUU a la República Bolivariana de Venezuela apoyada por el presidente Duque. Reafirmamos los principios universales de respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación del Pueblo Venezolano. Manifestamos nuestra solidaridad y la búsqueda de una salida política y dialogada a esta crisis.
* La indignación por el incremento de la violencia sistemática en contra de personas, líderes sociales y defensoras de derechos humanos, ex combatientes de FARC en proceso de reincorporación y sus familiares, la violencia contra las mujeres y los feminicidios, la negación de igualdad en los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, de comunidades y pueblos étnicos, que se manifiesta en los asesinatos, amenazas, atentados, judicializaciones y desplazamientos forzados colectivos e individuales. La negación del conflicto social y armado, los derechos de las víctimas, el fortalecimiento del paramilitarismo, la militarización de los territorios, el tratamiento de guerra, criminalización y estigmatización a la protesta social, en función de la defensa y profundización de su modelo.
* La total responsabilidad de los gobiernos anteriores y actuales a nivel departamental y nacional por los graves e irreparables daños ambientales y sociales con la muerte del río Cauca y la afectación a las comunidades ribereñas con la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Nos sumamos al sentir nacional de defender la vida, el agua, el territorio. Ríos para la vida, no para la muerte.
#UnidadParaLaVida
¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!
Unidad y Lucha.
La Unidad es Parte de Victoria
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