“Que tristeza, tener que salir de nuestras casas, dejar todo atrás, nuestros animalitos, lo poco que tenemos como pobres que con harto sacrificio lo hemos conseguido; ¿Por qué vinieron a Puerto Valdivia a dañar nuestra tranquilidad? ¿La de nosotros y la de nuestras familias?”.
María Rosmira. Del cañón del río Cauca. Desplazada por Hidroituango.
El reclamo de María Rosmira es la manifestación de impotencia y de ira, es la angustia de miles de familias afectadas y desplazadas por la represa de Hidroituango, el megaproyecto que está acabando con el río Cauca, arruinando a más de ochocientos mil ribereños que tradicionalmente cimentaron sus vidas en torno al segundo afluente más importante del país, el río Cauca, o el señor Mono, como le llaman los cañoneros.
El cañón del río Cauca donde se ubica la represa de Hidroituango, ha sido una región de campesinos mineros, comunidades pescadoras, agricultores que, por generaciones, sus vidas y sus dinámicas socio- económicas vienen siendo a partir del río. Familias barequeras que con algún gramo de oro sostienen sus familias, o pescadoras que el día a día dependía de estas aguas. Aquí el empresariado paisa está asociado en Empresas Públicas de Medellín –EPM-. Desconociendo a los campesinos, afros e indígenas, localizó el más ambicioso proyecto hidroeléctrico que en los últimos años se haya implantado en el país, y con este también trajeron la mayor pesadilla que por décadas sufren estas poblaciones.
América del sur por su potencial hídrico, sus numerosos ríos caudalosos que corren por entre montañas, se constituye en un ambicioso nicho para la inversión en mega-proyectos de represas como la del Quimbo o Hidroituango; cientos de presas son financiadas por la banca internacional que en adelante son agentes que presionan y obligan a sus operadores locales a saltarse las leyes y normas del país, a desplazar comunidades y generar daños irreparables en los territorios impactados, con la certeza que la jurisdicción nacional poco o nada podrá enjuiciarles.
El modelo de mega-represas es oprobioso, prueba de esto tenemos la presa de Belo Monte construida sobre el río Xingú en el estado de Pará en Brasil, acusada en el 2015 de etnocidio, por destrozar la cultura y desplazar por lo menos siete comunidades de los pueblos Paracaña, dejar sin sustento a las comunidades Juruna, Arara, Xipaya, Kuruaya, y Kayapó que durante siglos habían vivido a lo largo de la gran curva (Volta Grande) del río Xingú, y dependían de él para su sustento, según el informe del Ministerio Público Federal de Brasil[1].
Otro vergonzoso proyecto es el de Agua Zarca que construyó la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA. Sobre el Río Gualcarque en Honduras, esta represa dejaba sin río a los pueblos originarios Lenca; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se enfrentó a DESA y a su proyecto hidroeléctrico, en esta lucha asesinaron a varios de sus dirigentes, entre ellos la reconocida Lideresa indígena y ganadora del premio Goldman Bertha Cáceres. Las investigaciones indicaron que funcionarios de DESA y agentes del Estado hondureño estarían directamente implicados en los repudiables asesinatos.
En Colombia tenemos, entre otras a Hidroituango, de esta presa empezaron a hablar desde los años 70s; en el año 1979 se conocen los primeros estudios de viabilidad, en décadas siguientes el proyecto toma fuerza, con esto coinciden otros tenebrosos acontecimientos en esta región, masacres como la del Aro que perpetraron paramilitares con complicidad de militares, donde asesinaron a 17 campesinos, quemaron 42 viviendas, se robaron unas 1.000 vacas y desplazaron unas 700 personas. Eran tiempos del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
En el territorio de influencia de la mega-obra, han ocurrido, 11 masacres en Ituango que dejaron 71 personas muertas. Valdivia (11 masacres y 68 víctimas), Yarumal (6 masacres y 38 víctimas), San Andrés de Cuerquia (5 masacres y 32 vítimas), Santa Fe de Antioquia (5 masacres y 23 víctimas), Buriticá (5 masacres y 22 víctimas), Peque (4 masacres y 31 víctimas), Briceño (4 masacres y 19 víctimas), Sabanalarga (4 masacres y 26 víctimas), Toledo (4 masacres y 23 víctimas), Liborina (3 masacres y 19 víctimas), para un total de 372 asesinatos en esta zona[2].
Además, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la zona de influencia de Hidroituango se cree que hay 643 víctimas de desaparición forzada. El Registro Único de víctimas contabiliza 622, mientras que el Registro Nacional de Desaparecidos señala que son 343. Una de las exigencias que las comunidades hacen a EPM y a los gobiernos, es que no inunde la región, hasta tanto no se realice la búsqueda de los desaparecidos.
A pesar que las comunidades se organizaron, estas no fueron tenidas en cuenta por los operadores del proyecto. Los daños ambientales, socioeconómicos y las pérdidas de vidas humanas, son un desastre de incuantificables proporciones, que desde el año 2009, fecha en que EPM consiguió la licencia. La inundación de 22.365 hectáreas de tierras fértiles y con sistemas de bosques biodiversos, la fragmentación del sistema del río y con esto la pérdida de la vida silvestre (24 especies de peces), el desplazamiento de aves y otras especies. La contaminación a las aguas por el represamiento y por la descomposición de árboles, animales muertos y múltiples sedimentos. La represión, el desplazamiento de las comunidades y el despojo de sus parcelas, sus playas, el río que les daba el sustento; allí son cuatro décadas de fuerte presencia militar y paramilitar.
El asesinato de lideresas y líderes, la criminalización de la protesta y el desplazamiento masivo son los mayores daños que sufren las comunidades víctimas de Hidroituango. Las poblaciones que siguen en eminente riesgo por una posible avalancha, son en Antioquia los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia, Nechí, Ituango y Tarazá. En Sucre los municipios de Majagual, Guaranda, San Marcos, Sucre, Caimito y San Benito de Abad. En Córdova, Ayapel y en Bolívar los habitantes de los municipios de Achi, Magangué y San Jacinto del Cauca.
En tanto que para el empresariado paisa, los medios de comunicaciones y al Gobierno Nacional su mayor preocupación ha sido los daños que seguramente sufrieron las turbinas que están ahogadas en la casa de máquinas, las averías que está presentando el muro, el retraso en la programación de la obra y las sanciones por demoras en la generación de energía.
Los mega-proyectos hidroeléctricos, hacen parte del modelo de economía extractiva que trata de abastecer el intenso consumo moderno a costa de los bienes de uso común. Las empresas o los capitales extranjeros con el favor de empresarios nacionales entran a explotar recursos sin asumir mayores costos, estos proyectos no generan posibilidades económicas para la zona, allí lo que más dejan es el desastre ambiental, el socavón, los conflictos y las regiones más empobrecidas. Agua Zarca, Belo Monte, Hidroituango, el Quimbo y cientos de presas que abundan, son kilómetros de muro de la infamia, del desastre ambiental, allí se anclan turbinas generadoras de muerte y pobreza en Nuestra América.
[1] El gobierno de Brasil acusado de etnocidio por la construcción de una presa en el Amazonas. 28 de enero de 2016. https://es.mongabay.com/2016/01/el-gobierno-de-brasil-acusado-de-etnocidio-por-la-construccion-de-una-presa-en-el-amazonas/
[2] 62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla el proyecto Hidroituango. 22 de enero de 2018. http://www.contagioradio.com/62-masacres-los-12-municipios-donde-se-desarrolla-proyecto-hidroituango-articulo-50767/
trochandosinfronteras.info/en-ningun-momento-nos-dijeron-van-a-perder-el-derecho-al-cauca/
