Las comunidades en Boyacá siguen siendo ejemplo de reacción temprana a alertas de explotación de hidrocarburos, pues en muchos municipios con minería a gran escala se ven los efectos en la agricultura, la sociedad, la cultura y el medioambiente
En Boyacá se realizó el pasado 29 de junio la audiencia pública por un proyecto de exploración que compromete 13 municipios de la región Cundiboyacense, días atrás se dio un escenario muy interesante que dio como resultado a esta audiencia.
Por redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos que identificaban una situación de exploración para posible extracción de yacimientos no convencionales (Fracking) en el Lago de Tota, se veía maquinaria entrando, campesinos en los caminos indignados hablando con funcionarios y levantando los cables que ya se habían puesto
para hacer la sísmica. Lo interesante es que el lugar era errado. Efectivamente había una empresa que intentaba entrar a un municipio en Boyacá para hacer sísmica pero no se trataba de Tota o Aquitania sino de Simijaca, un pueblo de la provincia de Ricaurte, más cercano a Cundinamarca y a gran distancia del Lago de Tota.
Esta locura mediática generó una atención especial tanto de las comunidades y municipios proyectados para la exploración y explotación de la empresa multinacional Geofizyka Torún, como de la gobernación de Boyacá que llamó a una audiencia pública con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la empresa multinacional FONADE (que fue quien concedió el contrato de exploración), las administraciones municipales y la comunidad. En esta audiencia se evidenció que la comunidad exige la cancelación inmediata del contrato de exploración, pero el gobernador Carlos Andrés Amaya que se ha manifestado en distintas oportunidades como opositor a las políticas de explotación en el departamento, solo pidió una suspensión del contrato.
Las razones que argumentaba Carlos Amaya radicaban en una falta cometida al conducto regular, en la cual no existía la socialización del proyecto, razón por la que es posible suspender por un tiempo su desarrollo, pero no cancelarlo. Si bien la comunidad aplaudía cada intervención del gobernador, lo que se concluye es que la suspensión se puede dar hasta el fin de periodo de Carlos Amaya en la Gobernación y luego de esto, la empresa comenzará estudios y luego la explotación.
La audiencia se realizó en Chiquinquirá, uno de los municipios con mayores problemas de acceso al agua que tiene el departamento, por eso la comunidad repetía hasta el cansancio, que necesita del gobierno nacional y departamental un proyecto para la optimización de este recurso y no uno que conllevaría una mayor escasez agua que les toca repartir con mesura.
Las intervenciones fueron diversas, pero lo que quedó claro es que las comunidades de los 13 municipios afectados (Simijaca, Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema, Maripí, Buenavista, Pauna, Raquira, Sutamarchan, Sáchica, Cucaita y Samacá) por el proyecto de la multinacional Geofizyka Torún dicen al unísono ¡NO a la explotación petrolera en nuestros municipios! Y en este sentido son claros en afirmar que llevarán su lucha a todas las instancias posibles hasta que se respete su soberanía y uso del suelo.
El modelo mineroenergético en Colombia ha sido una constante preocupación del movimiento social en su conjunto. Desde hace décadas se están denunciando los casos de violación a Derechos Humanos y las consecuencias ambientales, sociales y culturales que deja en los territorios la entrada de multinacionales para la extracción de hidrocarburos, minerales o la implementación de represas hídricas, todas para la generación de energía. Sin embargo, estas alertas no habían tenido tanta acogida como hasta ahora.
La Coyuntura electoral de 2018 puso en la palestra pública lo que con anterioridad se viene denunciando desde las organizaciones sociales; que los abusos que trae el extractivismo son insostenibles para cualquier municipio en el país. La gente por fuera de las organizaciones y los grupos de investigación territorial ha comenzado a reconocer que transformar el modelo energético del país es una cuestión urgente, de no hacerse está en juego el agua y por ende la vida misma.
Pero el debate es mucho más amplio que pregonar “Agua SÍ, petróleo NO”. Claro que el eje ambiental y la conservación de los ecosistemas es una razón de peso para rechazar cualquier estudio de exploración o explotación de minerales e hidrocarburos, pues ya mucho se ha dicho acerca de que fragmentar el suelo para la extracción conlleva la profundización de las aguas subterráneas, la muerte de los nacederos, el vertimiento de materiales pesados en lagunas, ríos y quebradas, la deforestación de los bosques nativos y la desaparición de especies animales.
Pero también es importante precisar que las consecuencias de este modelo son superiores al deterioro ambiental.
La forma como han llegado estas empresas a muchos territorios ha sido con engaños; prometiendo un incremento en los índices de empleo y de calidad de vida o a través del despojo de tierras. No por casualidad los departamentos con mayor presencia paramilitar han sido también donde yacen los más grandes bloques petroleros en la actualidad.
Con la entrada de multinacionales petroleras se han alterado los patrones culturales, ya que gran parte de la mano de obra proviene de otros departamentos. Esto genera brotes de inseguridad, prostitución, abandono escolar, agudiza la pobreza y aumenta las brechas sociales.
Así pues, las comunidades en Boyacá siguen siendo ejemplo de reacción temprana a alertas de explotación de hidrocarburos, pues en muchos municipios con minería a gran escala se ven los efectos en la agricultura, la sociedad, la cultura y el medioambiente. Por eso la audiencia es apenas el primer paso en la lucha contra la multinacional Geofizyka Torún.
trochandosinfronteras.info/en-boyaca-siguen-diciendo-no-a-la-explotacion-de-hidrocarburos/
