La corrupción es hoy en Colombia la principal preocupación de los ciudadanos, pero la investigación sobre los sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht a empresarios y la ultraderecha colombiana no ha arrojado mayores resultados, a consecuencia del contubernio de funcionarios, magistrados y medios hegemónicos, cartelizados para invisibilizar los grandes escándalos.
Pero la muerte de un testigo clave y el envenenamiento de su hijo introdujeron incertidumbre y dramatismo a la mayor trama de corrupción descubierta en América Latina. Lo de mano fuerte contra la corrupción prometida por el presidente Iván Duque, quedó apenas como consigna de campaña y así lo demostró en los últimos días una extensa y documentada acusación del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, quien acusó al fiscal Néstor Humberto Martínez de encubrir un entramado de corrupción.
Hotel de lujo
Iván Duque. Luis Carlos Sarmiento y esposa
También apuntó a la transnacional brasileña Odebrecht, al empresario Luis Carlos Sarmiento y a empresas colombianas como Conalvías, Odinsa y Sálini Impregilo de haber hecho un acuerdo para ganar licitaciones de la Ruta del Sol.
Hoy la realidad muestra la protección de Duque a dos figuras salpicadas por escándalos como Alberto Carrasquilla (exministro de Hacienda y Crédito Público, involucrado en el escándalo de los Papeles de Panamá: se enriqueció con el endeudamiento de más de 100 municipios en la emisión de bonos de acceso al agua) y Alejandro Ordóñez, aún embajador ante la OEA y con causas abiertas por tráfico de influencias y cohecho ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
En sus primeros meses, el gobierno colombiano del ultraconservador Duque vivió el desborde de la corrupción y asesinatos de dirigentes sociales mientras el pueblo vive en la permanente amenaza de dos guerras simultánea: uno interna y otra contra su vecino del norte, Venezuela. Su bombardeo verborrágico contra el gobierno venezolano, el envío de tropas hacia la frontera y el financiamiento a las actividades (políticas y subversivas) de la oposición radical del país vecino, pone en vilo a la paz en la región.
Mientras que el estancamiento en la puesta en marcha de los acuerdos de paz con la guerrilla y el asesinato sistemático de dirigentes sociales, junto a la reaparición del paramilitarismo, hace temer un rebrote armado en el país.
Nada menos que el fiscal general de Colombia (desde 2016), Néstor Humberto Martínez, quedó en el centro de la polémica por una grabación que demostraría que desde 2013 sabía de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagaba al gobierno y no denunció el hecho.
El ingeniero Jorge Pizano -auditor financiero del consorcio que formó Odebrecht junto con Corficolombiana, empresa del hombre más rico de Colombia, el influyente banquero Luis Carlos Sarmiento-, quien padecía un cáncer linfático, falleció por un aparente infarto el 8 de noviembre. Tres días después de su muerte, su hijo Alejandro murió envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre, según la fiscalía.
Los Pizano, envenenados con cianuro
Pizano dejó grabada una entrevista para que fuera publicada en caso de que falleciera u obtuviera protección en otro país. Su explosivo testamento salpica al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y plantea dudas sobre la investigación de la trama. La televisora Noticia Uno reveló una violenta conversación sostenida en 2015 entre el Martínez (entonces abogado de la empresa Aval) y Pizano, que como auditor de Ruta del Sol II (un proyecto de Odebrecht y Repisol, del grupo colombiano Aval, que financió un tramo de 528 kilómetros de una carreta hacia el Caribe a un costo de más de mil millones de dólares) ayudó a la Fiscalía a investigar sobornos.
Lo expresado en la conversación develó que el ahora fiscal estaba enterado de los pagos ilegales desde 2013. Martínez cuestionó al ingeniero Pizano: “Hijo de puta, esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto?”. Pizano admite que él no está seguro si los pagos eran licitaciones, al insinuar que podría tratarse de gastos para grupos paramilitares.
Pizano ya había sido contactado por la fiscalía para que rindiera testimonio sobre el caso Odebrecht, en el juicio contra Luis Fernando Andrade, ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, uno de los acusados. La diligencia se aplazó por el grave accidente que “casualmente” sufrió en octubre pasado la fiscal del caso durante sus vacaciones en Chile. También negociaba con el FBI estadounidense para declarar como “testigo priotegido”.
Él “era la prueba de que los sobornos en Colombia no fueron solo de Odebrecht, sino una telaraña de corrupción que se urdió desde la concesión de la obra (vial) más grande que se ganó Odebrecht en compañía de Luis Carlos Sarmiento”, dijo la periodista María Jimena Duzán, quien se mantuvo en contacto con Pizano hasta horas antes de su deceso.
Los puntos clave de la denuncia de Petro sobre Odebrecht
Aunque el debate de control político por el caso Odebrecht nunca se retomó en el Senado como pedía la oposición, el excandidato presidencial de centroizquierda, Gustavo Petro, retomó sus denuncias de 2010 y si bien acusó al fiscal Martínez de encubrir un entramado de corrupción, de la transnacional brasileña Odebrecht y empresarios y empresas colombianas (Luis Carlos Sarmiento, Conalvías, Odinsa y Sálini Impregilo) de haber hecho un acuerdo para ganar licitaciones de la Ruta del Sol, la carreta hacia el Caribe.
La idea principal de la denuncia de Petro es que en el país existe un cartel de la contratación a nivel nacional que no fue investigado gracias a dilaciones de algunos funcionarios, ya que la investigación de la Fiscalía solo se adelantaba sobre el cartel en Bogotá, pero “dejaba en la impunidad al cartel nacional de contratación entonces asociado al gobierno de Álvaro Uribe”.
Petro intenta probar que hubo corrupción en todos los tramos de la Ruta del Sol, no solo en el segundo, con manejos irregulares “en todas las vías de concesión 4G entregadas a particulares en Colombia”. Señala que en las fases I, II y III de la Ruta del Sol se habrían adjudicado de la forma de un concierto delictivo.
Al decir del senador, “Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, Conalvías, Odinsa y Sálini Impregilo serían las empresas vinculadas a una colusión”, o sea que se habría dado un acuerdo previo entre contratistas y contratantes futuros para ganarse las licitaciones. Según Petro, esta denuncia la hizo infructuosamente el empresario Carlos Totto ante Sabas Petrel de la Vega.
Sabas Petrel, empresario, político, ministro del Interior de Uribe y embajador en Italia y Chipre, fue inhabilitado y destituido por la Procuraduría General de la Nación por el caso de la Yidispolítica y condenado a seis años y ocho meses de cárcel en abril de 2015 por corromper congresistas.
“El italiano Carlos Toto, quien quería participar de la licitación en 2009, fue avisado del entuerto por su propio socio, quien era copartícipe del negociado en Colombia, la sociedad Impregilo, quien es el socio mayoritario del consorcio Yuma de la fase III de la Ruta del Sol”, explicó Petro.
Marcelo Odebrech y Álvaro Uribe
En septiembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos por prácticas anticompetitivas en Ruta del Sol tramo II, tras hallar que durante la indagación preliminar, en el marco del proceso de licitación pública de Ruta del Sol, Episol, Corficolombiana y Odebrecht “intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales competidores, entre los que se encontraban Odinsa, Impregilo y Ohl”.
Según la Supersociedades esta especie de cartel se quería conformar o bien para hacer un gran proponente que después hiciera las reglas de juego en la que salieran ganando, o para repartirse entre los proponentes los diversos sectores del Proyecto Ruta del Sol. Sabas después admitió la existencia de la denuncia de los italianos en declaración al entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien también la engavetó. El columnista de Semana, Daniel Coronell denunció en marzo de 2017 que Ordóñez se encargó de engavetar el proceso que cursaba en el Ministerio Público.
“El candidato presidencial Alejandro Ordóñez no puede lavarse las manos en el caso Odebrecht. La Procuraduría, que él dirigió, dejó prescribir la investigación por los sobornos a funcionarios en la licitación de la Ruta del Sol y la autopista Bogotá-Girardot. El expediente terminó archivado por una sola razón: el entonces procurador Ordóñez le ordenó expresamente a la funcionaria a cargo de la investigación que se concentrara en otros procesos”, aseguró Coronell.
Según Petro, para ganar las licitaciones de la Ruta del Sol “no solo Odebrecht” habría otorgado al gobierno de Álvaro Uribe sobornos que habrían ascendido a los 6,5 millones de dólares, “sino que el acuerdo corrupto habría englobado a las tres fases de la Ruta del Sol, con los Solarte de Odinsa y los italianos de Impregilo, Andrés Jaramillo de Conalvías, Luis Carlos Sarmiento y José Elías Melo del grupo Aval. Los sobornos son por tanto muy superiores”, explicó Petro.
Actualmente, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales está condenado a 62 meses de prisión por su responsabilidad en los sobornos.
En cuanto a la gestión de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Petro cuestionó que Andrés Jaramillo – expresidente de Conalvías Odebrecht: Gustavo Petro dice que hubo cartel de contratación en Ruta del Solseñalado de participar en el carrusel de contratos de Bogotá- fuera dejado en libertad “a pesar de haber sido sindicado por nueve delitos entre ellos lavado de activos y ser el gran desfalcador de la Avenida 26 de Bogotá”.
También cuestionó que José Elías Melo – presidente de Corficolombiana- esté en libertad “sin oposición de la Fiscalía” y que ahora también quieren dejar en libertad a Paola Solarte, a quien le fueron imputados los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
“Néstor Humberto Martínez está bajo chantaje. Si encarcela a los corruptos en las fases I y III de la Ruta del Sol, los señores Solarte (Carlos Solarte y su hija Paola), el señor Andrés Jaramillo, los ejecutivos de Impregilo, estos terminarían denunciando a Luis Carlos Sarmiento, su jefe. Es por esto que los están poniéndolos en libertad”, explicó Petro.
Petro también les pidió explicaciones a los fiscales Juan Vicente Valbuena y Jaime Cetién, a quienes acusa ser el palo en la rueda para que se hubiera pasado a investigar un cartel de la contratación a nivel nacional. “Jaime Cetién debería explicar por qué a Jorge Enrique Pizano le pedían condena por 21 años de prisión y en cambio el gran desfalcador de la avenida 26 Andrés Jaramillo fue puesto en libertad.
La corrupción se ha asimilado en la cotidianidad de Colombia como algo natural y que al no ser castigada no se crea la obligatoriedad de cambiarlo. Según Transparencia por Colombia, el país se ubica en el indecoroso puesto 90 de 180 países analizados. Un estudio de Dejusticia y Fedesarrollo encontró que existen cuatro factores que la facilitan: debilidad interinstitucional del Estado; clientelismo; narcotráfico como promotor de una economía ilegal y la cultura del incumplimiento de las reglas.
El analista Víctor de Currea ha dicho que “algunos de estos corruptos y algunas de las organizaciones donde más corruptos hay, son precisamente los que eligieron al presidente Iván Duque”. Colombia no aguanta más corrupción, dijo el presidente, pero todo demuestra que no hace nada para castigar a un poder fáctico corrupto, que incluso hizo grandes fortunas con la guerra interna que hoy intentan perpetuar.
* Camilo Rengifo Marín. Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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