Aunque la Paz Total continua, la decisión de la Corte Constitucional deja una sensación agridulce para el gobierno. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de este fallo?
Andrés Macías Tolosa*
El fallo
La Ley 2272 de 2022, conocida como ley de Paz Total, otorgó facultades al presidente para adelantar acercamientos con organizaciones delincuenciales con el fin de iniciar diálogos de paz o procesos de sometimiento a la justicia. Pero la ley fue objeto de denuncia por posibles vicios de constitucionalidad, lo que echó un manto de duda sobre la esencia de la política de paz del gobierno nacional.
La Corte Constitucional decretó la exequibilidad de la ley, e indicó que el proceso de aprobación en el legislativo cumplió todos los requisitos necesarios. Pero la Corte precisó que no era facultad del gobierno nacional definir los términos generales del sometimiento a la justicia de las “Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto” porque esta tarea le corresponde al Congreso de la República.
De igual manera, la Corte indicó que la suspensión de órdenes de captura, la ubicación temporal de los grupos armados y el cumplimiento de las garantías de seguridad deberían satisfacer una serie de condiciones, condiciones que no dependen exclusivamente del querer del gobierno.
Adicionalmente, la Corte concluyó que las personas que se encuentren privadas de la libertad no podrían figurar como gestores de paz, en el entendido que dicha situación podría desconocer procesos legales y judiciales y vulnerar los derechos de las víctimas.
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Un golpe duro
Si bien la Corte no le dio por completo la razón al gobierno nacional quien pretendía que la ley se mantuviera como fue aprobada, ni a los demandantes que buscaban la inexequilidad de la norma, tampoco se puede decir que alguno de los bandos haya salido derrotado.
a partir de ahora y en el mejor de los casos, el poder de negociación ha quedado notoriamente debilitado, y las decisiones del Estado colombiano ya no quedan reducida al gobierno nacional.
La ley se mantuvo con vida y el presidente Petro puede seguir gestionando acercamientos con organizaciones armadas ilegales, pero la discrecionalidad del ejecutivo no es total y el margen de maniobra es menor que el que pretendía el texto inicial de la ley.
De hecho, tanto la rama legislativa como la judicial tienen unas facultades que no se pueden desconocer e imponen cierto control sobre el gobierno.
Tal vez el golpe más inmediato para el gobierno nacional se refiere a la designación de algunos voceros de paz que estaban privados de la libertad, entre quienes se encuentran algunos considerados miembros de la Primera Línea. Fue un duro golpe por tener que reversar la decisión y además porque ese hecho fue objeto de una álgida discusión con el fiscal General, y ahora la Corte le dio la razón al fiscal.
Además, la situación le abrió una gran oportunidad mediática para que el fiscal nuevamente criticara la política de paz del gobierno y anunciara la reactivación de las órdenes de captura contra aquellos individuos que volvieron a la libertad por la designación presidencial.
Cambio en las negociaciones
Ahora bien, la decisión de la Corte Constitucional plantea un problema para la posición del gobierno en los procesos de negociación en curso con organizaciones armadas ilegales como el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), entre otros.
Cuando el gobierno inició esos acercamientos tenía una hoja de ruta clara, determinada por el alto grado de discrecionalidad que le dio la ley de Paz Total; esto ampliaba su poder de negociación ante las contrapartes. Pero a partir de ahora y en el mejor de los casos, el poder de negociación ha quedado notoriamente debilitado, y las decisiones del Estado colombiano ya no quedan reducida al gobierno nacional.
Esa limitación, sin embrago, es pertinente y es necesaria. Que el presidente de la República tenga toda la autonomía para adelantar acercamientos con grupos armados ilegales durante su administración es razonable. Algunos pueden elegir una presión militar para abrir las puertas a una negociación, otros pueden presionar las finanzas criminales para incentivar los diálogos, y otros pueden elegir desde un comienzo el inicio de la negociación como una muestra de buena voluntad.
Pero una vez iniciado el proceso de negociación, los términos legales y judiciales que se plasman sobre la mesa, tienen que involucrar las apreciaciones y disposiciones de las ramas correspondientes, ya que lo que surja de cada proceso no se constituirá en un acuerdo de gobierno sino en un acuerdo de Estado.
Efecto dominó
Habrá que esperar la reacción del ELN y el EMC. Le decisión de la Corte Constitucional le impone al gobierno nacional una limitación sobre el alcance que puede llegar a tener la negociación, y es factible que eso incida sobre el funcionamiento y la velocidad de los procesos.
Es posible que el fallo de la Corte sea asumido como un camino más claro y concreto, pero también puede generar sensaciones de resistencia y desconfianza por los cambios en las condiciones originales bajo las cuales se dieron los acercamientos iniciales.
Además, otro punto sobre el que aún ronda la incertidumbre y se constituye en un gran foco de tensión, es la decisión sobre la viabilidad, o no, de que aquellos que han firmado acuerdos anteriores con el gobierno nacional puedan firmar nuevos acuerdos con el gobierno actual a pesar de haber incumplido acuerdos previos.
Por último, otro efecto contundente de la decisión de la Corte sobre la política de ‘Paz Total’ gira en torno al nuevo obstáculo que se le impuso a los acercamientos del gobierno nacional con estructuras criminales ilegales, con miras a su posible sometimiento a la justicia.
Es posible que el fallo de la Corte sea asumido como un camino más claro y concreto, pero también puede generar sensaciones de resistencia y desconfianza por los cambios en las condiciones originales bajo las cuales se dieron los acercamientos iniciales.
Sin importar si los acercamientos ya iban en un alto nivel de avance, si estaban comenzando o si se encontraban hasta ahora en una fase de planeación, los procesos se van a ver obligados a entrar en una fase de congelamiento o estancamiento hasta que no se defina en el Congreso de la República el futuro de una ley que determine las condiciones de un posible sometimiento.
En la legislatura anterior ya se había presentado un proyecto de ley en ese sentido, pero no prosperó.
Habrá que ver hasta dónde le alcanzará al gobierno nacional su capital político para tramitar todas las reformas que se encuentran en curso, incluyendo una ley sobre sometimiento a la justicia. Sin ella la política de ‘Paz Total’ también se verá paralizada.
